miércoles, 18 de octubre de 2017

Defender la sociedad, la libertad y la independencia

Mi artículo de hoy en elMon.cat. Titulado La clave es la unidad y la movilización pacífica hace referencia al encarcelamiento  de los presidentes de la ANC y Ómnium por una jueza cercana al PP, condecorada po la Guardia Civil y el ministro del Interior y cuyo auto de prisión preventiva sin fianza, según numerosos expertos, se inventa un delito y carece de fundamento jurídico. Ni falta que le hace. La decisión de encarcelar a los dos Jordis es puramente política, adoptada previamente por el gobierno, con ánimo de escarmiento y amenaza. O sea, algo repugnante para cualquier conciencia democrática. Por supuesto, el PSOE apoya esta medida típicamente franquista y mañana, Sánchez irá a Bruselas a embellecer la deriva fascista del Estado español, de la que él ha pasado a ser elemento importante.

¡Qué falta no ya de decencia política sino de simple previsión! Tanto el gobierno franquista como su oposición socialista (cortados por el mismo patrón ideológico) confían en que, encarcelados los jefes de Ómnium y la ANC, el movimiento se desinflará. Creen que los catalanes son como ellos, que solo se mueven si van a sacar provecho material. No saben que han puesto en marcha una maquinaria social, de solidaridad generalizada de los catalanes con estos dos hombres. 

Un movimiento que, en contra de lo que piensan estos políticos españoles de vía tan estrecha como su espíritu, no se detendrá hasta convertirse en una marea nacional-catalana que, aparte de rescatar a los dos Jordis será uno de los pasos de la nueva República Catalana.

Aquí el texto castellano.

La clave es la unidad y la movilización pacífica

No falta ni un elemento en el proceso de fascistización del Estado y la conversión del régimen del 78 en una dictadura disimulada con un bipartidismo corrupto. No se encuentra otra vía civilizada para tratar la cuestión catalana. Cuenta con el apoyo activo del PSOE, de la oligarquía, de la Iglesia y el pasivo de la otra izquierda española y la inhibición de la UE.

No queda nada de los principios del Estado social y democrático de derecho de la CE. El Rey, cuya legitimidad es más que cuestionable, está por encima de la ley, pero no del partidismo político. En su reciente mensaje respaldó la política represiva del partido del gobierno, se puso de su lado, amenazó a la otra parte del conflicto e ignoró la suerte de las víctimas inocentes.

El Tribunal Constitucional es un órgano político al servicio del poder, convertido contra toda justicia, en ejecutor de sus propias sentencias mediante una reforma inconstitucional por él avalada. Este órgano que arrastra un desprestigio de años, ha anulado la Ley del Referéndum catalana, con la misma rapidez con que muestra su complicidad con los intereses del gobierno.

La jueza de la Audiencia Nacional (versión actual del TOP de Franco), persona con una carrera política partidista y recientemente condecorada por la Guardia Civil y la Policía Nacional, ha encarcelado a dos dirigentes sociales populares catalanes. La decisión, de fundamento jurídico dudoso, pretende alimentar la política de provocación del Estado en Cataluña para conseguir una reacción violenta que justifique otra jornada de vandalismo policial en el Principado.

No es extraño que, según la Comisión Europea, España esté a la cola de Europa en materia de independencia judicial. A la cola es poco. El poder judicial está al servicio del gobierno y de su partido que tiene más de 700 imputados en procesos penales por delitos de derecho común.

En el Parlamento hay una coalición nacional-española de hecho entre el PP, el PSOE y C’s que bloquea la cámara y la convierte en un remedo de un órgano legislativo y de control. Su sola función es respaldar al gobierno en su política de imposición y arbitrariedad.

Los medios de comunicación están a las órdenes del poder político . Tanto los públicos como los privados son instrumentos de propaganda, tergiversación y manipulación especialmente en lo que se refiere a Cataluña. También los emplea en montajes políticos en campañas de guerra sucia contra sus enemigos políticos. Según el estudio Reuters de la Universidad de Oxford, estos medios son de los menos creíbles de Europa y del mundo. Si los españoles quieren informarse tienen que recurrir a alguna (escasa) prensa digital, los medios extranjeros y, sobre todo, las redes sociales. Por eso el gobierno de la derecha pretende acometer una “regulación” de la libertad de expresión en las redes. Esto es, suprimir la libertad de expresión en lo digital, igual que su “Ley Mordaza” era una ley contra la libertad de expresión.

Con arbitrariedad del poder ejecutivo, sumisión del poder judicial, irrelevancia del legislativo, servilismo de los medios de comunicación, apoyo de la oligarquía financiera y de la Iglesia católica, España no es un Estado social y democrático de derecho, sino un régimen despótico de filiación franquista. Lo social fue eliminado de un plumazo con el programa neoliberal del PP de corrupción y saqueo del país. Lo democrático, fulminado cuando se apaleó a la población catalana por el hecho de votar. Lo de derecho ha terminado de desaparecer con el encarcelamiento de dos dirigentes populares por motivos políticos.

Mientras se resuelve el contencioso epistolar entre el gobierno de España y la Generalitat, el Estado no dejará de provocar al independentismo para ver si consigue destruir su base popular, política y moral. Para ver si, con ayuda de sus comparsas seudosocialistas, lo pone a su bajo nivel franquista para tener un pretexto y atacar con eso que sus criados intelectuales llaman “violencia legítima” del Estado y no es otra cosa que fascismo marca España.

Por eso, la respuesta del independentismo catalán será siempre la misma: resistencia democrática y pacífica frente a la arbitrariedad y la tiranía y, sobre todo, mantenimiento de la unidad de acción a toda costa. A toda costa quiere decir a toda costa mientras el objetivo estratégico esté pendiente. Es el mensaje que han dejado los dos Jordis al entrar en prisión y el que sin duda iluminará la acción de la sociedad catalana en su respuesta a las cada vez más histéricas tarascadas de un Estado en proceso acelerado de fascistización. Y al que la gente da apoyo masivo en las calles. Cuando el Estado comprenda (o, lo más fácil, le obliguen a comprender) que no puede bloquear la voluntad mayoritaria de una población que expresa su desobediencia a la tiranía pacífica y democráticamente, la República Catalana, ya proclamada de hecho el 3 de octubre, será una realidad de derecho.