martes, 9 de octubre de 2018

¡Ah la normalidad!

Da gusto en el reino de España. Todo normal, como la seda. Así se apoya en la vida cotidiana el fabuloso pwp con el que el ministro de Asuntos Catalanes ha comenzado su hercúlea tarea de vencer la Leyenda Negra. Señalamos cuatro puntos de extrema normalidad: el Parlament, el juzgado de instrucción  nº 13 de Barcelona, el Mediterráneo del ministro Borrell y la Hacienda de la ministra Montero. Solo cuatro muestras de total normalidad en esta guerra del Estado contra Catalunya en todos los frentes, tous azimuts.

El Parlament sigue sometido al filibusterismo judicial del gobierno con la ayuda voluntaria de los grupos de la oposición (especialmente el PSC, que está cubriéndose de gloria) y la involuntaria pero obligada por razones profesionales de los letrados de la cámara. Si un abogado no es del diablo, no es buen abogado. El objetivo es paralizar la acción parlamentaria con cuestiones procedimentales que siempre tienen aristas políticas no porque en sí mismas las tengan, sino porque, en la situación, es inevitable. Y al mismo tiempo, indiferente. El último pleito es por la delegación del voto. Se preparan las acusaciones de desobediencia y los letrados avisan de que los votos podrán ser invalidados. Siempre que se demuestre la desobediencia, cosa que está por ver. La acusación se hace a los diputados de JxCat porque no delegan el voto ex-novo, a raíz del aauto de suspensión de Llarena. Pero si el Parlament acordó no obedecer la dicha suspensión, la delegación de JxCat sigue siendo válida, porque si no se acata la suspensión de Llarena, tampoco la caducidad de las delegaciones. De momento, el Parlamento actúa con plena legitimidad. Qué suceda después dependerá de las distintas impugnaciones, recursos y contrarrecursos que se irán encadenando.

El juzgado de instrucción nº 13 de Barcelona, es como el "preso número nueve" de la canción: no gana para desgracias... que causa a los demás con unas actuaciones tan arbitrarias y abusivas como ineptas. Un juzgado que, al parecer, negó estar realizando una investigación que sí estaba realizando; con unos fines que también negó pero sí eran los que perseguía; valiéndose de unos medios a los que dijo no recurrir pero sí recurrió. Ese juzgado, ese juez, dice ahora, al cabo de un año con más de 40 imputados, que no tiene indicio alguno que permita concluir delitos de rebelión y sedición. Es muy fuerte. Y no solo porque, a este paso, van a tener que acusar de rebelión a Llarena, sino porque no hay derecho a amargar la vida a 40 personas con una acusación judicial ficticia y para cuyo enjuiciamiento el propio juez reconoce no ser competente. Y, no, qué va, no hay una causa general contra el independentismo...

Borrell en el Mediterráneo. No lo pueden evitar. Todo lo personalizan y politizan agresivamente. Creen que el cortijo es suyo. Y por eso Borrell excluye al presidente Torra del Foro del Mediterráneo. Y lo afirma tan pancho: para que no vilipendie a España. Lo que confirma el vilipendio es precisamente esa prohibición. Borrell parece intuirlo y trata de limitar su grosería hablando del carácter protocolario del acto. Carácter que él ha convertido en un ataque en toda regla a Torra (lo ha acusado de ser el "jefe de los agitadores callejeros") en ausencia de este, que no podía defenderse. Todo mientras lo aleccionaba de que no debe declarar la guerra al Estado. Es dfícil ser más vil. A todo esto que el foro se celebrara en Barcelona y Catalunya tenga tres provincias ribereñas del Mediterráneo es irrelevante, pues solo añade grosería a la vileza.

La Hacienda de la ministra Montero. Lo ha dicho en cinco palabras, como diría Albiol: Cataluña seguirá intervenida hasta que yo lo crea conveniente". Hablando de cortijos...  Ojo; eso no es el 155. Es business as usual, pura normalidad en la colonia. ¿De quién depende todo? De la voluntad omnímoda de la ministra, como en cualquier Estado de derecho que se precie. 

Bien clara queda la normalidad del tiempo. Es tanta que ni el vocerío de los fachas en Vistalegre la altera. Normalidad en la guerra contra Catalunya en los frentes político, judicial, exterior y fiscal. Guerra sin cuartel.

Hoy el Parlament tendrá que tomar una decisión que, de ser la prevista, se interpretará como desobediencia. Pero no basta con interpretar; hay que justificar la interpretación y demostrar en qué se da la desobediencia cuando la suspensión de Llarena no fue aceptada. Habrá que impugnar las decisiones del Parlament y eso es harina de otro costal. 

Es inconcebible que la política del gobierno esté dictada por los jueces y, en concreto, por estos jueces que son en realidad políticos, pero de la oposición.