Aquí mi artículo de elMón.cat de hoy.
Ya sé lo que pretenden los indepes con tanto dar vueltas a las cosas y marear la perdiz: exactamente eso, marear la perdiz hasta que los del B155, que no tienen mucho más cerebro que estos simpáticos faisánidos tiren la toalla o empiecen a pegarse entre ellos. En el gobierno está visto hasta la saciedad. Inteligencia, cero; pura fuerza bruta y las memeces de la vicepresidenta que se cree Kelsen. En la judicatura, según va viéndose, algo parecido. Los autos de los magistrados no solo revelan un fanatismo nacionalista típicamente franquista, sino también una preocupante carencia de sentido jurídico y también de sentido común. La lectura parece un viaje al pasado, cuando los "jueces" franquistas aplicaban las "leyes" de Franco. Exactamente igual que hoy. El Supremo mira al Constitucional y el Constitucional manda la patata calienta al Supremo y ambos menean la cola en espera de la decisión del amo-gobierno.
¿Qué gana con esto el independentismo? Mucho. De entrada que, al no investir candidato, los jueces (o los comisarios del gobierno que pasan por tales) no saben a quién detener y procesar ni inventándose lo delitos. El gobierno tampoco sabe a quién apalear en la calle aunque esto le da igual pues, como el católico Arnaud Amaury en la masacre de Béziers, ordena aporrear a todo el mundo, que ya Dios distinguirá a los suyos.
Buena táctica. "Fabiana" había dicho Palinuro hace unos días. La táctica de Quinto Fabio Maximo en la segunda guerra púnica: evitar el combate y esperar que el enemigo se canse, pierda los nervios o haga cualquier tontería. Justo lo que se espera que, con algo de suerte, haga el gobierno español de la Gürtel que tendrá que aprobar el presupuesto como sea y no lo conseguirá si sigue con el 155 pues el PNV pone como condición su retirada para aprobarlos. En fin, todo sea que no los apruebe con el voto favorable del PSOE.
Aquí la versión castellana del artículo:
Prueba de fuerza o resistencia
Propuesto Sánchez para la investidura, se abren dos vías, la política y la judicial, que se condicionan mutuamente. La decisión de la mesa del Parlament es política, en uso de sus atribuciones. Frente a ella, el gobierno, dentro de las suyas y también en respuesta política, no permitirá a Sánchez ser investido porque es independentista y no le cae bien. Al tiempo, confía en que el Tribunal Supremo, en vía judicial, prohíba al propuesto personificarse en el Parlamento para la investidura. Hace bien en confiar. Los tribunales españoles aplican la justicia que place al príncipe, pues su idea de la división de poderes coincide con la del Rey Sol para quien los jueces eran poco más que chambelanes, como estos de aquí.
Si el juez Llarena, en uso de su lata, y por ello mismo arbitraria, discrecionalidad, prohíbe a Sánchez desplazarse al Parlament, estará violando no política sino judicialmente su derecho de sufragio pasivo y puede que delinquiendo. Sin duda el gobierno tiene una razón política poderosa para oponerse a la investidura de Sánchez, como hemos dicho, que se trata de un independentista y le cae mal porque, entre otras cosas, es un hombre honrado. Pero nadie sabe qué razón jurídica aducirá el juez Llarena aunque no sería de extrañar que niegue el permiso a Sánchez con alguno de esos alambicados sofismas que utiliza en sus pintorescos autos.
También entra en lo imaginable que, temeroso de las consecuencias judiciales posteriores de sus actos, Llarena deje la política y vaya por lo jurídico para evitarse querellas permitiendo la investidura de Sánchez. En tal caso, el gobierno retornará a la vía política, recurriendo la investidura ante el Tribunal Constitucional, que ya se ha apresurado a abominar de Sánchez porque es un órgano mucho más afín aun que el Supremo a los anhelos del gobierno ya que se trata de un tribunal que de tribunal solo tiene el nombre.
Sea cual sea el órgano que disfrace de judicial la arbitrariedad y el capricho del Gobierno de la Gürtel y el 155, es claro que la decisión dará pie a una querella de la mesa del Parlament por violación de los derechos civiles de los candidatos electos. Según algunos, se trata de una estrategia del independentismo para conseguir afianzar sus posiciones, abriendo un compás de espera hasta la decisión del Constitucional sobre el recurso contra las medidas cautelares que impedían la investidura telemática de Puigdemont.
Tratándose de un Estado democrático de derecho, esta actitud de cuestionar judicialmente una arbitrariedad política sería acertada. Tratándose del Estado español de la dictadura del 155, en el que las medidas judiciales son tapaderas conscientes de posiciones políticas de partido, está condenada al fracaso porque su resultado final viene predeterminado: ratificar por la vía “judicial” la arbitrariedad política.
Es cierto que la vía judicial debe emplearse y llegar con ella hasta donde se deba, incluido el ámbito europeo. Pero también lo es que implica aceptar los presupuestos ilegales de la sedicente “legalidad” española en Cataluña, impuesta por el 155 y, por lo tanto, socavará las posibilidades de implementar la República Catalana. La “legalidad” española y la constituyente catalana son incompatibles y cuanto más se embarranque el problema en las triquiñuelas procesales en las que el partido de la Gürtel y sus ayudantes judiciales del 155 son expertos, más incompatibles serán.
Se mantendrá así una situación de espera en la política catalana justo cuando todos coinciden en la urgencia de poner en marcha las instituciones republicanas, entre otras cosas porque sigue habiendo cuatro presos políticos que son rehenes del nacionalismo español más agresivo. En consecuencia, el independentismo deberá poner en marcha las dos vías al mismo tiempo: la judicial, querellándose contra las decisiones injustas de la judicatura u órganos asimilados y la política, invistiendo un presidente legítimo que implemente la República Catalana de modo efectivo y que habrá de ser Carles Puigdemont o persona en la que este delegue.
La República Catalana no cuenta más que con sus propias fuerzas. Es duro decirlo, pero queda excluido todo apoyo de la izquierda española, tanto de la dinástica (PSOE) como de la sedicentemente republicana (Podemos), al igual que toda posibilidad de apoyo de esa izquierda española en sus versiones catalanas de PSC o Comuns. Esta situación es la que hace que la conservación de la unidad del movimiento sea una exigencia de supervivencia. El reciente debate sobre si “ampliación” o “profundización” del independentismo solo será aceptable si no rompe aquella unidad. Si, por la razón que sea, la unidad se rompe y la clase política independentista deja en la estacada un inmenso movimiento popular republicano que, por primera vez en la historia, puede alcanzar su objetivo, la disyuntiva será inevitable: se acepta un retroceso de cuarenta años a los del “café para todos”, o se va a nuevas elecciones con lista única de país, como ya se debió de hacer el 21 de diciembre pasado.
