No, Catalunya no importa nada en España. No hay conflicto entre España y Catalunya. Es un conflicto entre catalanes. Los independentistas no son mayoría. No hay presos políticos. España es un Estado de derecho. La justicia, independiente a más no poder. El Tribunal Supremo, un dechado de virtudes y sabiduría. El juez Marchena, un fino jurista. Actuación impecable de las autoridades en estricto cumplimiento de la ley. El sistema funciona. La justicia funciona. España es un gran país, un país global. La independencia de Catalunya, un imposible, una quimera. Y Catalunya, irrelevante en el conjunto del Estado.
Desde el minuto uno del comienzo de la actividad parlamentaria hay un problema con el independentismo que ya ha obligado a la nueva mayoría en el Congreso a soltar el lastre de su retórica adhesión a las vías democráticas y dialogantes. La histérica y bochornosa reacción rebuznante de la derecha a la presencia de los presos políticos en el hemiciclo desató el pánico entre los socialistas. Las chuladas de Hernando en el Senado, los berridos de la derecha en el Congreso, las amenazas, las peticiones de dimisión, reprobación y (si los dejan) excomunión y extremaunción de la presidencia de la Cámara han barrido las débiles objeciones del PSOE al atropello a los diputados independentistas electos.
Si la mesa y su presidencia hubieran tenido más calma y no se hubieran asustado ante los vociferantes tigres de papel de la derecha, quizá hubieran podido evitar el ignominioso espectáculo de un órgano legislativo que empieza su tarea con un acto de sumisión a la arbitrariedad. El desprecio de Marchena por la soberanía del Parlamento no solo lo lleva a exigirle que actúe ilegalmente sino también a que cargue con la responsabilidad de la desmesura porque él no la quiere sobre sí.
Aterrorizada la Mesa, acudió al consabido informe de los letrados de la Cámara que es la forma en que los políticos escabullen el bulto. A su vez, como es habitual, los tales letrados toman como base de su dictamen la necesidad de dar cobertura jurídica a una decisión política, aunque para ello conviertan las normas en hilillos de plastilina. Resultado: la decisión recomendada y finalmente adoptada por la Mesa es una soberana chapuza jurídica propia de letrados.
La voluntad de estos de satisfacer los deseos del poder político se hace evidente desde el momento en que justifican el expolio de los derechos de los presos políticos recurriendo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no al Reglamento del Congreso. Aplican fraudulentamente aquella con tal de no aplicar el Reglamento que, sin embargo, es perfectamente aplicable: se plantea en el Pleno la cuestión de la suspensión de los diputados electos y se comprueba que falta un requisito, falta el correspondiente suplicatorio. En consecuencia, nada de suspensión hasta que el alto tribunal proceda ateniéndose a la ley y no a la voluntad marchenística de acabar pronto la parodia con una sentencia ejemplar.
Si jurídicamente la supensión es una chapuza, políticamente, ha acabado de enterrar las tenues esperanzas que algún despistado pudo abrigar de llegar a una solución negociada. Nueve a siete han sido los votos en la Mesa a favor de la suspensión. Y el voto contrario de los dos miembros de Podemos no es por el fondo del asunto, sino por su forma. En realidad se trata de un voto dilatorio, a ver si encuentran alguna excusa más aceptable que la ridícula patochada de los letrados. Pero, consumido el plazo y comprobado que los independentistas no ceden, los de Podemos se pliegan al unionismo más recalcitrante. Muy en línea con la promesa de la Constitución que hizo Pablo Iglesias: "Por la democracia, por los derechos sociales y por España, prometo". ¿Alguna duda?
¿Alguna duda de que, en lo tocante a Catalunya, en el parlamento español siempre habrá una unión sagrada anticatalana en torno al 90%?
