Aquí mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado Les paraules i les coses. Un intento de explicar la manía del unionismo español de emprender batallas por palabras con ignorancia de los hechos. La pelea sobre lo que se puede y no se puede decir. Y prohibir, siempre prohibir. Los más viejos del lugar recordarán que, durante la última dictadura había una ley no escrita que prohibía hablar de la "muerte de Franco"; si era necesario había de decirse "el hecho biológico". Lo mismo con los presos políticos.
Poco imaginaba yo que ayer mismo, este insólito proceso nos depararía momentos gloriosos de comprobación de lo que se decía. El jefe de información de la policía española, ahora como testigo, colocó ayer una verdadera novela en la sala. Empezó ocultando haber sido condenado por gatillo fácil en 1988 y luego ya siguió a tumba abierta inventándose hechos con precisión matemática (cinco actos de violencia habría cometido el ciudadano que perdió un ojo por una pelota policiaca) y depositándolos en informes imaginarios que no llegaron a sus destinos o quizá lleguen ahora. Con estos testigos nunca se sabe. Igual son testigos y hablan de lo que pasó que son profetas y hablan de lo que pasará.
No sería por falta de ayuda de Marchena que ya ha decidido poner toda la hermenéutica jurídica al servicio de la acusación. Su doctrina en passant en la sala sobre si esta tendría o no en cuenta y cómo unos vídeos editados preanuncia el criterio general de la causa. Unos vídeos editados, dice el presidente no son rechazables sin más. Todo depende de quién los haya editado y para qué. Todo cambio posterior en una imagen instantánea que es prueba de un hecho solo puede querer cambiar el hecho y, por tanto, anula su valor como prueba. Curioso que solo se plantee el asunto de la edición (en román paladino, manipulación) de vídeos cuando aparecen los de la policía. Esto no se ha planteado con los demás vídeos de particulares, periodistas, etc. Simplemente, la sala se ha negado a visionarlos. Los verá más tarde, todos seguidos, en sesión continua. Los editados, en cambio, se verán con mayor detalle para averiguar si la edición es o no aceptable.
Así que, con estos criterios, nadie razonablemente puede esperar justicia de semejante adefesio.
Las palabras y las cosas
Si las acusaciones en el juicio/farsa del 1-O han mostrado un nivel en todo análogo al de los testigos de las fuerzas armadas, la Junta Electoral Central todavía desciende un grado más. Al nivel de un patio de escuela de primaria o una corrala de zarzuela. Tras emprender una cruzada contra el color amarillo, la toma ahora con el léxico de los noticiarios y prohíbe el uso de ciertas expresiones invocando la necesidad de garantizar la neutralidad de los espacios públicos. Con ello, lo único que hace es perpetrar la ilegalidad que dice combatir.
La expresión tajantemente prohibida es "presos políticos". Aunque nadie esté muy seguro de qué sea un preso político, la JEC sí sabe que los presos independentistas catalanes no lo son. Son presos que supuestamente han cometido un delito de derecho común. Llamarlos "presos políticos" equivale a justificarlos y muestra cierta complicidad con presuntos delincuentes y de ahí que se prohíba.
Pero no es así. De aceptarse la prohibición de emplear "presos políticos", hay que examinar las dos opciones de la alternativa. La primera, referirse a ellos como "los presos" es absurda porque, al referirse a todos los presos (miles), la única manera de señalar el sujeto es atendiendo a su condición de políticos. Por tanto, siempre que se dijera "presos" se estaría diciendo "presos políticos" y recordando que son aquellos presos precisamente por luchar contra prohibiciones tan injustas como esta. Es algo tan absurdo que solo podía ocurírsele a los de la JEC.
La segunda, "políticos presos" es moralmente inmunda, pues viene a poner a un mismo nivel a Zaplana o Rodrigo Rato y a Oriol Junqueras o Jordi Cuixart y eso clama al cielo, ese en el que dicen creer los canallas qque igualan a los justos con los injustos.
Las dos opciones son inadecuadas (una por absurda y otra por inmoral) para designar una circunstancia política en unas elecciones políticas. En definitiva, prohibir el empleo de la expresión "presos políticos" no solamente no garantiza la neutralidad de los espacios públicos, en este caso audiovisuales, sino que la destruye a favor de una opción unionista tan de partido como la independentista pero mucho más injusta pues se basa en el abuso de poder.
Una superstición típica de los círculos santeros, muy extendidos por todas partes, es que los males desaparecen si no se los nombra. Si se prohíbe hablar de presos políticos desaparecerán los presos políticos, al menos del discurso. Y nada más falso. Aquello que es preciso nombrar pero está prohibido hacerlo recibe muchos otros nombres. Es como Dios que, por no tener nombre, los tiene todos Y todos señalan la misma cosa: unos hombres y mujeres privados arbitrariamente de libertad por sus convicciones políticas. Más que presos y presas políticas son presas y presos de conciencia.
El episodio de la denuncia del PP del hashtag #FAQsPrisisPolíticsTV3' lleva ya esta persecución más allá de los límites del absurdo. Denunciar la expresión prisis pilítics bajo el argumento de que es una variante incluida en la primera prohibición, abre la puerta a que la próxima noticia sobre el indecible"presos politicos" hable de cómo los "caballeros templarios" acudieron a declarar o como "plutonio 239" se quejó de que le habían intervenido el correo. La performatividad del lenguaje depende de contextos a veces muy complicados e incomprensibles para los censores al servicio del fascismo español.
Nada de esto será admisible para el ojo y oído la JEC. Quedarán prohibidas todas las metáforas. Lo que equivale a prohibir el lenguaje, a no ser que se llame a las cosas como la JEC quiere que se las llame. Es decir, a no ser que se acepte la obligación de decir políticos presos a los presos políticos. Con lo que queda claro que la prohibición lleva también una imposición dictatorial partidista y nada neutral a fuerza de unionista.
En el fondo, lo que los miembros de la JEC querrían hacer de buen grado, por razón de ideología y talante, no es garantizar la neutralidad del espacio público en periodo electoral, sino suprimir las elecciones.
Sobre todo, en la colonia.