Felicísimo el final del llamado "caso del hospital Severo Ochoa" o "caso Leganés", el de las supuestas "malas prácticas" o incluso homicidios en las sedaciones de casos terminales a cargo del Dr. Montes que queda exonerado tras la última y definitiva decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. Estamos todos de enhorabuena: el citado Dr. Montes y todos sus colaboradores, los pacientes del hospital y los ciudadanos indignados de ver cómo desde el Gobierno de la CA de Madrid se atacaba a un servicio público, se difamaba a sus profesionales, se sembraba la duda y la zozobra entre los pacientes con la muy evidente finalidad de torpedear la prestación sanitaria pública y justificar así la voracidad privatizadora de esta derecha que trata de quedarse con el país a precio de saldo.
Dice el señor Montes -y tiene mi aplauso- que no piensa otorgar perdón alguno y que tratará de sentar al señor Lamela (el consejero de Sanidad de la CA que comenzó la agresión contra el hospital público y acusó falsamente al doctor Montes) en el banquillo de los acusados. Deseo fervientemente que lo haga. Dice asimismo el ministro de Sanidad, señor Soria, y lo dicen muchas otras personas, que la señora Aguirre y el Gobierno que preside deben pedir perdón públicamente a los profesionales a los que en su día insultaron y calumniaron. También aplaudo fervorosamente pero soy muy escéptico respecto al resultado de esta intención. No está en el carácter retrógrado, agresivo y manipulador de la señora Aguirre pedir perdón por algo. Al contrario, que se prepare el doctor Montes para las seguras represalias que le lloverán a partir de ahora.
El ataque a la sanidad pública orquestado por la CA de Madrid en 2005 no era un hecho fortuito ni aislado, sino que responde a una política deliberada de hostigamiento, abandono, deterioro y desmantelamiento de los servicios públicos a favor del sector privado.
Lo mismo, exactamente lo mismo acaba de perpetrar la CA en contra de las clínicas que practican abortos legales en Madrid: persecución y amedrentamiento de las usuarias las cuales no sólo no parece puedan contar con el preceptivo amparo judicial sino que se encuentran que los jueces son los primeros en perseguirlas, de acuerdo con los deseos de los políticos carcundias.
Es el estilo propio de gobierno de la señora Aguirre, el que podemos llamar de la torpedera, que consiste en tirar en contra del sector público siempre que se pueda con el fin de destruirlo, descapitalizarlo y entregárselo luego a empresas privadas en claro detrimento de los intereses públicos. Que consiste asimismo en torpedear sistemáticamente toda iniciativa del Gobierno socialista: lo ha hecho con la ley contra el tabaquismo, resultando así que Madrid es la CA en la que se permite fumar en muchísimos bares o establecimientos cerrados; lo ha hecho con la Ley Orgánica de la Enseñanza, a la que la presidente Aguirre no prestó atención alguna, hasta que vió que se podía empler como arma para hostigar al Gobierno nacional; y lo ha hecho también con la asignatura de Educación para la ciudadania que este año no podrá cursarse en Madrid.
La señora Aguirre entiende que su función al frente de la Comunidad de Madrid es cortocircuitar todas leyes del Parlamento que no le gusten o con las que no esté de acuerdo. Es una actitud de rebeldía y boicoteo permanente que lesiona los intereses de los ciudadanos madrileños que son madrileños, sí, pero también españoles y tienen derecho a que se les aplique el mismo régimen legal que a sus compatriotas y no el peculiar que le pete a la señora Aguirre, en función de sus convicciones o manías personales.
Se trata de un estilo de hacer política que ya quedó retratado en la forma vergonzosa en que la señora Aguirre se calzó la presidencia de la Comunidad Autónoma a raíz de las elecciones de 2003, aprovechándose de dos tránsfugas inmorales que fueron en contra de su propio partido en medio de sospechas de compra del voto y soborno. Y todo en la actitud de la señora es de este jaez: maniobras, boicoteo, artimañas (la última la ha padecido su compañero de partido, señor Ruiz Gallardón), acusaciones infundadas, manipulación de los hechos, recurso a la vía judicial siempre que se pueda para enredar al adversario político; una táctica que la señora ha copiado de su mentor, el señor Aznar.
El procedimiento es siempre igual: se formula una denuncia -tenga o no fundamento, eso es igual- contra un adversario político y se le embarranca en los tribunales. En los meses -normalmente, años- en que el contencioso se substancia, los medios afines al denunciante, singularmente la COPE y El Mundo largan un alud de insultos, descalificaciones, injurias. Cuando, por fin, se pronuncia la justicia -como en este caso del doctor Montes- los perseguidos quedan moralmente restablecidos pero el daño político ya se habrá producido, así como el beneficio económico para el denunciante, sus allegados y sus dos o tres corifeos en los medios, mientras que los responsables se llaman andana, como acaba de suceder en el caso del doctor Montes. El señor Güelmes por el señor Lamela o el señor Privatín por el señor Privatón, nadie tiene que pedir perdón porque la denuncia fue institucional y las instituciones sirven para esconder la mano que tiró la piedra.
A la vista de la decisión del tribunal, la señora Aguirre ha dicho que ella "no tiene nada personal" contra el doctor Montes y que se hará lo que se tenga que hacer. A duras penas oculta su ira la señora. Ya la excusa mueve a risa: claro que no hay nada personal; si en lugar del doctor Montes fuera el doctor Valles, su Gobierno hubiera hecho lo mismo, esto es, acusar falsamente y organizar un pifostrio para arruinar el prestigio de la sanidad pública. Claro que no hay nada personal, por supuesto; lo que hay es político.
En algunos países civilizados del mundo, por ejemplo los EEUU, existe una institución que se llama revocación, esto es, la posibilidad que conserva el electorado de destituir a un cargo electo en mitad de su mandato cuando haya realizado actos contrarios a los intereses de quienes lo eligieron. En mi opinión es claramente el caso de la señora Aguirre quien utiliza el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid para ir contra el Gobierno de España, en función de los intereses de su partido; y quien también va contra los intereses de su partido en función de los de ella misma, la "lideresa", la única. Lo que no sea allanar su camino hacia La Moncloa es confusión y socialismo.
La gente pide la dimisión de esta señora, pero es poco probable que una persona capaz de llegar a donde ésta ha llegado y con la falta de escrúpulos que muestra y su escasa sensibilidad sienta el impulso moral de dimitir de algo.
No, la señora Aguirre debiera ser revocada por la ciudadanía por entender el gobierno de la Comunidad como un negociado de intereses.
(La primera imagen es de Olmo González con Licencia Flickr.
La otra es de fenriquedice, también con licencia Flickr.
