viernes, 17 de julio de 2015

Cuidadito con moverse.

Mostrábase ayer particularmente rotundo Rajoy al advertir con tono admonitorio que "no va a haber independencia de Cataluña". Al recuerdo se venía una cascada de otras negaciones o afirmaciones del mismo pintoresco personaje que resultaron ser a la vuelta de días, todo lo más meses, lo contrario de lo enunciado: "no tocaré las pensiones", "no tocaré la sanidad ni la educación", "no subiré los impuestos", "reduciré el paro", "llamaré a las cosas por su nombre", "no habrá consulta el 9N", etc. De inmediato cundió la alegría en las filas soberanistas: si Rajoy dice que no habrá independencia, quiere decir que está a la vuelta de la esquina.
 
No obstante, había algo sospechoso en la advertencia presidencial, aparte de la natural facundia con que suele despachar los asuntos. Hoy sabemos de dónde la viene esa confianza, aparte del derecho de que se cree revestido a imponer a los demás sus opiniones y criterios. Para el mes de septiembre probablemente esté ya aprobada una nueva Ley de Seguridad Nacional que, conjuntamente con el artículo 155 de la Constitución y la normativa en materia de estados de excepción, le provee, a su juicio, de la panoplia necesaria para frenar cualquier iniciativa secesionista catalana.
 
¿Cómo -dirá el perplejo lector- otra Ley de Seguridad, además de la Ley Mordaza? Sí, exactamente. Una que se encuentra ahora como proyecto (ya informado favorablemente por unanimidad en el Consejo de Estado) en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso. Se negoció en secreto con el PSOE todavía bajo mandato del jefe anterior, Rubalcaba, un hombre tan de derechas como Rajoy y esto explica por qué la oposición del partido socialista es más de boquilla que de realidad puesto que, en lo esencial, tienen acuerdo. Seguridad nacional, monarquía, artículo 135, entendimiento con la iglesia, recio nacionalismo español. ¿Va entendiéndose por qué no se presenta una moción de censura al gobierno más corrupto e incompetente de la historia de España?
 
Quienes crean que a la izquierda del PSOE hay alguien como Podemos, capaz de cuestionar eso que la citada ley llama cultura de la seguridad nacional, pueden ir bajando del guindo. A los de los círculos les molestará lo sospechoso de la expresión pero, en el fondo, su idea de Patria, pueblo y demás, se acomodará muy bien al amparo de la seguridad nacional.
 
Como cabía suponer, siendo esto España, la idea de promulgar una ley de este jaez no es original, sino un mero calco, un plagio de la llamada doctrina Bush de 2002, articulada en su famoso cuanto infumable documento de ese año, la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Cierto, la doctrina es muy anterior, arranca de la guerra fría y pasa a ser ley con Truman en 1947. Pero es Bush quien la convierte en una pieza esencial de la hegemonía expansionista de los Estados Unidos. A su tenor, la seguridad del país requiere ampliar la consideración de amenaza y enemigo no solamente a los estados hostiles, sino a otros fenómenos menos definidos como el terrorismo internacional, la delincuencia organizada, la inmigración ilegal, las cuestiones medioambientales, el espionaje económico, etc. De aquí se siguen cuatro principios de política exterior yanqui altamente cuestionables: 1) acción exterior unilateral; 2) lucha contra los países que alberguen terroristas; 3) licitud de la guerra preventiva; 4) diseminación de los principios democráticos. Aunque Obama ha suavizado ligeramente alguna de esta barbaridades, sus desastrosos resultados son obvios.
 
Los españoles han plagiado miserablemente el modelo, incluidos los nombres de Estrategia de Seguridad Nacional y otros aspectos. Lo que no han podido plagiar son los objetivos porque dada la nula importancia internacional de España, propósitos como la acción exterior unilateral o la guerra preventiva suenan sencillamente ridículos. Pero eso no importa a los estrategas españoles, los Rajoys, Rubalcabas o Sáncheces. No tratan de copiar la norma yanqui en cuanto a sus efectos exteriores, sino en cuanto a los interiores. Como es sabido, en el marco de la doctrina Bush de seguridad se han producido abundantes casos de abusos de derechos humanos, se ha creado Guantánamo, se han dado los siniestros vuelos de la CIA, el espionaje interior se ha convertido en actividad estatal ordinaria y se han producido y justificado prácticas de tortura de todo tipo.
 
Ciertamente, tanto en la norma yanqui como en la española, sobre todo en la española, se utiliza terminología deliberadamente imprecisa en cuanto a qué se entiende por "seguridad nacional", cuál sea su contenido, qué criterios se siguen para recurrir a la medidas para contrarrestar las "amenazas", qué rasgos deben revestir estas. Todo eso es fuente de atentados contra los derechos fundamentales de los ciudadanos como individuos, como colectividades, como naciones. La responsabilidad de activar los mecanismos que la ley llama "gestión de crisis" recae sobre el presidente del gobierno, por lo que este dispone de una potestad discrecional que puede hacer valer donde le parezca. Por ejemplo, en los conflictos constitucionales como el catalán.
 
Así lo ha entendido el grupo de ERC en el Congreso que ha presentado una enmienda bajo la firma de Joan Tardá en el sentido de que "en ningún caso lo establecido en la presente ley, y en particular la declaración de interés para la Seguridad Nacional, podrá ser adoptado como respuesta a las decisiones tomadas por los parlamentos autonómicos". Una enmienda que trata de curarse en salud y de garantizar que el conflicto entre el nacionalismo español y el catalán se mantenga en el terreno político y no en el represivo. Por supuesto, su destino será el cesto de los papeles. Es obvio que el gobierno central tratará de aplicar esta y otras normas a las decisiones del Parlamento catalán. Y lo hará con el apoyo de los demás partidos españoles. Y con las consecuencias que para los derechos y libertades de la gente tiene la norma de seguridad nacional.

Ese es el fondo que explica la contundencia y la seguridad de Rajoy en sus admoniciones. Claro que el mismo Rajoy aseguraba en 2014 que no se celebraría la consulta del 9N y la consulta se celebró; y 120 años antes su antecesor en el cargo, Cánovas del Castillo, aseguraba con el mismo empaque que Cuba "jamás sería independiente de España" y quizá no llegó a ser independiente, pero sí del todo de España.