El PSOE había venido a restaurar la normalidad, al decir de Pedro Sánchez, gracias a sus propuestas "políticas" para resolver el contencioso España-Catalunya. Era una normalidad algo rara, pues convivía con presos y exiliadas políticas y con una situación de excepcionalidad latente con un 155 de Damocles.
Hay normalidad, pero el gobierno reitera su disposición a emplear el 155 en cuanto la Generalitat le dé motivo. Y será fácil porque a lo que la Generalitat quiere, autodeterminación, referéndum, independencia, el gobierno responde negando tan rotundamente como Pedro negó a Cristo: no, no y no.
Normalidad en la que las instituciones públicas del país se encuentran en una situación de guerra de todos contra todos con pataletas, recursos, querellas, denuncias. El gobierno contra la Generalitat a la que, además, le tiene intervenida la cartera por razones políticas. El rey contra Catalunya. Catalunya contra el rey. La Generalitat contra el gobierno en todas las decisiones que reducen sus competencias. El Tribunal Constitucional también empuja contra el Parlament. El Tribunal Supremo va contra todos de oficio. Los fiscales quieren seguir empurando gente. La gente se defiende y denuncia a las fuerzas de seguridad. Los partidos se querellan unos con otros. La Junta Electoral Central acogota los medios públicos catalanes. Es la querulancia universal.
La normalidad del campo de Agramante, en donde reina la Discordia. Y ningún país puede funcionar así, ni siquiera el Reino Unido en el caos del Brexit. Las instituciones, los poderes del Estado no están para enzarzarse continuamente entre ellos. No hay presupuestos, no hay estabilidad de gobierno, el horizonte electoral escama, el independentismo no ceja en su reivindicación y los aparatos estatales tampoco en su represión.
El último intento de la fiscalía es el último disparate que prueba el carácter puramente político de esta batahola judicial del proceso al independentismo. Pedir el procesamiento de nueve votantes del 1-O, identificados por haber sido apaleados, suponiendo en ellos "intenciones rebeldes", equivale a abrir la puerta al procesamiento de los más de dos millones de votantes, incluidos los que votaron "no". Para calibrar este dislate ayuda saber quién es el fiscal que encabeza la denuncia, otro guerrero del antifaz de las redes, estilo Daniel Baena. Otro personaje que destila parcialidad y un odio tan ciego a los posibles justiciables que, en un acto de proyección delirante, los llama "franquistas". Es la locura de Orlando convertida en furia fiscal frente a la autodeterminación sarracena.
