El sábado el gobierno se reunió en consejo de ministros desenfadado, campestre, en Los Quintos de Mora para preparar lo que el articulista, fiel a la costumbre, llama "el otoño caliente" cuyo primer flambeado es la "crisis catalana".
Digresión: ¡Ah, qué tiempos! Se recordará cuando, hace ocho o diez años, algunos avisábamos de que la "crisis catalana" acabaría siendo el problema más grave del Estado español, que pondría en riesgo su supervivencia. No como régimen político, sino como Estado. Las respuestas solían ser una mezcla de indignación con insultos y mucha bravata. "Antes se romperá Cataluña que España" decía, muy ufano, el insensato de Aznar. Ahora está claro que la "crisis catalana" es, en realidad, la "crisis española". La sempiterna crisis española, ya sin comillas. Y la protagonista, la que determina el rumbo de la política española, es Catalunya.
A extremos inimaginables hace días. El independentismo catalán, sometido a una persecución implacable en lo político, lo judicial, lo mediático y hasta lo delictivo/demagógico, sigue llevando la iniciativa tanto interna como externa frente al Estado español al que Puigdemont califica en su demanda al juez Llarena de Estado delincuente. El rey está desnudo y España no es un Estado de derecho. Hace poco los políticos unionistas calificaban a Puigdemont de "prófugo". Un "prófugo" al que reciben por doquier en público, invitan a programas de medios en el exterior, da cuenta de sus actos, actúa con la legitimidad que la da la mayoría parlamentaria catalana, y hace propuestas políticas no es un prófugo en absoluto.
Queda por ver si el Estado, en cambio, es delincuente. Ante el amparo del Consejo General del Poder Judicial (VGJ) concedido fuera de plazo al juez Llarena, el gobierno adoptó una actitud prudente, haciéndose cargo de la defensa del juez en sus funciones estrictamente jurisdiccionales, pero no en las privadas. Parece lo razonable, pero se le ha echado encima el establecimiento judicial y fiscal en bloque pidiendo el amparo sin condiciones porque está en juego, dicen, la independencia de la justicia española. Sí, esa por cuya ausencia la tal justicia española ocupa uno de los últimos puestos en la clasificación de la Comisión europea. Esgrimiendo un convenio de 2010 y varios sofismas, los jueces y fiscales han obligado al gobierno a cambiar su actitud, garantizando la defensa completa del juez Llarena en todas sus manifestaciones. Al margen de la cuestión de si este criterio puede defenderse razonablemente -convenio o no convenio- está claro que el gobierno ha cedido y, donde aplicaba doctrina de Estado de derecho, aplica ahora "doctrina de la Legión": A la voz de “A mí la Legión”, sea donde sea, acudirán todos, y con razón o sin ella defenderán al legionario que pide auxilio. Será muy heroico, pero es delictivo.
El presidente Puigdemont pide a Sánchez una "propuesta concreta para Catalunya". ¿Una propuesta concreta? El gobierno socialista repite que hará una política, con lo que quiere marcar distancias con la famosa judicialización de los anteriores genios. La distancia está; lo que no está es la propuesta. No se sabe qué quiere decir "propuesta política", fuera de unos brumosos conceptos manejados al comienzo acerca de un referéndum futuro sobre una propuesta que tuviera el ochenta por ciento de apoyo. Nada menos.
La reunión de Los Quintos de Mora no parece haber parido idea alguna nueva para Cataluña. Sánchez ha hablado mucho de su "proyecto para España", que define como más justo y solidario, igualitario y feminista. ¿Quién va a negarse a tales deseos? Pero de Catalunya, nada que no sea la "normalidad" solo existente en su imaginación. No es normal que se le pida una propuesta concreta para Catalunya y carezca de ella. Y eso, mientras hay presos y exiliadas políticas. Así que, con ánimo constructivo, Palinuro recomienda al gobierno que, si no se le ocurre nada para mejorar la situación, al menos no la empeore tolerando el avance del fascismo en las calles de Catalunya, claramente fomentado desde C's y organizaciones afines. No puede ser que se utilice la falsedad para criminalizar el independentismo y hasta un ministro del gobierno dé pábulo a esas mentiras que tratan de provocar.
Hoy se reúnen en Waterloo los dos presidentes de la Generalitat en el interior y el exterior para coordinar las acciones de la rentrée. Toda la atención pública está puesta en los preparativos de la próxima Diada. No cabe duda de que será la piedra de toque de lo que sucederá después en el primer aniversario del 1-O, cuando los catalanes ganaron el derecho a un Estado propio.