Aquí mi artículo de elMón.cat de hoy, L'estat del govern de l'Estat. Su objetivo es averiguar qué puede traer de nuevo para Cataluña el recién jurado gobierno de la derecha neofranquista, el más reaccionario y nacionalcatólico de toda la transición. En apariencia, mucho. En realidad poco. Lo más significativo es que se ha encomendado a la ratita hacendosa, Sáenz de Santamaría, la tarea de coser España. Muy femenino. ¿No se propone la Lady Macbeth de Carmona coser el PSOE? Pues la vicepresidenta quiere a su vez coser España. Algunos medios ven en este movimiento un buen augurio de recomposición de relaciones con Cataluña, pues descubren en la segunda de Rajoy capacidad, voluntad y seguridad de entendimiento con el independentismo catalán. Lo deducen de sus relaciones personales, su buena sintonía con Junqueras y Tardà y -me imagino- su buena suerte con el tarot. Todo eso es posible. Ignoro qué amistades o enemistades tiene esta señora entre las gentes de Junts pel Sí. Me rijo por la experiencia: como buena e impenitente franquista, Sáenz de Santamaría ha sido el puntal de la política "catalana" del gobierno de Rajoy, consistente en negarse en redondo a toda negociación y en recurrir sistemáticamente a la represión. ¿Voluntad de recomponer con Cataluña? Ninguna. Es posible que esta señora, ejemplo sumo del filisteísmo de la derecha católica, haya visto la luz de la verdad como Saulo camino de Damasco, pero habrá sido hace 24 horas. Hasta ese momento, fue el puntal más catalanófobo del gobierno.
Mientras los hechos no demuestren lo contrario, el nuevo ejecutivo del PP es más hostil y más agresivo contra Cataluña que el anterior y su política será provocar una confrontación con el Principado para tener una excusa y aplicar una política de sojuzgamiento. Parece que la Ratita Hacendosa ya ha dicho que Cataluña es el problema principal del Estado español. No es rápida la moza precisamente. Eso era evidente hace años. Claro que quienes la rodean no dan pruebas de ser más espabilados. Ni el gobierno ni la oposición. Todos han dejado pasar años y años, simulando no estar afectados por el desarrollo del independentismo catalán, intentando sepultarlo bajo el olvido, el infundio y la calumnia. Y, al final, no les queda otro remedio que reconocer las cosas como son.
Aquí la versión castellana del artículo:
El estado del gobierno del Estado
Por fin hubo gobierno. Cambian algunas caras, pero se mantiene sin variación el eje económico, prueba de que se seguirá aplicando la misma política económica de recortes y recetas neoliberales. Se refuerza el poder del Opus Dei con todos los ministros jurando la Biblia, no por la Constitución. Y eso que es la suya. Cesan los ministros más abrasados por la pirotecnia de su incompetencia, el de Exteriores y el del Interior. Los dos que llevan más de cuatro años fustigando el proceso independentista, a veces con medios presuntamente ilegales, y sin conseguir otra cosa que consolidarlo y adelantarlo. Los dos sustitutos se inscriben en la línea de belicosidad anticatalana. El señor Zoido (Interior) ya ha avalado la actitud de su antecesor en relación con sus conversaciones presuntamente ilegales contra sus adversarios políticos. El del abigarrado García Margallo parece dar un perfil de mayor competencia a la hora de cortocircuitar la acción exterior de la Generalitat. Es algo buscado. Por lo menos, para dejar de hacer el ridículo en los foros internacionales, algo garantizada con el ministro anterior.
Cataluña está muy presente en el nacimiento de este gobierno. Sin decirlo, por supuesto, ya que la política oficial sigue siendo negar la existencia de algo más que un problema de orden público. La nueva configuración de la vicepresidencia así lo prueba. Sáenz de Santamaría se desprende del cargo de portavoz y se dedicará primordialmente a Cataluña. Dispone de recursos formales al conservar el ministerio de Administraciones Territoriales y materiales muy potentes, al tener el CNI a sus órdenes.
Hasta ahora, la vicepresidenta ha sido quien ha arbitrado la acción del gobierno ante el independentismo catalán, acción con dos vertientes: negativa cerrada a todo planteamiento de diálogo que suponga aceptación directa o indirecta de un referéndum, y recurso sistemático a la vía represiva ante todo tipo de actos de las instituciones catalanas, desde el Parlamento a los ayuntamientos. Su dedicación a tiempo completo parece indicar un propósito de perseverar en las dos vías. Cuenta para ello con un implícito apoyo parlamentario de la oposición, al menos de Ciudadanos y el PSOE, en una especie de unión sagrada que ya se ve a la hora de propiciar o no el suplicatorio para el procesamiento de diputados independentistas. Si la mayoría de la oposición avala la actitud de cierre a toda negociación, es decir, a toda solución política; si se niega a debatir sobre legitimidad, la cuestión queda reducida al ámbito de la legalidad.
Es decir, represión y acción de los tribunales, pero sin solución visible. A cualquiera le llega que el grado de apoyo social e imbricación en las instituciones que ha conseguido el independentismo no se puede tratar como un problema de orden público bajo pena de enquistarse en un círculo de acción-reacción, de desobediencia y represión hasta que una de las dos partes o quizás las dos, estén al límite de sus posibilidades. El sentido común y la experiencia muestran que una situación de confrontación sostenida en el tiempo con recursos y contrarrecursos permanentes, realmente disminuye y mucho la capacidad de acción de las instancias enfrentadas. Sin embargo, la decisión de confiar la política "catalana" a una sola persona de talante tan autoritario como la vicepresidenta muestra la voluntad de tratar el conflicto con la mentalidad impositiva de siempre. Si hubiera el menor ánimo de buscar una solución negociada habilitaría un órgano ad hoc, como un consejo o una comisión interministerial que pudieran canalizar alguna forma de entendimiento.
El enroque del Estado, sin ninguna iniciativa, en una actitud de negación permanente, no deja otra posibilidad a las autoridades electas con un mandato independentista que seguir adelante de forma unilateral con su hoja de ruta. La legitimidad de esta manera de hacer no deriva sólo de su propia intención sino de que el interlocutor rechaza toda solución que no sea la abierta hostilidad. De aquí sólo puede surgir una situación de desobediencia civil de los cargos públicos electos que abre un evidente panorama de inestabilidad e ingobernabilidad.
Dos riesgos apuntan al horizonte independentista. En primer lugar, el alcance de la desobediencia. Esta corresponde del todo a los cargos públicos electos. No hay que exigírsela a los funcionarios. Se trata de una situación de doble poder, como la que se da en los procesos revolucionarios. Pero esta, a pesar de ser revolucionaria en el fondo, no lo es en la forma en la que debe prevalecer el carácter pacífico y el imperio de la ley. El proceso es cosa de los políticos. Los funcionarios, como el conjunto de la población, deben quedar protegidos. Su participación será voluntaria e individual pero de ninguna manera obligada.
El segundo riesgo es de carácter más político y nace de la propia dinámica catalana. Nace de este nuevo partido de la izquierda soberanista, hecho desde En Común, dirigido, al parecer por el señor Domènech y bajo inspiración general de la señora Colau. Por mucho que sus fundadores envuelvan sus manifestaciones en confusiones de carácter soberanista, será imposible disipar la sospecha de que su razón de ser, en gran medida, es servir de voz a un electorado catalán de izquierda que no es independentista.
Conservar la estabilidad, sin fracturar la gobernación y mantener la ventaja sobre las ofertas unionistas son las tareas del independentismo que el nuevo gobierno del Estado intenta frustrar
