Sánchez ha asegurado repetidas veces que la judicialización del procés fue un error. A la vista está. Y más que un error; un crimen, al menos moralmente. Pero él salva su conciencia como Poncio Pilato, afirmando que el asunto no está en su jurisdicción sino en la de los tribunales y que España es un Estado de derecho, con división de poderes y otras hablillas tuiteras. Cuanto más tarde en zanjar este asunto del modo en que se inició, políticamente, peor será luego.
Es de sobra conocido que el derecho penal del enemigo no es derecho penal ni la justicia del enemigo es justicia. Tan conocido que da vergüenza cómo se está aplicando aquí, con qué saña, con qué espíritu arbitrario, ejemplificador, en definitiva, atemorizante. Con qué afán perseguidor. Es imposible que Sánchez no vea el lodazal represivo en que está metiendo al país de la mano de unos jueces movidos más por la inquina, la furia y el rencor que por la justicia.
Dos días da el juez a los procesados para depositar dos millones cien mil euros, en el mismo país en que Urdangarin ha estado paseándose con una condena firme y no es seguro siquiera si depositó fianza alguna; en el país que deja en libertad con fianzas ridículas a ladrones de fortunas, violadores y estafadores. Y el impago viene advertido con amenaza explícita de embargo de patrimonios. Es un tipo de represión complementaria al que recurre mucho la derecha por costumbre y tradición: arruinar al adversario, condenar a la indigencia a sus descendientes. Penas pecuniarias, querencia habitual de los represores.
¿Acaso no es el independentismo catalán un movimiento transversal? Y eso, ¿no quiere decir que, además de los pringaos radicales de turno, también están los burgueses y la gente de posibles? Pues que paguen por sus desmanes. Medidas represivas ejemplificadoras para castigar a los adversarios y sembrar un saludable terror en el resto de la sociedad. Es la culminación de la política iniciada por el gobierno anterior: aplastar judicialmente el movimiento independentista. Emplear a los jueces en lugar de los militares pero con el mismo sentido partidista e instrumental de siempre: valerse de una institución del Estado (el ejército, el poder judicial) para imponer su particular visión del país, coincidente siempre con sus intereses materiales. Ese es el marrón que Sánchez está comiendo como herencia del PP administrado por los jueces. Aunque no tengo claro si el propio Sánchez lo considera un marrón o un reconstituyente. Nunca se sabe.
En todo caso, debajo de la ilustración están los números de las cuentas corrientes para ayudar a recaudar los fondos necesarios para depositar la fianza. Espero que alcancemos la exagerada cantidad que se ha impuesto y si, como espero, se consigue habrá que extraer las debidas enseñanzas. Explicar qué significa que se logre el objetivo por cuestación popular en 48 horas.
Significa que Catalunya es una nación sólida pero, injustamente, carece de un Estado que la proteja de la "justicia" del enemigo, o sea, de la tiranía.
