El conflicto España-Catalunya se vive en términos bélicos metafórica y no tan metafóricamente. El gobierno tiene presto un plan de acción, probablemente en respuesta a la exigencia de los presidentes de la Generalitat de anunciar hechos. Es un plan de ataque. El artículo de Lola García habla de "desembarco" con ecos del de Normandía.
Los otros, sin embargo, tienen las defensas preparadas y, además, contraatacan, según lo que en su día anunció el presidente Torra de "atacar el Estado injusto". Ante esa eventualidad el gobierno blande la amenaza del 155 o contraataque al contraataque. Son planes de una politica que quiere ser continuación de la guerra por otros medios, pero no lo consigue.
El error está en el planteamiento de base, mejor dicho, los planteamientos de base, pues no coinciden en los de las partes. El gobierno tiene excluido el nivel de los principios, los derechos, la legitimidad y solo atiende al de las políticas públicas. El independentismo, sin desatender el nivel de las políticas públicas, insiste en que el de la legitimidad es prioritario y se condensa en la liberación de los presos políticos y la aceptación de una negociación España-Catalunya de igual a igual.
En resumen, tiene razón Sánchez cuando dice que la “cuestión catalana” no se debe judicializar porque solo puede arreglarse políticamente. El problema es que su nivel de “política” no alcanza el orden constitucional y por tanto constituyente. Para Sánchez, como para el unionismo en general, la Constitución está fuera de la política. Es el límite de la política. Más allá, la guerra.
El unionismo no entiende ni puede entender que no hay una “cuestión catalana”, como no hay una “cuestión vasca”. Hay una “cuestión española”. Pero el sistema político español, el convencionalmente llamado “régimen del 78”, no puede resolverla, pues lo que está en juego es su propia razón de ser.
A su vez, también la estategia está en debate en el independentismo, puesto que lo están los medios que la constituyen. La proximidad de la elecciones municipales, el debate lista única o no, la cuestión de ampliar la base, la política de alianzas, forman un bullir de vivas discusiones que no tendrán mayor importancia (aunque se expresen con apasionamiento y hasta cierta desmesura) mientras se mantenga incólume el objetivo estratégico de consolidar la República catalana.
Lo determinante en ambas partes del conflicto es el apoyo social real que tengan. No el que se inventen. Sánchez y su gobierno quieren “desembarcar” en Catalunya para reforzar a la mayoría de los catalanes que pretende seguir con el modelo estatutario. Los indepes son una minoría mayoritaria. Los “no indepes” son mayoría absoluta. Eso es mentira y Sánchez y los suyos lo saben. Por ello se oponen a realizar un referéndum de autodetermación que aclararía la cuestión de una vez por todas. Porque lo pierden. Tienen mayoría y abrumadora en España, pero no en Catalunya, en donde, si se trata de independencia, son una minoría ciertamente numerosa, pero minoría; y, si se trata de referéndum, son una minoría escuálida.
El independentismo tiene el apoyo mayoritario social y parlamentariamente. Lo lógico, lo democrático y lo legal es que pueda aplicar el mandato recibido en las urnas: la independencia y la República Catalana. Preferiblemente por medios pacíficos, negociados, de común acuerdo y, si necesario fuere por la vía unilateral.
Es obvio que entre gentes civilizadas la actitud de la otra parte no debe ser el uso de la violencia. Pero eso no quiere decir que no pueda ser.