Público ha tenido un curioso lapsus fotográfico. No se le saque punta. Nadie piensa que haya similitud alguna entre Montilla y Zoido. Son seres de galaxias distintas. Pero está claro que hay nervios en todas partes. Hasta en la sala de máquinas.
Si es así que Puigdemont prevé proclamar la independencia y, por ende, la República Catalana, el jueves a las 10:00, la perspectiva es de imprevisibilidad. A las 10:00 vencía el plazo de la requisitoria del gobierno para el retorno a la legalidad de la Gürtel. A las 10:00 empezará a tramitarse en el Senado la aplicación del artículo 155. Lo curioso es que en ningún caso parece el triunvirato nacional español haber anticipado una respuesta y tener prevista una reacción. Puigdemont lo sorprende siempre.
Por ejemplo, todos los cabildeos acerca de la hora y el lugar de la prevista comparecencia del MH son inútiles si hay DI porque, en tal caso, el Fiscal Maza pediría la detención de Puigdemont allí donde se le encontrara bajo la acusación de media docena de presuntos delitos, los más graves del Código. El interesado no llegaría a pisar el noble edificio de la Plaza de la Marina Española, en donde Franco había instalado la sede del Consejo Nacional del Movimiento... nacional, claro.
Si no se declara la DI, seguirá habiendo cierto peligro pero, en principio, sin base jurídica para echarle el guante, Puigdemont volverá libre a su tierra tras haber expuesto por enésima vez sus reivindicaciones y hecho su habitual apelación al diálogo. Pero inmediatamente empezará a moverse la maquinaria del 155.
Y aquí es donde viene la agitación. No porque, PP y PSOE discrepen sobre si unas elecciones paralizarían o no el 155. Eso es indiferente dado que no va a haber elecciones catalanas, como ya han asegurado los indepes. La agitación y el desconcierto arrancan de que, en el fondo, nadie sabe cómo aplicar de modo efectivo el 155 sin provocar una crisis que sería un desastre interno y saltaría las fronteras . Sustituir a unos mandos, cargos, personas por otras puede no ser tan fácil si los substituibles se niegan a aceptarlo. Es obvio que la coerción y todas sus ramificaciones tiene que aumentar y la intensificación de la violencia. Y eso en el contexto de una población muy organizada y muy movilizada en defensa de sus representantes.
Siguen sin entender que no es un problema de orden público sino una crisis constitucional muy profunda que afecta a la organización territorial del Estado y, de rebote, a la Corona.
Una revolución.
