El vigente código penal iraní castiga el adulterio con la pena de muerte por lapidación. Ayer quedamos en hablar de ello, para preguntarnos qué clase de jueces, de ordenamiento jurídico, de cultura y de religión son esos que arbitran algo tan salvaje, cruel e inhumano. Está bastante claro: son bárbaros. En este territorio cabe poco debate acerca del llamado "multiculturalismo" que relativiza las diferencias entre culturas y afirma que todas son respetables, cada una con sus peculiaridades. 
Eso no es verdad. Ejecutar a una persona (por lapidación o de cualquier otra forma) a causa de un adulterio no es respetable sino claramente condenable y debiera ser punible.
No es que los europeos, especialmente los españoles, podamos hablar mucho. En España el adulterio se despenalizó por ley de 26 de mayo de 1978, al suprimir el artículo 449 del código penal que, además, como suele pasar en estos casos, discriminaba en contra de las mujeres adúlteras, más castigadas que sus cómplices. El país, hijo predilecto de la Iglesia católica tardó casi 20 siglos en seguir las enseñanzas del Evangelio que dice profesar, en concreto la de la mujer adúltera (Juan, 8, 1-11): el que esté libre de pecado, etc. En fin hasta en España se admite ya que el adulterio es cosa del ámbito privado de las personas y que éstas se las arreglen entre sí, como hacen los dos amantes del cuadro de Hippolyte Lazerges Le gage d'amour.
Convencer de esto a los teócratas, a los jueces, al reaccionario estamento masculino que gobierna la república islámica es imposible y no merece la pena. No hay que convencer a un asesino de la inconveniencia de su propósito; hay que impedirle llevarlo a la práctica. Eso con un país entero es más difícil. En todo caso, debiera alzarse un clamor mundial y la famosa "comunidad internacional", que se esgrime siempre que se pretende hacer alguna barbaridad, debiera amenazar al Irán con todo tipo de medidas diplomáticas.
El país es una teocracia oscurantista y reaccionaria, probablemente inmune a este tipo de presiones, que está empeñada en mantener a la población bajo un régimen de censura. 
El gobierno acaba de prohibir la banda ancha y obliga a los proveedores de servicios a reducir la velocidad a unos 128 Kb por segundo con el fin de que la gente no pueda descargar videos o música, generalmente representativos de la decadencia occidental. Irán es ya el país que filtra más sitios web del mundo,con excepción de la China. No se me ocurre muestra más acabada de reaccionarismo y tiranía que andar censurando en la red.
Con todo esto, no se está defendiendo aquí ataque alguno al Irán como los que parece que están preparando los EEUU, cuya creciente belicosidad es preocupante.
Es inútil no admitir que tenemos un problema de convivencia cultural con los islamistas. Tómese el asunto del velo que oculta los rostros de las mujeres a los ojos de los hombres que no sean de su familia, como esa mujer uzbieca, pintada por Vereschagin a fines del siglo XIX. Los europeos están manifestándose, generalmente en contra. Después de Francia, tanto el Reino Unido como Italia parecen ir camino de la prohibición. El señor Blair respalda el despido de una maestra que llevaba velo total y el señor Prodi, más conciliador, dice que las mujeres pueden llevar velo sobre la cabeza, pero no ocultar el rostro. Me parece obvio. Para hacer realidad el principio de igualdad ante la ley es necesario que las mujeres salgan del anonimato, que dejen de ser no-personas, para lo cual lo primero es que descubran el rostro. Es un asunto peliagudo sobre el que también tendrán que pronunciarse los españoles en algún momento. Que lo harán, además, teniendo en cuenta la experiencia del Motín de Esquilache en tiempos de Carlos III, cuyo motivo aparente fue el intento de la autoridad de que los madrileños no anduvieran embozados y con chambergo ni pudieran ocultar armas bajo las capas.
La verdad es que el velo islámico solo oculta la faz femenina por un prurito de pudor. Pero la democracia tolera mal los secretos y las ocultaciones.
UNA NOTA RESPECTO AL SEÑOR MÚGICA
Todos los que se mesan los cabellos hablando de agresión a las instituciones del Estado por el hecho de que el Congreso de los Diputados pretenda debatir la gestión del señor Múgica, parecen olvidar que, de acuerdo con la Constitución (art.54), el Defensor del pueblo es un "alto comisionado de las Cortes Generales" ante las que rinde cuentas. No veo qué tenga de extraño que el orden supervisor recabe informes y explicaciones de su "alto comisionado".
