Mi artículo de hoy en elMón.cat. Versa sobre las medidas que viene tomando la Generalitat, y la vicepresidenta del gobierno considera provocaciones, dentro de una estrategia de "tensionar" la situación para mantener a la gente movilizada ya que el entusiasmo, según ella, decae. En realidad, lo que decae a ojos vista es la confianza que inspira el gobierno en todos sus actos, especialmente en los relativos a Cataluña, que son "no actos" o "actos de habla" arrogante e ignara, como ese de calificar de rollo el referéndum.
Cuando un gobierno democrático solo puede usar la fuerza para resolver un problema planteado por el 80 por ciento de la población de un territorio algo no funciona. Y esa disfunción no va a ser fácilmente ignorada por Europa.
Aquí la versión castellana.
Provocaciones
La vicepresidenta de España y virreina de Cataluña ha comparecido en los Desayunos de TVE, convertida en némesis del independentismo catalán. El acto de apoyo a la convocatoria del referéndum le parece una “provocación”. Opina que el apoyo al referéndum y la independencia está descendiendo. En qué se basa es un misterio.
Al descender el apoyo social, sigue Sáenz de Santamaría, la Generalitat necesita tensionar la situación para mantener movilizadas a las bases. Y la verdad es que se movilizan bastante, a diferencia de las de la propia vicepresidenta, que apenas reúnen dos docenas de fieles agitando banderas bicolores por las calles vacías.
Pero la vicepresidenta es tajante y disipa toda duda: haga lo que haga la Generalitat, el referéndum no va a celebrarse. Y ¿cómo va a impedirlo el gobierno? Igualmente tajante en la respuesta, aunque esta plantea un problema de lógica que frisa en lo ridículo: ¿que qué se hará para impedir el referéndum? No caer en la trampa de la provocación, no dejarse arrastrar por ella, ni siquiera con la convocatoria de la consulta. Es decir, no piensa hacer nada. Es difícil impedir un referéndum no haciendo nada.
Y no sabiendo ni queriendo saber nada. Pide Sáenz de Santamaría a Puigdemont que acuda al Parlamento con su plan, lo someta a votación y se vuelva a su tierra con una mochila cargada de “noes”. Puigdemont rechaza presentar nada a votación. Quiere ir a explicar su política. Santamaría responde que el Congreso no es sitio para conferencias. Pues no vendría mal a sus señorías una información de primera mano, un briefing sobre algo acerca de lo que tienen que pronunciarse y normalmente no saben nada.
Aunque es una línea de no-acción, muy del gusto de Rajoy, que parece influido por cierto fatalismo hindú, es dudoso que pueda mantenerse a la larga frente a una Generalitat que lleva la iniciativa política hace ya tiempo, tiene una hoja de ruta claramente marcada y se considera legitimada por un mandato de la mayoría absoluta del Parlamento.
Está claro que la estrategia de la inacción se romperá favor de la acción represiva tan pronto la Generalitat o el Parlamento adopten una decisión que dé pie a ello. La proclamación de la fecha y la pregunta en el Pacto Nacional por el Referéndum, puede ser el comienzo. La Fiscalía ya habla de denunciarlas. El decreto de convocatoria o la decisión del Parlamento serán actos recurribles ante las instancias pertinentes y probablemente con vistas a iniciar procesos de inhabilitación.
Entre tanto, en el día a día de los preparativos del referéndum todos los actos de las administraciones públicas catalanas serán escudriñados al detalle en busca de algún posible ilícito dentro de la profusión de prohibiciones de consultas de ningún tipo en Cataluña y que permita paralizarlo. La administración central y la Fiscalía están dispuestas a obstaculizar cuanto puedan el referéndum.
Pero lo decisivo serán las medidas represivas que se tomen respecto a las autoridades gubernativas y parlamentarias de la Generalitat. Al respecto, el presidente de esta anuncia que no aceptará más inhabilitación que la del Parlamento, lo que deja fuera de juego el ordenamiento constitucional en el caso de su persona y, es de suponer, en el de Cataluña entera. Probablemente, esta negativa abrirá un intenso debate.
Pero tampoco será preciso llegar hasta él. A fines de mes o primeros de julio se presentará el proyecto de Ley de Transitoriedad que, a no dudarlo, el gobierno español recurrirá ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que lamenta por enésima vez que se suprimiera aquel bendito “control previo” que permitía bloquear leyes antes de su entrada en vigor. Y de recurso en recurso, el Estado acabará consiguiendo que el Parlamento catalán proclame una Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Obviamente, el Estado no podrá entonces inhabilitar al presidente del gobierno de otro Estado.
La estrategia del gobierno es la confrontación al límite, dispuesto a utilizar todos los medios, incluida la fuerza. De esta dispone de una amplia gama pero, por modesta que sea la que emplee en Cataluña, siempre será superior a la de la Generalitat que solo cuenta con unos contingentes de policía y un apoyo social generalizado. Su fuerza radicará en el nivel simbólico de la resistencia.
De este modo quedará claro que, para hacer frente a lo que se considera el abuso de poder del Estado se necesita otro Estado. Ese casi 80 por ciento de catalanes partidarios de un referéndum ya saben que solo lo conseguirán siendo un Estado. La represión viene a dar la razón al independentismo. Suele pasar que el represor legitima al reprimido y lo ayuda a triunfar. Que este lo consiga finalmente depende ante todo de él. De su voluntad.
