Primero presencié una soflama del señor Gabilondo desde la pantalla de La Cuatro sobre el escándalo de la 270.000 sentencias penales pendientes de ejecución. Venía el presentador indignado de la desidia, la incuria, el abandono, la falta de responsabilidad de un montón de gente culpable, parece, del desastre. Aquí abajo está, verdadero Bautista predicando en el desierto
En verdad es bueno que haya periodistas tan osados, íntegros y competentes como éste pero conviene también que se vean las cosas con perspectiva. El País de hoy trae un editorial algo más sosegado sobre el asunto, titulado ¿Cómo se ha llegado a esto? aunque no sea menos apocalíptico que el presentador cuando dice que esas 270.000 sentencias sin ejecutar son incompatibles con el Estado de derecho. Un poco de distanciamiento nunca viene mal. ¿No es este el país de "vuelva Vd. mañana"? ¿Por qué no va Vd. a esperar cinco años si Larra lleva esperando casi doscientos? No sea impaciente hombre. Siempre que se advierte esto sale alguien pidiendo que no se trivialice el problema. ¿Señalar que éste tiene cuando menos doscientos años es trivializar? En absoluto: es profundizar, poner en perspectiva.
Al día siguiente me entero por la radio en el coche de que el Consejo General de la Abogacía, por boca de su presidente señor Carlos Carnicer asegura que en los juzgados de lo civil, social y administrativo hay un atasco de otro millón de causas pendientes de ejecución. Ahí esperaba yo ver al señor Gabilondo salirse literalmente de la pantalla como si fuera un Woody Allen furioso arreando estopa a todo quisque. Sin embargo pegó la hebra con otro asunto, perdiendo la ocasión de poner la cosa en la perspectiva reciamente española, larriana, del fenómeno.
Que haya 270.000 sentencias penales pendientes de ejecución es alarmante desde luego y deja en lugar lamentable el índice de seguridad en España; pero que haya un millón de ejecutorias pendientes en lo civil, social, etc es de no menor gravedad. Afecta de lleno a la marcha de la economía en primerísimo lugar añadiendo costes a lo largo de todo el proceso productivo. Porque cuando se dice que la "justicia lenta no es justicia" se está diciendo que es injusticia pues entre la justicia y la injusticia no hay términos medios salvo que seamos idiotas.
Ayuda mucho a percibir la injusticia de la situación y su rancia condición española el modo en que se manifiestan las personas y estamentos implicados en este curioso fenómeno. Por ejemplo creo haber leído en algún sitio, pero he preferido no comprobarlo y aspiro a haberme equivocado y no haber leído lo que creo haber leído, creo haber leído digo que alguien en algún sitio ha dicho que "no hay 270.000 sentencias pendientes de ejecución" sino "270.000 sentencias en fases distintas de ejecución" que es algo así como decir que el hambriento no es tal sino que es un des-ahíto.
Entre los remedios que se proponen para tratar de resolver este problema de proporciones ciclópeas hay uno que propugna abrir investigaciones a los juzgados que no cumplen la productividad mínima. Primera sorpresa: ¿eso no se hacía de oficio en cuanto se producía? Y lo bueno es cómo sale a la luz del día ese incumplimiento: a través de las declaraciones de un magistrado precisamente al frente de un juzgado de ejecución de Madrid, don Eduardo López Palop, quien dice que el retraso lo sitúa "encima de un polvorín". Pero héteme aquí que el señor Palop sólo ha cumplido el 82 % del volumen de trabajo mínimo que tenía asignado y eso a pesar de contar con un refuerzo que se le había concedido precisamente para que cumpliera. Suena raro que el incumplidor se queje del perjuicio que puede causarle su incumplimiento. Pero vayamos a ello: el país es así. Somos así.
No seré yo el que atribuya los males de la Patria a la desidia e incuria de sus hijos, jueces, profesores de Universidad o taxistas, aunque el hecho de que sean aquellos ancestrales algo hace sospechar ya. Pero hay que mantener erguida la fe en que, identificando las causas de tales males, podremos ponerles remedio. La verdad es que son clarísimos, que no hay que ponerse a buscar e indagar como si de un arcano se tratara. Es clamorosa la falta de medios y personal en la administración de justicia. No menos clamorosa la falta de vigilancia. El órgano encargado de ésta, el Consejo General del Poder Judicial, (cuyas competencias no afectan a todos los aspectos de la administración de justicia pero si a uno de los esenciales, que es la disciplina) tampoco cumple porque lleva dos años en una especie de limbo ridículo ya que el PP tiene paralizada su renovación pues ésta tendría que reflejar la situación parlamentaria en la que éste está en minoría desde marzo de 2004.
Y también es muy importante la falta de motivación. Hay aquí un aspecto que apunto como una hipótesis ya que no tengo datos sino sólo intuiciones. Veamos: supongo que la administración de justicia está totalmente informatizada. Pero parece que los servidores, las plataformas, los sistemas informáticos están a escala de Comunidad Autónoma y no hay una macrobase de datos nacional/estatal. Eso ya es grave aunque fácil de resolver Pero creo que hay otro dato más grave. Supongo que el personal de los escalones administrativos inferiores de la administración de justicia es competente en el manejo de las herramientas informáticas. Pero ese grado de competencia ¿se mantiene en las instancias superiores hasta llegar a la más alta? ¿Son competentes en el manejo de la informática los magistrados, los fiscales, los jueces de instrucción? Porque es claro que el atasco es un cuello de botella que se va estrechando según el expediente avanza en el procedimiento. Ese problema sólo se resolvera si la competencia informática de los tramos posteriores es superior a la de los tramos inferiores.
Por último y al margen, si van a abrir una revisión de la Constitución ¿no estaría bien plantearse una cláusula de salvaguardia que dijera que no se tramitará ley alguna que no vaya acompañada de una memoria económica realista hecha por auditores exteriores especialistas en el campo que la ley vaya a regular?
Más al margen aun: sigo proponiendo que la reforma del Senado se limite a abolirlo. Si alguien dice que se trata de que se convierta en una verdadera cámara de representación de intereses territoriales, que recuerde que estos ya están representados en el Congreso de los Diputados. Si no se quiere eliminar, la única reforma que me parece razonable (a los efectos de que los nacionalistas se la tomen en serio) es convertirla en una forma del Bundesrat alemán, cámara no electiva, no legislativa, de representación de intereses territoriales con derecho de veto para normas que afecten a las competencias de los entes representados.
(La imagen es una reproducción de Rouault llamada "Jueces, payasos y putas", que saco del blog amp power).
