Toma diálogo

Hace una semana la ratita hacendosa fue a la parte de los infieles con la buena nueva de que el gobierno ha descubierto las ventajas del diálogo. Dos o tres días después la presidenta del Parlamento de Cataluña comparecía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a declarar en un procedimiento que se le sigue por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional. Algunas buenas conciencias dicen que no hay contradicción entre los dos hechos, la declaración en el procedimiento y la conversión del gobierno al diálogo porque esta es posterior al encausamiento. Aunque sea promovido por él mismo, el gobierno no puede interferir en un procedimiento. La Justicia, ya se sabe, es independiente. Pero, dentro del respeto la independencia de la Justicia nadie puede negar la firme voluntad de dialogar del gobierno siempre que no sea sobre el referéndum porque, si se habla del referéndum, enmudece.

No hace falta medir la veracidad o mendacidad del gobierno en materia de diálogo. En el día de ayer -o sea, más de una semana después de que Sáenz de Santamaría se hiciera cargo de la operación diálogo con un discurso que puso a Aznar a dar bufidos patrióticos- la abogacía del Estado ha recurrido de nuevo al Tribunal Constitucional para ampliar la causa por desobediencia de Forcadell a cuatro miembros más de la mesa de la presidencia del Parlament por el mismo presunto delito. Hasta aquí llega la voluntad de diálogo del gobierno del PP; hasta nada. Porque si el procesamiento de Forcadell se decidió con anterioridad a la conversión al diálogo del gobierno, la nueva iniciativa de la abogacía del Estado es posterior. El Estado ofrece dialogar a aquellos a los que aspira a procesar, inhabilitar y, si es posible, encarcelar. O sea, de dialogar, nada. Seguir imponiendo. De hecho la vicepresidenta fue a Barcelona a poner sus reales -o virreales- y a entrevistarse con los suyos, C's, y los semisuyos, PSC, ignorando a la feroz tribu independentista. Poco crédito inspira esa oferta de diálogo. Vamos, que puede ignorarse sin más porque es una mentira.

Desde el punto de vista jurídico, probablemente, la petición de apertura de procedimiento por desobdiencia a otros tres miembros de la mesa del Parlamento esté muy puesta en razón porque viene a enmendar un yerro anterior, cometido por el mismo tribunal. La mesa del Parlamento catalán es un órgano colegiado, por tanto colectivamente responsable de sus actos. En todo caso, podrían salvarse quienes hubieran votado en contra, lo cual dibuja los cuatro responsables de la decisión impugnada. Lo que no tendría sentido sería procesar a la presidenta por un presunto delito del que serían cuatro los responsables. Adentro los otros tres; adentro el Parlament entero si es preciso; adentro todos los independentistas. Hágase la justicia, procésese a los millones que hagan falta en Cataluña. Hay que dialogar..

Jurídicamente así puede ser, pero políticamente la decisión de echar a los abogados del Estado encima de la mesa del Parlament es profundamente estúpida. Cuanto más se persiga a los representantes populares y más víctimas de la persecución judicial haya, más fácil será articular la defensa en contra y más fuerte y visible la adhesión de la gente. Las interferencias judiciales/penales no conseguirán devolver a Cataluña a una condición de Comunidad Autónoma. En cambio mantendrán vivo un espíritu independentista con cada vez mayor causa por la que luchar mientras que el Estado no tiene nada que ofrecer como no sea el inmovilismo.

Sigan ustedes dialogando.