dissabte, 2 de febrer del 2019

Mirad por un agujero

No quieren publicidad.

La referencia al aforo del presidente es una burla. El aforo se puede ampliar, como se hizo el del jucio a los golpistas (esos, sí), los de la guardia tejeriana, del 23 de febrero, que se celebró en un pabellón de Campamento, en donde cupieron observadores internacionales, periodistas y público en general. Y aquel juicio no era más importante que este.

Pretextar el aforo de una sala del Supremo es un acto de cinismo cuando todo el mundo sabe que la abarrotarán con fieles a la causa nacional, pagados, si es necesario, pues por la patria se hace lo que sea, sobre todo con dinero público. Los fondos de reptiles dan para mucho. Así que no se pretexte el aforo y trasládense las sesiones a un lugar en el que quepan todos. Porque ahí sí que no ha lugar a impedir los observadores internacionales, aunque no tengan el reconocimiento del tribunal, como si eso significase algo. Los observadores internacionales son observadores porque están internacionalmente acreditados y reconocidos. Otra cosa es si este tribunal se cuenta entre los de los Estados civilizados del mundo. 

La negativa a los observadores internacionales equivale a un juicio a puerta cerrada. Argumentan que se da por TV. Pero eso suscita dos cuestiones en orden de importancia: 1ª ¿Qué televisión? ¿Una o varias? Y eso, ¿quién lo decide? 2ª Sea una o sean varias, las televisiones cuentan historias. Todas. Ver un juicio por televisión no es lo mismo que verlo en directo, ni mucho menos. Igual que no es lo mismo ver Hamlet en el teatro que en la televisión. Lo que el espectador ve no es un juicio, sino el relato de un juicio. Cierto, mejor que si lo hiciera un mensajero que llegara a caballo, pero no muy distinto en su contenido.

El Supremo no quiere publicidad. Y con razón. No le gusta nada servir de escenario de las sucesivas proclamas independentistas de los presos políticos. Pero no puede evitarlo. No puede hacer un juicio a puerta cerrada, que es lo que le pide el cuerpo. Dice que no tiene nada que ocultar pero, como se ve, restringe cuanto puede la vigilancia internacional imparcial. Quien de verdad no tiene nada que ocultar no impide la presencia de observadores. Y, al revés, los observadores rechazados lo primero que harán será decir que el Tribunal Supremo no quiere observadores imparciales. 

Empieza bien el proceso a puerta semicerrada. Y aun así, será un escándalo mundial. Porque todo el mundo sabe que se trata de una farsa en la que unos jueces tienen orden de calzar un delito inventado para condenar una ideología y un programa políticos apoyados por más de dos millones de votantes. A esa convicción general ayuda mucho el ataque a la bayoneta calada contra todo lo que huela a independentismo ordenado por el ministro de Asuntos catalanes, que mueve presto sus alguaciles, alguacilillos, monagos y monaguillos para que defiendan el buen nombre de España, Estado democrático de derecho, erigido sobre más de cien mil fosas comunes de asesinados/as por razoness políticas a quienes no sse ha hecho justicia y qque, para mayor carácter hispánico, cuenta también con presos/as políticas y exiliadas/dos políticos. 

¡Qué papel el de estos bufones al servicio de una oligarquía nacional-católica y corrupta, incapaz de adaptarse a la Europa del siglo XXI! 

No es por los artículos invocados del Código Penal, que se retorcerán lo que sea menester. Aunque tenga dificil la corte superar la hazaña del juez Llarena de considerar violencia el hecho de sufrirla. Este juicio es un proceso a nueve personas por ser independentistas. Es un juicio al independentismo disfrazado de juicio penal por hechos objetivos supuestamente delictivos. Y es más que eso: es un juicio a la Catalunya independiente que es ya una realidad.

¿La prueba? Que el contenido de la sentencia es irrelevante desde el momento en que el independentismo niega al Estado legitimidad para juzgarlo. Tanto si los presos políticos/as son absueltas como si no, el procés seguirá su curso, con nuevos profetas desarmados porque no se acaba en la liberación de las presos que, caso de condenada, dependerá de que continúe y crezca y se imponga.