El tono trágico de El País condena a la oscuridad las propuestas novedosas de la Ejecutiva del PSOE, que tampoco son tan novedosas y, además, creo entender, han de pasar a consulta de las bases, siendo así que el tiempo apremia.
El debate se centra en el significado de la abrupta remodelación del Govern. Las interpretaciones son muy variadas. Rajoy, los partidos nacionalistas españoles en Cataluña y, obviamente, El País, coinciden en entonar un gori-gori de difuntos. “A la desesperada” suena un poco como Los últimos de Filipinas o, para no acudir a un ejemplo incómodo, Murieron con las botas puestas. La crisis de gobierno prueba que este está en las últimas.
Del lado independentista la interpretación es la inversa: racionalización del gobierno de la Generalitat, cohesión y reafirmación personal y colectiva de ir hasta el final suceda lo que suceda. Hay aquí un tono solemne que recuerda lejanamente el episodio de los burgueses de Calais, durante la Guerra de los Cien Años y vuelto a inmortalizar después por Rodin. Y aunque no precisamente por la dureza de rasgos rodiniana, Junqueras personifica ejemplarmente la imagen popular del burgués. El burgués de Calais, presto a inmolarse por la libertad de los suyos.
El clima actual en España muestra un grado de conflictividad muy alto. El gobierno y sus instancias adyacentes, lejos de buscar soluciones negociadas a los conflictos, parecen más interesados en encenderlos e ir a una confrontación directa, utilizando todos los medios, incluso los excepcionales. El poder solo se dirige a la Generalitat para amenazar. A veces con resonancias castrenses, cuando toma la palabra la ministra de Defensa, otras con consecuencias económicas personalizadas, como esa intención de ir contra el patrimonio de los responsables independentistas, una verdadera pena de confiscación (tras la proscripción) tanto más odiosa cuanto que quiere castigar a las generaciones venideras.
Las amenazas se materializan de forma creciente. Esa visita de la Guardia Civil al Teatro Nacional de Catalunya es un paso más en el acoso al ejercicio de los derechos y libertades públicas.
Se crea así un estado de tensión muy grande por cuanto se pretende coartar el ejercicio de un derecho que reclama el 80% de la población a base de criminalizarlo. La cuestión es cuánto se puede criminalizar y perseguir un movimiento antes de que haya un estallido social.
Una huelga general en Cataluña, por ejemplo.
O, por seguir la vía parlamentaria, una decisión final. Si el gobierno de la Generalitat es inhabilitado, es probable que el Parlament apruebe una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por mayoría absoluta.
Para hacer frente a todo eso, las amenazas, las persecuciones judiciales, las policiales, los hostigamientos, parece razonable fortalecer el Govern, tanto si se hace “a la desesperada” como si no. Cualquiera lo haría. La cuestión es si se cumple o no el vaticinio del bloque nacionalista español de la muerte del proyecto independentista.
Desde el punto de vista de los indepes es claro que no y para eso precisamente están preparándose, para no morir. Desde una perspectiva desapasionada, uno diría que la posibilidad de la muerte no es descartable en el humano quehacer. Pero añadiría que, de morir, estos morirán matando.
