El Tribunal Constitucional y la política.

No le salen bien las cosas al PP en los tribunales, en donde carga una parte importante de su acción cuando está en la oposición, ya sea movilizando a la justicia ordinaria mediante continuas denuncias o tocando la jurisdicción constitucional, tratando de condicionar la composición del Tribunal Constitucional, como condiciona de forma muy indebida la composición del Consejo General del Poder Judicial.

Hace poco, una instancia superior a la que habían recurrido los condenados, desbarató la sentencia de la inferior que condenaba a unos policías por "detención ilegal" en un caso en que el partido popular estaba muy interesado por cuanto los perjudicados, las víctimas, habían sido dos militantes suyos. Recientemente, el Tribunal presidido por el juez Gómez Bermúdez ha dictado sentencia en el caso del 11-m desbaratando la teoría de la conspiración, en la que el PP tenía puestas sus esperanzas.

Permítaseme un inciso sobre el episodio de la señora del juez que publica un libro sobre el proceso que su marido ha presidido. Realmente el asunto es de opereta. ¡Tal es la vanidad de la gente! Porque ahora resulta que, cuando el señor juez juzgaba ya sabía que su juicio estaba siendo objeto de una crónica especial, la que estaba redactando su señora. Y la información de la señora era información privilegiadísima.

Eso de que el juez vaya por ahí pidiendo perdón da la medida de hasta dónde ha metido la pata su señoría. Como se descuide, hasta el código penal. ¡Un juez pidiendo perdón! Es fuerte. Sobre todo recordando que, como juez, sabe que aquí no hay perdón, sino justicia,

Ahora el pleno del Tribunal Constitucional no admite a trámite la recusación de tres magistrados progres presentada por el PP, según parece, por venir fundamentada en una noticia falsa del diario El Mundo. Por cierto, vaya galardón, aparecer en los tribunales como falsario... y es un periódico. Está claro que, con esta decisión y la que habrá de tomarse en la de la recusación de los dos magistrados retros presentada por el Gobierno se dilucidará la composición política del Tribunal. Si, como parece probable, el Tribunal acepta la recusación, ello habrá dado vía libre a algunas leyes esenciales en esta legislatura, como la del Estatuto de Cataluña y la de los matrimonios gays entre otras.

La primera acusación que va a lloverle al TC es la de la politización. El TC carece de prestigio y hasta de legitimidad porque está politizado. Lo dirán quienes querían politizarlo... en otro sentido. Tampoco es para ponerse nervioso; no pasa nada. El TC está politizado, sí señor, porque tiene que estarlo, porque es un órgano político revestido de tribunal.

En realidad, podría no haber TC y tampoco pasaría nada. Algunos de los países más democráticos del planeta carecen de TC, como los países escandinavos u Holanda, entre otros. Donde hay tribunales constitucionales, toman las más diferentes formas, desde el Conseil Constitutionnel francés al TC federal alemán. Y en algunos sitios la jurisdicción constitucional recae sobre los tribunales ordinarios, como en los EEUU, donde el Tribunal Supremo tiene jurisdicción constitucional.

Pero, sea como sea, la jurisdicción constitucional está politizada porque tiene que estarlo, porque es política en el más estricto sentido del término. Hasta donde el Tribunal Supremo es constitucional está éste politizado. Nada hay más político que el Tribunal Supremo de los EEUU, magistrados vitalicios nombrados por el presidente de la República con el asentimiento del Senado. Los presidentes republicanos nombran magistrados conservadores y los demócratas magistrados progresistas (liberals, dicen ellos) y todo el mundo echa cuentas de cómo va la alineación para saber si se mantiene la jurisprudencia favorable al aborto (Roe v. Wade) o no.

La cuestión no es si el TC español es un órgano político o no porque todos lo son. La cuestión es si quienes a él recurren lo hacen con el espíritu deportivo, el fair play que hay que presumir siempre a un caballero, cuya primera norma es que uno da por buenas las reglas del juego en el que participa si no las ha impugnado antes pudiendo hacerlo. Si se recurre al TC es para aceptar y acatar su decisión y no hacerlo solamente si esta me beneficia al tiempo que cuestiono su legitimidad si me perjudica. Si el TC acepta a trámite la recusación planteada por el PP, el TC es un órgano ejemplar, si no lo hace el TC es un nido de chequistas. Si el PP razona así, el que está politizado al extremo de no saber lo que dice es el PP.

Porque lo bueno de la jurisdicción constitucional allí en donde existe, como en España, es que se trata de un nivel del Estado de carácter mixto, donde confluye lo político con lo jurídico (en lo jurisdiccional), el pivote mismo del Estado de derecho, consistente en tratar de resolver las cuestiones políticas con los criterios más jurídicos posibles. No es cuestión de preguntarse cómo se las arreglan quienes no tienen esa jurisdicción, aunque parece que muy bien, sino de averiguar si quienes la tienen saben hacer un uso prudente de ella o tratan de instrumentalizarla como si fuera un trabuco.

El TC de mayoría progre que quedará después de este encontronazo tomará sus decisiones con igual competencia y legitimidad que lo ha hecho siempre antes y seguirá haciéndolo cuando vuelva a darse una mayoría retro del alto tribunal.

Cosa que no parece muy próxima viendo cómo enfoca el PP las elecciones.