Aquí mi artículo de ayer en elMón.cat, títulado línies de fractura.
Las dos realidades hoy en pugna en España, el Estado y la Generalitat, son sí, dos poderes enfrentados, hasta dos mundos políticos. Pero hay algo más, algo que comparten de forma que, sea cual sea su respectivo tamaño, fuerza, volumen y capacidad de destrucción, lo que se ve, el agua, como en los vasos comunicantes, está siempre al mismo nivel. Es como una metáfora. Por más que el Estado se obstine en interactuar con la Generalitat con superioridad jerárquica, en una relación de mando y obediencia, no lo consigue. Y por más que intente disfrazar esta actitud invocando la voluntad de diálogo "político", tampoco. Razón sencilla: si por político ha de entenderse la "no juridificación" del conflicto, que tanto molesta a Sánchez, la existencia de presos políticos (llámelos el gobierno como quiera) desbarata el intento y lo convierte en una farsa política añadida a la judicial.
El agua está al mismo nivel en cuanto al sentido de lo que se dirime. El Estado tiene el mismo derecho a defender su idea de la nación española como la Generalitat a defender la suya de la nación catalana. El derecho a la nación es igual en ambos casos, los dos tienen la misma fuerza moral, política y jurídica; lo que no tienen es la misma fuerza bruta. Pero ¿cómo se justifica un orden político basado en la fuerza bruta?
Aquí la versión castellana.
Líneas de fractura
En la dínámica de poder dual (gobierno del Estado y Generalitat) que vive el Estado español en Catalunya, cada una de las instancias está cumpliendo con las expectativas que generó. En su comparecencia, del martes, el presidente Torra expuso el plan de acción de su gobierrno para los cuatro años que vienen con bastante detalle. Se recuerda la insistencia con que no hace mucho se decía que Catalunya debía contar con un gobierno “efectivo” antes que nada. Ese gobierno “efectivo” es el que emerge del plan aprobado en el Consejo Ejecutivo: medidas claras y concretas en cuatro ejes: cohesión social, prosperidad económica, fortalecimiento de la democracia e internacionalización del proceso.
El origen de este previsto itinerario es el cumplimiento del mandato del 1-O que insta a consolidar la república y la independencia. El término (que será cuando sea y, de momento, imprevisible), la restitución del legítimo presidente, Puigdemont. A lo largo del camino seguirá robusteciéndose la Repúblicana catalana como realidad de hecho.
A su vez, el otro poder, que se enfrenta al orden republicano, el del gobierno central de la monarquía española, atrapado en el galimatías parlamentario de su debilidad y las tensiones entre aliados y adversarios, no solo carece de un plan articulado como el de la Generalitat, sino de toda posibilidad de coordinar la acción según sus objetivos estratégicos. De hecho es dudoso que tenga algún objetivo estratégico al margen de sobrevivir con 84 diputados y conseguir que la llamada “cuestión catalana” no arruine sus escasas perspectivas. Por no tener, no tiene ni presupuestos, que son la columna vertebral del plan de acción de cualquier gobierno. Sus ministros, que parecen sacados en una tómbola circense, concentran su atención en mantenerse en el cargo frente a las intrigas de los adversarios y sus propias meteduras de pata en el pasado. Su presidente anda recorriendo el mundo y, de paso, informándose de que no es como él creía en su nacionalismo español de toros y pandereta o como le ha contado el ministro Borrell, un enajenado cuyo odio a Catalunya lo lleva a sostener la absurda tesis de que España es una democracia más avanzada que Francia o Bélgica.
Con estas bases de información y este clima político propio de un auténtico patio de delincuentes, es claro que la dualidad de poderes en España se resolverá a favor de Catalunya en el corto plazo. Sin duda alguna, pero ¿qué hay del medio y el largo plazo? Esto es, ¿cuándo y cómo conseguiremos la República y la independencia de derecho y el correspondiente reconocimiento internacional?
Esta es la línea de fractura más importante en este momento, pero las circunstancias solo nos permiten levantar constancia de su existencia, no de su resultado en forma de ruptura. Los dos poderes hoy enfrentados, el catalán con su ambicioso plan de construcción republicana y el español atascado en la tarea de sobrevivir e impedir como sea que la Generalitat lleve adelante su proyecto, cada uno en su estilo, pueden dar el paso que abra una vía de solución, aunque no está claro con qué consecuencias.
El gobierno español, privado de margen de maniobra por voluntad propia, solo tiene que seguir invocando cínicamente la separación de poderes para dejar que un poder juidicial franquista y corrupto vaya adelante con su farsa procesal y su persecución política a los disidentes. Frente a ello, el gobierno de la Generalitat acabará abocado al ejercicio de la desobediencia frente a la arbitrariedad y la tiranía españolas, algo tan inevitable como la sucesión de los días y las noches.
A su vez, las respectivas sociedades, la catalana y la española también interactúan en el mismo espiritu en que este conflicto está viviéndose institucionalmente. La posición española es básicamente política, partidista, mediática y descansa en la capacidad de movilizar grupos de ultras, fascistas y provocadores más o menos instigados por la constelación reaccionaria, PP, C’s, Vox, SCC, Democracia Nacional y otros nazis. Su finalidad es suscitar un clima de violencia en Catalunya (que unos jueces presuntamente prevaricadores no encuentran ni son capaces de inventarse) que justifique la intensificación de la represión y, llegado el caso, la intervención del país y la supresisón del autogobierno.
La sociedad catalana, en cambio, sólida y coordinadamente movilizada, no solamente apoya sus instituciones y se compromete en su preservación sino que, muy concienciada en su proyecto independentista, también marca el camino a sus políticos para que, a pesar de la represión que padecen, no desfallezcan en el objetivo común. Es esta voluntad este movimiento social el que apunta a un horizonte de resistencia y desobediencia a los mandatos del ocupante, la que se puso de manifiesto hace unos días en la Plaça de San Jaume, cuando se impidió una concentración anticatalana en tan emblemático lugar y el que apunta también a una repetición, cuando está anunciada otra manfestación de agentes españolistas (básicamente policías, guardias civiles y sus amigos) en el mismo lugar con el objetivo de provocar a la población con un homenaje a los vándalos que aporrearon a la gente el 1-O.
En este momento, la línea de fractura pasa por la resistencia y la desobediencia tanto institucional como popular. La República Catalana se hace realidad defendiéndola al unísono en las instituciones y en la calle.
