Bombardeo de encuestas y portadas de periódicos; declaraciones belicosas de ministras in partibus infidelium; escraches al carrer al presidente del gobierno; horas y horas de debates y tertulias; las redes, saturadas; los tribunales se afanan mezclando lo político con lo jurídico según el dios de Trento les da a entender; los jueces ahuecan la toga machista; los políticos amontonan promesas sin cuidarse de si podrán cumplirlas; los medios han entrado en batalla; la Iglesia ha sacado el anatema; el Rey vigila, aunque no discursee. Las elecciones catalanas se han comido la política española. En realidad, no hay política española.
Hay el 155, que es la antipolítica.
La idea es que el 21D nos jugamos mucho; todo. Y cuando nos lo jugamos todo, todo vale. Hasta llamar elecciones a una competición injusta, claramente sesgada contra algunas de las partes. Una contienda desigual en la que los partidos unionistas tienen plena libertad de expresión y acción y los partidos indepes carecen de ellas por cuanto sus principales candidatos están en prisión o en el exilio. El bloque español tiene el apoyo del gobierno central (que ahora también es gobierno en Cataluña) que en parte lo ejerce a través de la Junta Electoral Central, órgano en el que no hay un solo catalán. La JEC interfiere en la campaña electoral siempre mermando las posibilidades del bloque independentista. Añádase el activismo judicial, que condiciona el proceso.
Los medios sostienen que se apunta a una posible victoria del frente unionista o constitucionalista, como lo llama El País. Al menos en votos, si no en escaños. La imagen que se dibuja: un empate en que ninguna de las dos partes suma mayoría absoluta y la clave estaría en los Comunes. Esto es posible, desde luego, como cualquier otra hipótesis, a seis días de las elecciones.
Una de ellas, y probable, es una mayoría parlamentaria de los indepes. Esa es la hipótesis que los unionistas se niegan a considerar pues de antemano avisan de que el 155 seguirá en vigor. Sin embargo, si se examina la situación más sensatamente, se ve que es la hipótesis más razonable. Más que nada, porque no hay otra. Obviamente, si nadie cuenta con una victoria por mayoría absoluta del bloque unionista, solo se ofrece la prórroga sine die del 155, cosa de la que ya ha avisado Rajoy. Pero esa tampoco es una alternativa, salvo que se quiera dar razón a Agamben (que seguramente jamás pensó llegar a tenerla de modo tan drástico) convirtiendo el estado de excepción en la situación de normalidad.
Resulta así que un gobierno de mayoría independentista, que ha demostrado hasta la fecha capacidad para gobernar y aplicar su mandato aun con la hostilidad del Estado es la opción más razonable para iniciar una gobernación con una negociación con ese Estado. La Generalitat republicana es un gobierno de fiar porque, hasta cierto punto, lo ha sido de un Estado. Cataluña es de hecho un Estado capaz de autogobernarse. La forma concreta que esta situación tenga dependerá del resultado de estas elecciones, tanto más valioso cuanto mayores y más injustos han sido los handicaps impuestos a los independentistas.
