El derecho a la Justicia.

El gobierno ha encargado a un grupo de expertos un informe acerca de cómo adecuar la legislación española a las insistentes recomendaciones de los organismos internacionales, en especial la ONU, sobre el tratamiento de los derechos humanos en España. Los expertos lo han redactado y entregado pero, al parecer, el gobierno lo ha censurado o secuestrado. Ahora los autores anuncian que lo publican en la editorial valenciana Tirant Lo Blanch, mi editorial. Aplausos entusiastas. Y pitos a un gobierno que tiene miedo a todos los papeles, los de Bárcenas, los de los jueces, los de los expertos y académicos, aunque por razones distintas.

Dicen los expertos que el gobierno está obligado a adaptar el ordenamiento español a los mandatos internacionales en la materia citada, la universalidad de la justicia penal, la imprescriptibilidad del delitos de genocidio y otros aspectos más concretos y también decisivos como la tipificación del delito de secuestro de niños, la aplicación de la pacata ley socialista de la Memoria Histórica, la derogación o inaplicación de la Ley de Amnistía de 1977, algunos de los cuales condujeron a la injusta exclusión del juez Garzón.

En definitiva, dicen al gobierno que está obligado a hacer justicia a las víctimas del franquismo. A hacer lo que mis colegas llaman justicia postransicional (Paloma Aguilar).

Y el gobierno, obviamente, no quiere. Si se le presiona seguirá tratando de evadirse con formalidades, como la Ley de Amnistía. No siendo eso, echará mano de excusas morales, sentimentales, falsas, del tipo de que "no hay que reabrir heridas". En el fondo, esta es la cuestión. Una cuestión de lenguaje sobre la que hay que ponerse de acuerdo. Este gobierno, tan presto a reconocer la condición de víctimas de las del terrorismo, de Melitón Manzanas o Carrero Blanco, ¿reconoce asimismo la de los asesinados y enterrados por decenas de miles en fosas anónimas en toda España?

Hasta la saciedad se ha dicho: España es el segundo país del mundo después de Camboya con más asesinados en las cunetas. ¿Cree el gobierno que son víctimas y debe hacérseles justicia, desenterrarlos, devolvérselos a sus familiares, buscar y castigar o, cuando menos, identificar a los responsables?  ¿Sí o no?

No habrá respuesta. Si acaso, la melopea de que en la guerra ambos bandos cometieron crímenes. ¿Y los de la posguerra? Esos le importan una higa, como demostró recientemente el diputado Hernando, hoy portavoz del grupo parlamentario del PP al decir que algunos solo se acuerdan de su padre cuando hay subvenciones para buscarlo, una monstruosidad agravada por el hecho de que justamente su gobierno ha suprimido las subvenciones. O menos que una higa. Quizá hasta se merecían que los asesinaran, según el alcalde del PP de Baralla.

¿Hacemos las cosas bien por una vez en la vida? Se condena el franquismo, se ilegalizan todas las asociaciones franquistas, sus fundaciones y hermandades, se suprimen todos los reconocimientos honoríficos al dictador, se hace justicia a las víctimas, se desentierra a los muertos, se devuelven a sus familiares, se identifica a los responsables, se busca a los niños secuestrados y se notifica a sus progenitores.

O sea, se reconoce el derecho de la gente a la justicia.

Mientras tal cosa no se haga, llamar "gran nación" a esto es de risa.