Dado lo proceloso de las relaciones políticas y, en especial, las relaciones políticas internacionales, cualquiera entiende que la embajadas son lugares con una gran flexibilidad en el ejercicio de sus competencias. Con vistas en el interés del país que se representa, no es conveniente delimitarlas estrictamente para que puedan ajustarse a situaciones imprevistas. Hay que admitir que las embajadas, órganos políticos, dispongan de discrecionalidad en la interpretación de sus funciones. Pero seguro que entre estas no está la de dar albergue vacacional al ministro de Exteriores y menos poner a su disposición medios públicos (coches, chóferes) para ir de compras, de copas, de cenas o de lo que sea.
Conviene recordar que los dineros que financian estas dedicaciones no proceden de la embajada. Proceden del Estado; o sea, de todos. Somos los contribuyentes quienes financiamos estos dispendios y, en general todos los gastos producidos por la infinita serie de casos de corrupción directa o indirecta, o de abusos de poder, o de uso indebido de los recursos públicos. Los ciudadanos deben entender que, cuando se produce un caso de estos es como si el gobierno les metiera personalmente la mano en el bolsillo.
Con estas autoridades es imposible saber si Dastiz dimitirá o no. Probablemente, no. O quizá se haga como con dos ex-colegas suyos de gabinete, Wert y Soria quienes, pillados en un caso de financiación poco presentable de unas vacaciones con cónyuges, dimitieron al poco tiempo, pretextando otros motivos.
Insisto, mientras la ciudadanía no entienda que exigir una recta y trasparente gestión de los dineros públicos, y responsabilidades cuando no se hace no solo es un derecho sino un deber, los corrruptos seguirán ganando elecciones.
