No es que al gobierno le crezcan los enanos, como dicen los castizos, sino que le disminuyen alarmantemente los negritos. Los diez negritos de la famosísima novela de A. Christie (más de cien millones de ejemplares vendidos) de universal conocimiento. En la isla del Negro, los "negritos" desaparecen por asesinato; en el gobierno de Sánchez, por dimisión.
La ministra navega aguas turbulentas. El gobierno afirma que es un intento de chantaje de Villarejo, cosa verosímil pues parece ser a lo que el hombre se ha dedicado con variada fortuna. Chantaje, dice Sánchez, como el que intentó con Juan Carlos I. Es mentar la soga en casa del ahorcado pues olvida mencionar que el PSOE vetó la comisión de investigación sobre el personaje, con lo que dio por bueno el chantaje pues quien no tiene nada que ocultar no teme investigación alguna. O sea, en realidad, fue mentar la soga en casa del no-ahorcado.
Sánchez ha respaldado a su ministra. Es su deber. No quiere decir nada. También lo hizo con los dos dimisionarios anteriores. La ministra se defenderá sola. Es posible que el clima que el convivio grabado delata, (quizá con abundante trasiego de alcohol), sea un evento aislado y excepcional en las vidas de los comensales. Pero esos "Lola" y "Balta" y el nivel general de los comentarios son muy de lamentar. En fin, el mal gusto y la falta de educación no son delitos. Pero dejan mal parados a los representantes del poder judicial y sus amigos.
Al margen de lo que suceda con la ministra de Justicia, esta, la Justicia (no solo la ministra) tiene un problema agudo de prestigio que ataca la base de su legitimidad sobre la que, por cierto, descansa el Estado. Porque un Estado sin justicia, dice San Agustín no es más que una banda de ladrones. Y está feo señalar.
El enfrentamiento entre la jueza de instrucción del caso "Máster", Rodríguez-Medel y la Fiscalía del Tribunal Supremo, es incomprensible. El Teniente Fiscal, Luis Navajas, se niega a investigar a Casado, siendo así que su caso es idéntico al de las otras tres imputadas. Sin duda tiene poderosas razones pero el golpe para el prestigio de la justicia es tremendo. Además, involucra a la Fiscal General del Estado, María José Segarra. Si respalda tamaña aberración acabará con el escasísimo respeto que aun pueda tener la justicia española.
Aunque esta parece dispuesta a cumplir la tarea por su propia vía. Además del proceso penal, claramente inquisitorial, hay otro civil de carácter confiscatorio contra los supuestos organizadores de la consulta del 9N d 2014, Mas, Ortega, Rigau que ahora reactiva el Tribunal Supremo. Es la enésima muestra de la voluntad de entendimiento y diálogo del Estado que predica Sánchez: la persecución de los disidentes por todos los medios, la venganza, el castigo a las generaciones venideras.
¿Alguien espera justicia del poder judicial español en relación con Catalunya?
