Alguna explicación tiene que tener el hecho de que hasta en un pueblo tan resignado a la idea de que los políticos son todos un puñado de sinvergüenzas y ladrones, la preocupación con la corrupción haya subido de un índice del 20 al 50 en los cuatro años de mandato del PP, según los barómetros del CIS. Es decir, así como el desgobierno del sobresueldos ha resultado ser una máquina de producción de independentistas en Cataluña, también lo es de difusión de la corrupción. De todo tipo de corrupción y en todos los ámbitos.
La más evidente y generalizada se da en el ámbito político, tanto en el legislativo como en los diversos órdenes de gobierno central, autónomico y local. Pero no se limita a eso. También alcanza el ámbito judicial, en el que se dan casos escandalosos y en otros órdenes, como en el religoso. En realidad, el gobierno de Rajoy ha tenido un efecto demoledor sobre todas las instituciones del Estado, las ha deslegitimado y ha dejado el país en un estado calamitoso que no parece tener remedio a corto plazo y ya veremos si a medio. Ha destruido el entramado moral de la sociedad en su conjunto y la ha convertido en una patio de logreros y granujas en el que cada cual va a aprovecharse de la que pueda a costa del bien común. Y el primero de todo, el sobresueldos, que tiene a su padre en La Moncloa siendo atendido clandestinamente en su condición de dependiente con cargo a los fondos públicos
El caso del diputado pepero Martínez Pujalte, uno de esos bravos que solía arremeter vociferante contra la oposición al estilo Hernando, es uno de un abanico de representantes y cargos públicos del PP dedicados no a gobernar sino a enriquecerse cuanto antes. Junto a Martínez Pujalte, el diputado también pepero Gomez de la Serna, que hacía caja aparentemente ilegal también ha causado baja en partido. Como ha tenido que causarla el embajador en la India, el pepero Gustavo de Arístegui por cobrar cantidades a las empresas concesionaras o el embajador en el Reino Unido, el igualmente pepero Federico Trillo, un personaje cómico, estilo bravo de José Zorrilla que tiene la embajada manga por hombro y también cobraba cuando era diputado sumas considerables por "asesoría oral" (es decir, por colocar chismes) a una empresa que luego contrataba con la administración pública en la que el tal Trillo tenía sus influencias.
En realidad, toda la administración pública del régimen general que gestiona el PP es un hervidero de actividades delictivas, malversadoras, corruptas y tráfico de influencias, cuando no de blanqueo de capitales, como parece ser el caso de Valencia durante la alcaldía de ese inenarrable personaje de prodigiosa zafiedad que es Rita Barberá, blindada por su partido en el Senado para que los jueces no puedan echarle mano. Es un ejemplo de lo que el PP llama "colaborar con la justicia". Cuando no es un concejal de urbanismo, es un consejero de obras públicas o cualquier cargo que tenga contactos con contrataciones públicas.
Toda la administración pública del PP está repleta de corrupción. Tanta que cabe parafrasear la célebre obra de Larra con un "Vuelva usted mañana, que lo tendremos todo expoliado". Pero así es. En estos últimos años se han conocido casos que claman al cielo, como en el de cuanto tenga directa o indirectamente que ver con adjudicaciones, contratas, calificaciones, recalificaciones o cualquier trámite en que esta colección de granujas pueda meter la mano. No hay concurso o licitación en los que no medie una mordida o comisión a algún sinvergüenza del PP en un puesto decisivo. Es el caso del ex-consejero Granados de la Comunidad de Madrid que cobraba cifras fabulosas por autorizar colegios, según la señora Aguirre, sin su conocimiento. Ni falta que hacía pues toda la política de la señora Aguirre de liberalización y privatizaciones de la educación, la sanidad y los servicios públicos no es otra cosa que corrupción revestida de ideología.
Lo curioso es que, en este ambiente asfixiante de corrupción total, como rasgo de la gestión, la oposición no se haya hecho notar. Se trata de un fenómeno característico. La oposición socialista no ha sido capaz de obligar al gobierno a rendir cuentas. La corrupción de los EREs de Andalucía, tan institucional como la del PP en donde este gobierna, la ha deslegitimado para cumplir su tarea de vigilancia y control. No puede alzar la voz porque se la acallan señalándole un nivel de corrupción que nada tiene que envidiar al del PP. Habrá que ver si los nuevos partidos enderezan la situación que, como se ve, está alimentada por las mayorías absolutas como las del PP o los gobiernos sempiternos como el PSOE en Andalucía.
En realidad, esta generalización de la corrupción en la sociedad responde a una peculiar relación ejemplar que une a los poderes públicos con la sociedad. Si todos los estamentos sociales ven que puede ser presidente del gobierno una persona que estuvo cobrando sobresueldos de procedencia dudosa durante veinte años y no le pasa nada, un personaje que envía un SMS de apoyo a un presunto delincuente y no dimite sino que, para pasmo general, dice ponerse a la cabeza de la lucha contra la corrupción, de la que habla como si le fuera ajena, la sociedad piensa que aquí puede robarse a mansalva.
Y actúa en consecuencia
Y actúa en consecuencia
