viernes, 13 de julio de 2018

Hemos ganado una batalla; aún no la guerra

Antier decía Palinuro (Puigdemont el rebelde) que era preciso esperar la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein, a punto de hacerse pública, como sucedió ayer, causando un sismo en España, altísimo en la escala Richter. Hasta los cimientos quedó destruido el fabuloso castillo de arena edificado por Llarena. Se aventuraba una decisión positiva para el independentismo, como ha sucedido, pero, por mor de la prudencia, se aconsejaba esperar a saber el sentido exacto ya que de este dependería en gran medida el curso de la acción posterior en cumplimiento del mandato del 1-O. La enteca reunión de La Moncloa y la cerrada negativa de Sánchez, obligaba a una reacción de la Generalitat, pero era imprescindible conocer la decisión de la justicia alemana para orientarla.

Y ya está aquí. Y es positiva; mucho más de lo que parece a primera vista. Tiene razón el reaparecido Puigdemont en cantar victoria; y victoria en una batalla decisiva, quizá la más decisiva de todas. Pero es una batalla. La guerra sigue. La táctica (la internacionalización) ha triunfado; el objetivo estratégico está más cerca. Pero no está. Los presos siguen en las cárceles, los exiliados siguen exiliados y Catalunya no ha conseguido aún el reconocimiento como la República independiente que dice ser. 

Sin olvidar este dato, desde luego, la victoria ha sido un verdadero terremoto. Todo el aparato español de la Justicia ha quedado por los suelos. Aparte de descaradamente política, la instrucción de Llarena ha sido un cúmulo de disparates que, al encontrarse una respuesta exterior en el mismo terreno judicial, abre ahora un auténtico océano de hipótesis a cuál más dañina para el escaso prestigio de los tribunales españoles y la mermada capacidad política de los gobernantes. Los tiempos próximos serán como películas de suspense en las que se plantearán situaciones espeluznantes:

- Si no hay delito de rebelión/sedición y solo de malversación, ¿qué hacen en la cárcel las presas políticas que no están acusadas de ese delito? ¿Se puede juzgar a los otros por rebelión? ¿Se puede seguir manteniendo la suspensión de Puigdemont? ¿Puede, como parece que quiere, el Tribunal Supremo retirar la euroorden o dejar de acusar a Puigdemont de rebelión/sedición? ¿Qué sucede si tampoco hay malversación? ¿Qué contará el juez Llarena a los magistrados belgas el próximo cuatro de septiembre? ¿O no va a comparecer y va a declararse en rebeldía? Estos y otros cientos de preguntas tendrán entretenido al amable público.

Aunque no es posible disimular el bofetón alemán al juez español, por extensión, a la judicatura española y por más extensión, al Estado de derecho español. Esta brizna es lo único que parece mover al gobierno, la cuestión de la imagen. ¿Cómo?¿Que España no es un Estado de derecho en todo comparable (o incluso superior) a la Gran Bretaña? Este gobierno saldrá a luchar una vez más contra la malvada leyenda negra. De hecho, ya la han mencionado. Y en Bélgica, nada menos. Son unos genios. 

Están tan histéricos que rozan el esperpento. Ayer Rivera y González Pons echaban pestes contra Europa y pedían salir del espacio Schengen. Las estupideces acaba siempre pagándolas la gente. Antes, el señor Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, se cubría de gloria pidiendo al gobierno que interfiriera en un proceso judicial en otro país por razones políticas y el gobierno añadía gloria a la gloria comprometiéndose y poniéndose a ello. No conozco las reacciones de Vox, la SCC, o los locutores más agresivos del fascio nacional pero las imagino: desde el Santiago y cierra España a los tercios de Flandes.

Especialmente enternecedora, la de Sánchez. En su partido reina un silencio pesado como el betún. A los militantes la decisión les ha sabido a cuerno quemado porque son todos unionistas a machamartillo, aunque no se atreven a decirlo y tienen que fingir afición por fórmulas federales, sospechosamente disgregadoras. Sánchez tampoco se atrevió a decir, como los del PP y de las JONS que era una afrenta a la soberanía y la dignidad de la nación. (Eso de la "dignidad" había que escucharlo al tiempo que el público se enteraba por la amante del rey de lo que el rey hacía con la amante), pero su decepción era patente. Torra no es Le Pen y Puigdemont no es un rebelde en rebeldía. Cualquier día de estos va a suceder que los políticos presos eran presos políticos. Por eso se ha reducido ladinamente a decir que lo importante es que sean juzgados en España.

En primer lugar, no se ve por qué y, en segundo, y más hilarante, es posible que no sea juzgado no ya Puigdemont sino ninguno de ellos/as; ni en España ni en la Patagonia. No hay causa judicial; no la ha habido nunca. El mismo Sánchez decía no ha muchas lunas que había sido un error "judicializar" el proceso. Lo tiene fácil: retire las acusaciones y cese la represión de todo orden, judicial, administrativo, mediático, etc.

Y ¿por qué el resultado ha sido más positivo de lo que parece? Porque, dejando en libertad a Puigdemont y con margen de maniobra, no lo hace por un tiempo indefinido, sino tasado: hasta el fallo del Supremo alemán en cuanto al recurso sobre la malversación. Dado que el propio Llarena admite que no tiene pruebas del delito, es poco probable que la acusación prospere. Pero nunca se sabe con la justicia humana, aunque, desde luego, mucho más que con la divina. 

El tiempo es tasado y, por tanto, la acción urge. Al margen de la política cotidiana, que no puede ser desatendida, y de los resultados de las negociaciones en las distintas comisiones bilaterales en las que hay que trabajar y al margen también de las medidas de ruptura más o menos simbólica que puedan aplicarse, las dos cuestiones esenciales del independentismo, los presos políticos y el referéndum, recibieron sendos "no". A la vista de lo cual, la única reacción razonable es implementarlas directamente. En el caso de los presos no es posible, salvo que se quiera provocar un incidente de violencia armada. Queda el referéndum, porque una declaración parlamentaria formal de independenia, sobre ser reiterativa, no conseguiría, en principio, el elemento esencial del reconocimiento exterior. 

Una base más amplia para conseguir algún tipo de reconocimiento exterior vendría dada precisamente por un referéndum de autodeterminación. La iniciativa es del independentismo y la forma y tiempo del referéndum, también porque, entre otras cosas, puede presentarse como unas elecciones autonómicas anticipadas. Aunque no parece necesario. Será un referéndum y así conviene llamarlo desde el principio. La desobediencia empieza con los nombres mismos.