Hace más de dos años que venía diciéndose: hay una burbuja inmobiliaria que puede pinchar en cualquier momento. Pero nadie hizo nada; unos, la mayoría, porque no podían, al estar atrapados en hipotecas interminables de interés creciente y otros, la minoría, porque no querían, interesados como estaban en seguir subiendo los precios de forma abusiva, aprovechando las deficientes condiciones del mercado y obteniendo suculentos beneficios.
Por fin, en mitad de una coyuntura internacional ominosa, en plena crisis de las hipotecas subprime y con una recesión amenazante, la burbuja ha pinchado. Todos los indicadores cantan la misma canción. Hace unos días, la SER hablaba de que el precio de la vivienda caerá un 8% en 2008. Y eso es muy poco. Tampoco hace mucho que el Fondo Monetario Internacional sostenía que la vivienda en España está sobrevalorada en un 20%, lo que también me parece una cantidad muy timorata. En mi opinión, por lo que luego expondré, está sobrevalorada entre un 20 y un 40%. En todo caso, no ha hecho más que empezar la crisis inmobiliaria y el precio de la vivienda de segunda mano ya ha bajado en lo que llevamos de año entre un 15 y un 20%, lo cual es lógico si se piensa que la venta ha caído un 60% desde septiembre de 2007. Al fin y al cabo, si la demanda cae, la oferta tiene que ajustarse en un mercado libre; ¿o no?
A eso vamos de inmediato porque, como suele suceder cuando peligran los intereses de las grandes empresas, esas que pagan a tertulianos y columnistas para que ensalcen la ley de la oferta y la demanda en tiempos de prosperidad, ya hay un clamor para que el Estado (o sea, los contribuyentes) intervenga para “salvar al sector”. La técnica es conocida: las grandes empresas privatizan los beneficios y socializan las pérdidas. Ahora piden esta antaño denostada intervención pública a base de beneficios fiscales y todo tipo de incentivos y chantajean amenazando con el vertiginoso aumento del paro. Hay ya quien vaticina 750.000 parados más y esto sin contar con las agorerías del señor Solbes quien, a su vez, avisa de que la morosidad (se entiende, la de las familias hipotecadas hasta las cejas) puede aumentar de forma brusca.
Hace hoy un mes, en un post titulado La política del ladrillo Palinuro ya advertía de que los dos sectores más castigados con la crisis inmobiliaria serán las familias hipotecadas y los trabajadores de la construcción y sectores aledaños. Las primeras porque, en un panorama de alta tasa de inflación (4%), subidas constantes de precios, con el euribor en el 4,93% se van a ver y desear para pagar una hipoteca por una casa que, para mayor desgracia, pierde valor de día en día. 
Los segundos, innecesario decirlo, porque, al contraerse la demanda en un mercado laboral tan desregulado como el nuestro se irán a la calle. En ese mismo post Palinuro apoyaba que el Gobierno tomara todas las medidas y adoptara todas las políticas que beneficiaran a esos dos sectores castigados por la crisis inmobiliaria, cosa a la que está obligado por ser un Gobierno de izquierda y aunque esa misma crisis haya devorado ya la mitad del superávit con que los señores Solbes y Rodríguez Zapatero contaban para financiar sus políticas sociales.
La intervención pública a favor de los sectores perjudicados por las actividades claramente especulativas de la burbuja inmobiliaria no implica que la autoridad haya de atender también a las demandas de los promotores, las grandes empresas, las inmobiliarias/tiburón, que llevan años enriqueciéndose a costa de la gente sencilla, haciendo imposible que los jóvenes accedan a una vivienda digna y amargando la existencia de cientos de miles de familias sin escrúpulo alguno. Porque la cuestión es: ¿por qué no bajan los precios? ¿No quedamos en que eso es lo que tiene que suceder según la supracitada ley de la oferta y la demanda? Pues simplemente, porque confían en asustar al Gobierno con el aumento del paro y el frenazo en los ingresos públicos para forzarlo a actuar en su provecho. Un provecho de aprovechateguis. Porque si esto no fuera así, si los promotores y empresarios inmobiliarios no trabajaran con márgenes de beneficios escandalosos, superiores al 50%, ¿de qué iban 100 de estos empresarios catalanes a ofertar 2000 viviendas con un descuento del 40%? A precio de coste dicen que venden; pero eso no se lo creen ni ellos. Si se pueden vender 2.000 viviendas con un 40% de descuento, se pueden vender 200.000 o dos millones. Bastaría con no ser tan codiciosos, tan explotadores y trabajar con márgenes de beneficios más justos.
Es magnífico: como hay crisis económica a la vista, ya están los ministros del ramo, los economistas y los opinión makers a sueldo del capital pidiendo que se congelen los salarios. ¿Cuándo pedirá alguien que se congelen, incluso que desciendan, los beneficios?
(La primera imagen es una foto de Torchondo, la segunda de Jofre Ferrer, ambas bajo licencia de Creative Commons).
