divendres, 1 de febrer del 2019

Proceso a Catalunya

Está bien la deferencia judicial hacia el MHP Quim Torra. Se le dará tratamiento de "autoridad de Estado" que, en esto de los protocolos, son los españoles muy mirados. Y se le asignará un lugar relevante. Sin duda no tanto como otro tribunal que sentó a M.Rajoy, por entonces presidente del gobierno, al ras de los mismos jueces. Que aún hay clases y clases. 

Al MHP Torra no le hace falta distinción protocolaria alguna. Donde esté él, estará la presidencia de la Generalitat, por aquella razón tan donosamente reproducida por Sancho Panza en el episodio de la porfía por presidir la mesa de los duques en la segunda parte: "Sentaos, majagranzas, que a dondequiera que yo me siente será vuestra cabecera". Los majagranzas, en este caso, son sus señorías.

Condición de autoridad de Estado se reconoce al supremacista, xenófobo, lepenizado Torra. De Estado español, bien entendido. El mismo Estado que sus señorías representan y en cuyo nombre, a veces personificado en el rey, administran justicia. El Estado reconoce al Estado. Pero el Estado reconocido por el Estado español, a su vez, solo se reconoce como Estado catalán. Torra es hoy el presidente del gobierno de la República catalana. Sí, esa que no existe, pero en función de la cual se mueve todo en el Estado español.

Y cuando digo todo, es todo: el rey, el gobierno, el ministerio de Asuntos Catalanes, el CNI, el Congreso, el Senado, la judicatura (a la vista está), los partidos, los medios, las cloacas del Estado, la milicia, el capital, los obispos (castellano hablantes), los toreros, todo. Hasta la intención de voto de un 40% del electorado.

El presidente de Catalunya, por tanto, asistirá al juicio a sus compañeros de ideología y partido, acusados por unos supuestos delitos que, como lo sólido en el Fausto, se desvanecen en el aire. Acusados, en realidad, de profesar el mismo credo político que el presidente: la independencia de Catalunya. Esta imagen es distinta según se proyecte al futuro o al pasado.

Al futuro: si la oleada reconquistadora nacional española llega al gobierno en cualquiera de sus posibles combinaciones, la ideología independentista sería declarada delito, prohibidas las asociaciones independentistas y encarcelados sus dirigentes. El juicio al propio Torra sería el paso siguiente, si no se hace nada por evitar la situación.

Al pasado: todos los presidentes de la Generalitat desde Macià (y a excepción de Maragall y Montilla) han sufrido exilio, prisión o ejecución o las tres cosas juntas, como Companys. En la actualidad, Pujol tiene problemas con la justicia, aunque no por razones políticas; Mas está embargado y Puigdemont en el exilio, ambos, sí, por motivos políticos. El siguiente en la lista es Torra.

Su presencia en la sala avala la dimensión política del proceso; del proceso judicial y del procés. Los encausados tienen una defensa fuerte de carácter político basada en la legitimidad de su propósito por medios democráticos y pacíficos. Completada con otra de ataque no menos fuerte a la falta de legitimidad del Estado español para enjuiciarlos. La prueba es, precisamente, el juicio por el que se instrumentalizan los tribunales (carentes de independencia) para resolver conflictos políticos que ningún tribunal del mundo podrá resolver salvo ordenando el exterminio de quienes considera "rebeldes".

Es un proceso a Catalunya, un proceso por rebelión; un proceso a los rebeldes que dan por vencidos. Y ninguno/a lo está. Antes al contrario, comparecen como acusadoras. Y allí está el representante de la República Catalana, de los ciudadanos catalanes, no del Estado español, ni del Estado en Catalunya, a dar fe del apoyo popular a los encausados y del abuso del juicio en sí mismo. 

Resulta que aun en la cárcel, los profetas desarmados no estaban desarmados. Tenían y tienen la palabra, el arma más poderosa cuando de ella se sirven la razón y la justicia. 

¡Qué papel está haciendo el PSOE en medio de un juicio político impresentable e inútil! Impresentable porque es un juicio de opinión. Inútil porque no servirá de nada a los efectos que los enjuiciadores  buscan. Al contrario: acelerará lo que quiere evitar.