divendres, 8 de març del 2019

El retroproceso

El meu article a elMón.cat dimecres, titulat Un pseudojudici en una pseudodemocràcia. Com que l'única novetat ha estat la inenarrable narració de la secretària judicial en un fantasmagòric retaule de Maese Pedro, ja tractada en un post anterior la peça manté la seva actualitat.

Per cert, què em diuen del terme "retroprocés"? Pas mal, hein?

Aprofito l'ocasió per donar el meu suport a la vaga feminista d'avui i recordar que el feminisme és l'avantguarda de la humanitat. D'aquí l'aparició de VOX, el partit del patriarcat més agressivament masclista.

Aquí el text castellà:

Un seudojuicio en una seudodemocracia

El juicio/farsa del 1-O sigue su agitado curso y ha conseguido ya dejar clara su naturaleza a los ojos de la ciudadanía y la opinion pública mundial: doce personas de paz están siendo juzgadas por delitos inventados, con pruebas falsas y amañadas por las distintas policías, con una fiscalía incompetente que no se esfuerza pues sabe que la sentencia está ya escrita, ante unos jueces parciales, sumisos al poder político, que quiere altas condenas para escarmiento futuro y con la guinda de que forma parte del proceso como acusación un partido, Vox, cuyo miembros estarían en la cárcel en cualquier país del mundo por fascistas.

Es tal la arbitrariedad y el disparate jurídico que el proceso ha dado la vuelta y, si bien los encausados siguen siendo los doce independentistas, en realidad es el Estado español el que está siendo acusado por no respetar los derechos fundamentales de la ciudadanía, ni la división de poderes, ni la independencia del judicial.

En las comparecencias como testigos de las distintas autoridades del Estado ha habido dos claros momentos, según la jerarquía de quienes hablaban: el de los amnésicos y el de los embusteros. Los amnésicos son las máximas autoridades del momento, el presidente y la vicepresidenta del gobierno y el ministro del interior. Ninguno de ellos tomó decisión alguna en relación con los hechos, tampoco recordaba nada de lo que pudo pasar e ignoraba quién dio las ódenes de cargar (si es que hubo cargas) y de dejar de cargar. Ninguno de ellos, por tanto, tenía responsabilidad alguna. El tribunal protegió celosamente el no-derecho de los testigos a mentir, acotó el campo de maniobra de la defensa y dio una prueba más de servilismo gubernamental ayudando a construir la interpretación de que, en aquellos momentos de crisis, el país se regía solo pues el máximo gobernante, M. Rajoy (a) Sobresueldos, estaba muy ocupado con otros asuntos, fáciles de imaginar.

Tras los amnésicos, los embusteros, los jefes de policías o el delegado del gobierno. Estos sí reconocen haber tomado decisiones, para combatir el supuesto delito que ahora cuesta tanto probar: la violencia, el tumulto, el alzamiento, la rebelión, cosas que no sucedieron y, como no sucedieron, solo pudieron invocarlas, pero no demostrarlas, mintiendo, por tanto en toda la línea. Estaban seguros, sin embargo de que las órdenes que dieron, las decisiones que tomaron, no produjeron heridos, a pesar de las decenas de vídeos que prueban lo contrario; si hubo heridos, fueron algunos contusos y, desde luego, no hubo cargas policiales. El reino de la mentira y la impunidad más absoluta para unos testigos que no solo mienten, sino que niegan la verdad paladina grabada en vídeos, aunque con la ayuda del presidente del tribunal, que impide que se vean. La mentira oficial fue luego remachada por Pérez de los Cobos, exmiembro de Fuerza Nueva y responsable del "operativo" policial del 1-O. El único que sabe de qué miente porque él sí participó en una rebelión violenta y armada, la Tejerada de 1981, a pesar de lo cual sigue formando parte de este Estado delictivo.

Unidad de acción de los amnésicos y los embusteros. Si Rajoy afirma que no hubo referéndum, es lógico que sus subordinados no vieran violencia ni cargas policiales contra un referéndum inexistente. Y los mil heridos atendidos en los hospitales habrán salido de un cuento chino o de una novela de ciencia-ficción, como, según Grande Marlaska, ministro del Interior socialista que estaría con VOX si la actitud de este hacia la diversidad fuera menos bestial, fue el llamado "cerco" a la consejería de Hacienda de la Generalitat.

Claro que no es juicio, sino una farsa inquisitorial para disfrazar de procedimiento jurídico una pura persecución persecución política, impropia de un Estado de derecho y democracia.

Todo encaja porque, a pesar de que el ministro de Asuntos Catalanes, el catalanófobo Borrell, está despilfarrando recursos públicos en un gigantesco aparato de propaganda para convencer al mundo de que España es una democracia y un Estado de derecho, la evidencia cotidiana demuestra que es falso. Obviamente, si fuera cierto, no sería necesario andar predicándolo por ahí, ni pagar sumas astronómicas a gentes sin escrúpulos, escritoras de libros de encargo , ni contratar mindundis ideológicos, profesoress universitarios dispuestos a predicar las mentiras oficiales a tantos euros la mentira.

Porque mentira es. España no es ni puede ser una democracia y un Estado de derecho mientras haya presos y exiliados políticos, mientras la policia actúe ilegalmente, los tribunales dicten la "justicia" del poder político, no haya separación de poderes y se vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos.