Mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado El país veí es rearma, dando cuenta de los primeros nombramientos que ya alumbraban el lunes: Borrell, Batet, Robles, Ábalos. El mensaje, como se dice hoy, era de dureza sobre todo hacia Catalunya. Venía alimentado por el juicio furibundamente antiindependentista de Sánchez, que repite como un loro las falacias derechistas sobre el proceso porque, en realidad, las comparte.
La composición por entero del gobierno, conocida ayer, confirma dos predicciones: gobierno de notables y beligerancia antiindependentista ampliada a antivasquista. Vuelven los "jóvenes nacionalistas españoles" del 82, algunos peinando canas pero con similar ímpetu nacional patriótico. Lo de los notables levantará algunas ampollas entre los fieles militantes que se sientan relegados, pero ese es asunto menor. Lo grueso es la contumaz e incrementada agresividad frente al independentismo y el mantenimiento de la política represiva y autoritaria de la derecha. Con Grande Marlaska es seguro que no se derogará la ley Mordaza. Algunas injusticias claman al cielo. Los presos políticos catalanes preventivos están sometidos a la política de dispersión mientras que, según parece, algunos miembros de la manada, condenados, son trasladados cerca de sus familias. Este no es un gobierno de diálogo sino de mantenimiento de la situación colonial en Catalunya contra toda razón y justicia.
Maravilla la obcecación del nacionalismo español. Al substituir al gobierno de la derecha pero solo para demostrar que tiene aun menos contemplaciones con el Estado de derecho, el PSOE destroza el último argumento que podía esgrimir en Europa para evitar el apoyo de esta a la causa independentista: el de que el conflicto no es una cuestión de Estado, sino una simple desavenencia de partidos.
A continuación, el texto castellano:
El país vecino se rearma
Rajoy ha caído por una moción de censura que prosperó gracias a los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos. Estos últimos aun negociaron una contrapartida en la promesa del PSOE de no tocar los presupuestos. Los catalanes no exigieron nada a cambio. Se tomaron el voto a favor de la moción de censura como una “obligación moral”, lo cual habla mucho de su sentido de Estado, aunque no esté claro de qué Estado se trate.
El voto a favor ha permitido al reino de España librarse del gobierno del partido más corrupto e incompetente de Europa, una verdadera organización de malhechores que ha expoliado el país. Lo que parecía mentira se ha producido: Rajoy se va como vino, mintiendo, engañando y dejando tras de sí la peor ejecutoria de un presidente español. Realmente, el independentismo catalán ha hecho un favor a España en su pretensión de ser admitida en el seno de los Estados democráticos europeos.
Lo que está por ver es si también se lo ha hecho a Catalunya. Durante los preparativos de la moción de censura, algunas voces críticas señalaban que el independentismo no debía votar a favor ya que interesaba más la continuación de la banda de malhechores por el conocido efecto de “cuanto peor, mejor”, una de esas paradojas que M. Rajoy era incapaz de entender y de reproducir. Al final, prevaleció la idea de la “obligación moral” y se votó por facilitar un cambio, un relevo, incluso una “regeneración” en España.
Lo lógico sería esperar una actitud correspondiente de la parte española. No ha habido tal. Los beneficiarios de la moción, PSOE y Podemos, mantienen la ficción de que la ganaron ellos, no deben nada a nadie y actúan en consecuencia, lo cual es lógico pues los independentistas señalaron repetidamente que no votaban a favor de Sánchez sino en contra de Rajoy.
Pero entre ellos mismos, los partidos españoles se ajustan las cuentas. PSOE se alza en solitario como vencedor con sus 84 diputados y excluye del gobierno a Podemos quien pasa por la humillación de instalar y apoyar al PSOE, el partido al que pretendía desplazar. La oferta socialista de integrar a los morados en puestos segundones de la administración es una afrenta más a una organización que tiene más narcisos que militantes.
El gobierno que presenta Sánchez Castejón trae un espíritu confusamente regeneracionista para el Estado y claramente nacional-español para Catalunya y hasta beligerante con ella. En el aspecto general, los propósitos son etéreos y acompañados de las habituales buenas palabras: reformas, progresismo, igualdad, paridad, ecologismo, derechos, etc. En qué medida se concreten es un imponderable dependiente de la debilidad parlamentaria del gobierno.
En las relaciones, España/Catalunya, en cambio, el espíritu está muy definido y las primeras medidas y gestos apuntan a un endurecimiento de la actitud del gobierno del Estado y una continuación de las políticas del PP hasta hacer realidad el obtuso propósito de este de descabezar el movimiento independentista.
Es decir, el país vecino, España, no solo no agradece a los diputados independentistas el gesto de permitirle contar con un gobierno que no sea una banda de ladrones, sino que se apresta a combatir en contra de sus aspiraciones. La base ideológica de este “resurgimiento” del nacionalismo español sedicentemente de izquierda aparece de continuo en las cavilaciones ideológicas de Pedro Sánchez: el independentismo divide a la sociedad catalana; debe cumplir la legalidad vigente; se hará alguna reforma constitucional para mantener a Catalunya dentro del Estado español; se buscará alguna solución “política” al conflicto; se reformará el Código Penal para convertir en delito el independentismo; en España no hay presos políticos y el señor Torra es como Le Pen. El mismo razonamiento que el PP.
Con ese planteamiento ideológico catalanófobo, nada de extraño que las primeras medidas del equipo de Sánchez lleven ese cariz profundamente anticatalán: se mantendrá la intervención de la Hacienda de la Generalitat, los presos políticos seguirán de rehenes del juez Llarena (quien, por cierto, ha sido llamado a declarar por la justicia belga) y se nombra ministro de Exteriores a un catalán agresivo españolista próximo al sector de Societat Civil Catalana, una organización vinculada a la extrema derecha.
El gobierno cuenta con la división del Parlamento para llevar adelante esta política en dos territorios opuestos mediante la “geometría variable”, pactando con los reaccionarios PP y C’s las medidas contra Catalunya y con la izquierda de Podemos y los independentistas catalanes las medidas reformistas y progresistas.
Lo cual está muy bien pero olvida un dato crucial: solo cuenta con 84 diputados y sigue necesitando los votos independentistas para aprobar cualquier medida que no sea contra Catalunya. Las medidas contra Catalunya saldrán de la abrumadora mayoría nacional-española que ha sostenido hasta ahora el 155. Lo que hay en España hoy es un relevo de un gobierno anticatalán de derecha por otro igualmente anticatalán de sedicente izquierda.
