Y no solo paraíso fiscal, sino lavadero de dinero negro, punto de transacciones opacas, centro de redes clientelares relacionadas con el crimen organizado, si es que no lo son ellas mismas, bolsa de la especulación y lugar de caza de fondos buitres. Basta con recordar que sigue siendo el país que dobla la media en la UE de billetes de 500 €, esos que el BCE quiere retirar de la circulación porque son un instrumento para actividades ilegales.
Para lo más ilegal ya tienen los otros paraísos fiscales, Panamá, Delaware, Caimán, etc. Muchos de ellos no lo necesitan porque la legalidad les permite "optimizar sus obligaciones fiscales", cosa que no tiene nada en común con los vulgares fraudes. Las SICAV, como los fondos de inversión, son artistas de tales ingenierías.
Otros no precisan de paraísos allende los mares, ni ingeniería fiscal. Es el caso de la Iglesia católica, que no defrauda a Hacienda porque no tiene nada que pagar, al estar exenta de todos los impuestos. Además, puede apropiarse bienes públicos sin tasa a precios irrisorios, con lo cual ahorra mucho de los miles de millones que el Estado (o sea, los contribuyentes) le asigna anualmente. Con esos ahorros pueden los curas difundir la palabra del Señor desde medios audiovisuales caracterizados por la dulzura de su mensaje cristiano. Es de esperar que, en algún momento, la Iglesia explique a la ciudadanía por qué da a Dios lo que es del César. Será quizá cuando se recuerde que la revolución francesa se produjo porque la gente estaba harta de pagar impuestos mientras los nobles y los curas no lo hacían. Como aquí.
Cuando se destapan asuntos de corrupción (prácticamente todos los días) se descubren historias inverosímiles, relaciones peligrosas, tipos nauseabundos, complicidades oscuras. Algunos casos son tan perversos que meten miedo, como el de las cloacas de Interior. Otros parecen más de un hampa con ínfulas de señores, como el de Blesa. Y otros conectan directamente la corrupción con el fenómeno de masas más característico de los siglos XX y XXI. Los tres tienen en común esquilmar los dineros públicos de los que debieran rendir cuentas minuciosas. Uno para fabricar pruebas falsas contra los adversarios políticos; otro para ir a cazar hipopótamos; y el otro, para darse la vida padre e hijo.
Las cloacas de Interior son la típica ocurrencia de quien redactó esa infame Ley Mordaza, que sigue sin ser derogada, gracias a la inutilidad de la izquierda (la mitad de ella, muy vociferante) y quien condecora estatuas de la virgen. Es evidente que el hombre no está enteramente en sus cabales y es un sectario y un fanático. O sea, un orate. Una persona así es un peligro público y si, además es el responsable de la seguridad colectiva, el peligro puede materializarse de cualquier modo, por repugnante y delictivo que sea.
La historia de Blesa, que ahora queda judicialmente concluida, ya solo interesará por sus facetas humanas, si las hay. Desde el punto de vista político, su suicidio interpela directamente a Aznar que fue quien lo puso al frente de Caja Madrid y lo mantuvo, al tiempo que obtenía diversos tipos de contrapartidas. Todo como prueba de su fabulosa capacidad para dar con los más ladrones e inútiles en los puestos de mando: Rato, Blesa, Rajoy.
El caso de Villar no me inspira nada, pues ignoro todo del fútbol. Supongo que el presidente de los sobresueldos, fervoroso hincha, hará las correspondientes y profundas reflexiones sobre este nuevo caso aislado que le toca de lleno en su más cara afición y deja muy claro el desprecio de estos sinvergüenzas por los intereses del común.
En esta situación es un verdadero sarcasmo que el Tribunal de Cuentas inicie un procedimiento para ir contra el patrimonio de tres dirigentes independentistas de la Generalitat. Ese tribunal tiene entre sus miembros a una ex-ministra de Aznar, un hermano del mismo Aznar y un cuñado o cuñada de algún otro mando del PP. Una desvergüenza alucinante. Un tribunal que, como el Constitucional o la Audiencia Nacional, son nidos de corruptos y vendidos al poder. Eso explica que en lugar de abrir diligencias para que la sarta de ladrones del PP devuelva los cientos y miles de millones que ha defraudado, malversado o desviado, se apreste a avalar una injusticia clamorosa que puede provocar un conflicto mayor en Cataluña.
