Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Las instituciones y las conviciones. Sí, una paráfrasis de la dualidad de Francesco Alberoni, Movimiento e institución, con más sentido político y menos histórico. El resumen resumidísimo, azoriniano y gracianesco al tiempo del artículo es sencillo: las instituciones de la Monarquía española no aguantan el movimiento independentista. Le crujen las cuadernas y en cualquier momento se irá a pique con toda su tripulación de ratas diputadas con sus estratosféricos sueldos de seis, siete, ocho mil euros al mes (más canonjías, privilegios, subsidios, enchufes y regalos) en un país en el que muchos niños y viejos pasan hambre, los jóvenes no pueden siquiera emanciparse y una clase política de ladrones y sinvergüenzas parasita los recursos de todos, los roban y se los entregan a la banca. Y he dicho el movimiento independentista, el único capaz de hacerlo. Los demás, todos los demás, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) viven de un sistema corrupto que los ha alzado en donde están por su insuperable incompetencia y colaboran con él, unos porque son él mismo y otros porque no saben nada mejor que hacer.
Ayer, la podrida nao de la monarquía borbónica (esa que entusiasma al "republicano" Pedro Sánchez), chocó con el escollo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que decidió que quemar la bandera del propio país no es delito y está amparado por la libertad de expresión. Eso ya lo había dicho en 1989 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso Texas v. Johnson. La enmienda primera de la Constitución (free speech) entre otras cosas, protege el derecho de los ciudadanos estadounidenses a quemar la bandera nacional en público.
En Estados Unidos. En 1989. Hace casi 30 años. Y en Europa, ayer.
Pero no importa: la gran nación española de Emepuntorajoy, Neoprimo de Rivera y el repunárquico Sánchez, prodigio de modernidad y libertades, sigue sosteniendo que insultar a esto, aquello, lo otro o lo de más allá que estos tres cantamañanas respetan es un delito.
Así que en España sigue siendo delito decir lo que se piensa, como en tiempos de Quevedo y la Inquisición, con jueces siervos del poder despótico y políticos que, si no son ladrones o macarras, son franquistas, o las tres cosas a la vez.
En fin, aquí la versión castellana de la pieza. Y perdón por el desahogo. Espero se entienda que un país que encarcela a Valtonyc, Pablo Hasel, Junqueras, los Jordis, Forn, etc (todos presos políticos) y deja en libertad a Urdangarin, Rato, la Borbona, Albiol, Villalobos, Hernando, etc es basura.
Las instituciones y las
convicciones
Las instituciones tienen una
dinámica; las convicciones, otra. La República Catalana carece de instituciones
y se ve obligada a desarrollarse en el marco institucional del Estado. Por eso,
parecida a la crisálida, no se mueve, no se agita, acepta las imposiciones
institucionales del 155 y aplaza sus convocatorias, en tanto va adquiriendo los
caracteres de la imago adulta a golpe de convicciones.
El independentismo, el movimiento
del que surge esa república, cuyos representantes más eximios están en el
exilio o en la cárcel, es el campo de las convicciones. Son estas las que están
en juego frente a las instituciones del Estado. Por eso, al no poder ir este en
contra de unas instituciones republicanas inexistentes, persigue las
convicciones, las ideas. Por más que quiera disimularse, los presos
independentistas son presos políticos porque son presos de conciencia.
Pedir que acate la legalidad y la
Constitución de un Estado alguien que cuestiona la base misma de legitimidad de
esa Constitución, es pedir lo excusado si todo el mundo se atiene a su palabra.
Se puede decir que si, en verdad, objetar a la legitimidad de una norma es cosa
seria, no puede considerarse como un derecho y menos de una persona o grupo de
personas. Ningún ordenamiento jurídico sobreviviría si los ciudadanos pudieran
decidir libremente si obedecen o no a la ley, según sus convicciones.
Se recuerda entonces que el
cuestionamiento de la legitimidad del orden constitucional no es una manía de
una persona, un grupo o un partido (que podrían serlo) sino una reivindicación
de millones de personas, en Catalunya, prácticamente la mitad de la población y
una mayoría absoluta en el Parlamento. Por eso se ha dicho siempre que la
cuestión no era judicial ni de orden público sino de naturaleza política y de
crisis constitucional, siendo necesario resolverla por la vía de la negociación
política.
No hay otra salida. Si la mayoría
del Parlament rechaza los supuestos
básicos institucionales sobre los cuales está constituido ese Parlament, todos
sus actos serán contrarios a la legalidad vigente e impugnables por naturaleza.
La mayoría del Parlament rechaza la legitimidad de las instituciones españolas
porque la mayoría de la población hace lo mismo. Si los tribunales de esas
instituciones piden a los dirigentes acatamiento a una Constitución que
rechazan, habrán de pedírsela a todos los independentistas y, si encarcelan a
aquellos por razón de sus convicciones, tendrán que encarcelar a todos los que
las compartan.
Condenar unas convicciones no
puede hacerse en nombre del derecho y de la justicia, sino en nombre de otras
convicciones. ¿Cuáles? En este caso, las de los gobernantes, los jueces del
Supremo y la mayoría de la oposición parlamentaria, esto es, las de una idea de
España que todos estos han heredado del franquismo y consagrado legalmente. No
son jueces. Son comisarios políticos a las órdenes del mando. Y comisarios muy
poco duchos en sus tareas judiciales.
Si organizar un referéndum como
el del 1-0 es un delito, votar en él es otro y, salvo negligencia culpable, los
tribunales españoles tendrán que abrir una causa general contra el
independentismo, como hizo Franco con los republicanos. El independentismo es
un delito, como el arrianismo era una herejía. Ese es el nivel de las
instituciones franquistas al que se oponen las convicciones de los
independentistas catalanes que son independentistas, entre otras cosas, por
respeto a la democracia.
Frente a la convicción democrática
del independentismo se da el cerrado franquismo de las instituciones españolas
que heredan –y ejercen- el espíritu de la dictadura, ayer gracias al alzamiento
militar de unos delincuentes; hoy gracias al art- 155 impuesto por otro. En
realidad, la única diferencia entre el franquismo del 18 de julio y el del 155
es que este último también está apoyado por un partido, el PSOE que, en tiempos
de la dictadura, decía estar en la oposición.
No es fantasía, aunque pueda
parecerlo. La respuesta de los partidos dinásticos del régimen (PP, C’s y PSOE)
a la reciente sentencia del TEDH sobre la quema de retratos del rey deja claro
el interés de estos por reconstruir el franquismo en toda su extensión. Y, de
paso, deja claro que, agotada la vía del acatamiento a unas instituciones
tiránicas, solo queda desarrollar las republicanas con la fuerza de las
convicciones independentistas, basada n la democracia y el Estado de derecho
frente a la dictadura del 155.
