Sigue sin estar claro si el gobierno se atreverá a exhumar a Franco y llevarlo a otro lugar. Los ministros discrepan, azorados. Tocar el Valhalla de la dictadura es mucho atreverse. Y verse en la obligación de hacer algo con este horror moral y estético debe de producir escalofríos. Aparte del recelo mítico está la cuestión de los muertos. En Occidente se ha perdido la tradición del culto a los difuntos que, sin embargo, forma parte de sus raíces culturales. En la antigüedad los muertos debían ser honrados y enterrados, so pena de que vagaran por el Hades eternamente. Los romanos los propiciaban bajo la forma de los dioses manes. Algo de esto queda. No al extremo de que se hagan libaciones en honor a los difuntos, pero sí lo suficiente para que nadie admita como justa una situación en que hay decenas de miles de muertos que no están enterrados dónde y cómo debieran.
El franquismo es doblemente deudor a los españoles: una vez por los caídos sepultados en la basílica sin permiso de nadie y otra por los asesinados y enterrados de cualquier forma en cunetas o fosas anónimas. Eso es también lo que hay que decidir, aparte de llevarse los restos del genocida a cualquier otro lugar. Y no se apuren por el emplazamiento: no hay riesgo de que se convierta en lugar de peregrinación.
Las bandas franquistas habituales se han hecho oír por varios medios, protestando muy indignadas y amenazando de muerte a quienes osen tocar un hueso de su caudillo. Forma parte del espectáculo y no hay que prestar mayor atención. Al fin y al cabo, hasta los beneficiarios directos de la dictadura admiten que esa mole ridícula, ese monumento a la tiranía nacional-católica, carece de sentido. Con Franco, por cierto, debe irse la cruz, que es un atentado a la naturaleza, al paisaje, al skyline, que dicen los viajados.
Sin duda, sacar a Franco de su tumba tieneun gran valor simbólico, aunque muy tardío. Pero tal cosa es el inicio de una actividad más amplia: hay que ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco y cualesquiera otras asociaciones y organizaciones cuyo objeto sea embellecer la memoria del genocida. La activación de la Ley de la Memoria Histórica, esa que el franquista M. Rajoy dejó de aplicar, debe acelerarse y ampliarse a todos los aspectos de reparación y justicia postransicional que han estado abandonadas.
Pero, sobre todo, hay que proceder en el campo práctico. El Estado debe vigilar las bandas franquistas de todo pelaje en sus actuaciones, casi todas ellas concentradas en Catalunya; investigar si cuentan con ayuda directa o indirecta de organismos del Estado o en ellas participan miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o militares, como en el caso de La manada. El gobierno tiene que poner coto a la impunidad franquista en las calles.
Es a los franquistas a quienes hay que aplicar ese código penal que Sánchez quería reformar para perseguir a los independentistas. Con los franquistas lo tiene más fácil. No es preciso reformar el código penal.
Basta con aplicarlo.
