El Estado que salta en mitad del camino y atraca a los viajeros confiados en vivir en un ordenamiento seguro, protegido por ese mismo Estado. El Estado que asalta por sorpresa a sus ciudadanos y los despoja de sus derechos por odio político.
Y es el Estado. La JEC es un órgano administrativo del Estado, compuesto por miembros nombrados políticamente, por los partidos. Aun así ha de actuar según el principio de legalidad y no el de prevaricación. Pero actúa por el cálculo del bandolero, administrando malévolamente tiempos y plazos para destruir a sus víctimas.
Los recursos de las defensas son una lección de sentido jurídico y político... y común. Y eso con más mérito porque ha de hacerse a uña de caballo, en situación de zafarrancho de combate. Toda precaución es poca frente a las tácticas piratas o bandoleras del Estado, aplicadas en evidente abuso de poder.
La decisión es una arbitrariedad tan descomunal y su falta de fundamentación jurídica tan descarada que asombra que alguien pueda tomársela en serio. Pero los procedimientos son los procedimientos y el asunto está ya en uno de ellos por la absoluta irresponsabilidad de los miembros de la Junta.
Como siempre, el resultado de la ineptitud es el tiro por la culata. Las consecuencias políticas de esta alcaldada empiezan a verse en las concentraciones de hoy y encienden una nueva oleada de protestas que va para largo y dificultará la política de entendimiento con el Estado que, según se dice, un sector del independentismo está buscando. No hay posibilidad de entendimiento con un Estado bandolero que empieza por afirmar que es un Estado de derecho cuando tiene rehenes políticos/as en las cárceles y exiliados y exiliadas por motivos políticos. Todo/as ella/os, recuérdese, estrictamente pacíficos/as, como queda probado en el farsijuicio que se ha montado al independentismo.
Las consecuencias jurídicas de la majestuosa incompetencia de la JEC también presagian catástrofe. En efecto, las defensas entienden que, al tratarse de un proceso electoral europeo, a un órgano europeo, en el que participan como electores y/o elegibles todos los ciudadanos europeos, el que queda peor parado con la cacicada es el derecho europeo. En contra de lo que parecen creer los genios de la JEC, Europa no es, no puede ser, el extranjero para los europeos. La acción ante la justicia europea es obligada y hasta cabría arriesgarse y acudir directamente, dada la gravedad del ataque a los derechos de los ciudadanos europeos.
Un escenario previsible es la suspensión y/o aplazamiento de las elecciones europeas. Por supuesto, también lo es que la instancia judicial correspondiente sea expeditiva y restablezca a los ciudadanos europeos Puigdemont, Comín y Ponsatí en el pleno uso de sus derechos, incluido el de sufragio pasivo.
En las pasadas elecciones, mucha gente parece haber votado en clave estratégica, prefiriendo a ERC y reservando el voto a Puigdemont en las europeas. El nuevo asalto del Estado bandolero, probablemente convertirá el voto a la candidatura de Puigdemont en una avalancha.