A este gobierno de supuestos corruptos, apoyado en un partido al que un juez acusa de ser partícipe a título lucrativo en varios presuntos delitos, es decir, de ser una especie de asociación de malhechores, le queda un año antes de desaparecer por el escotillón de la historia. Siempre que en noviembre de 2015 la mayoría del electorado no cometa de nuevo el error de confiar en alguien que no lo merece bajo ningún concepto.
Pero un año es mucho tiempo para quien ha dado ya sobradas muestras de actuar sin contemplaciones, con rapidez y contundencia, siempre en la peor de los direcciones posibles. Por eso su propaganda se sintetiza en la fórmula contraria: en la buena dirección. Sin duda, la dirección que lleva de una democracia demediada a una forma de tiranía policial, con parada y fonda en el autoritarismo, la corrupción y el expolio. De todo ello, abundantes pruebas ayer mismo.
Después de apoyar a la presunta corrupta Mato durante tres años y de haberla destituido como ministra solo una vez imputada en una causa penal, el presidente la conserva como diputada y miembro del máximo órgano del partido. En contra de todos los usos democráticos posibles. Porque sí. Por narices. Como por narices tampoco dimite él, presidente del partido igualmente acusado por el juez. Y no da explicaciones, ni rinde cuentas, ya sea a los medios o al parlamento. Nada. No le da la gana de explicar por qué parece tan inclinado siempre a amparar y proteger la corrupción, si no a beneficiarse de ella.
¿O no amparaba a Fabra, hoy recluso como delincuente en la cárcel de Alcalá, al llamarlo "ciudadano ejemplar"? Sin olvidar que parecidos ditirambos ha dedicado a Matas y Camps. La tolerancia o quizá complicidad de este gobierno y su presidente con la corrupción es fabulosa y patente. Se mide en indultos a delincuentes, engaños y mixtificaciones, maniobras para controlar los órganos judiciales y entorpecer su actuación, destrucción de pruebas, manipulación de datos y estadísticas, control y censura de los medios de comunicación, convertidos en órganos de propaganda pagada con el dinero de todos.
El del dinero de todos, los fondos públicos, es un concepto que ha desaparecido del debate colectivo. El gobierno expolia el erario público a su antojo, según sus criterios políticos e ideológicos, sin dar cuenta a nadie y como si se rascara él el bolsillo; como si los rescates de la banca, de las grandes empresas, las autovías, los servicios privatizados y ya ruinosos, los lucros cesantes de las amnistías y los paraísos fiscales salieran de los ahorros personales de los gobernantes y no de los recortes en la sanidad, en la educación, en todos los servicios sociales, en las prestaciones y subsidios de las gentes. Dentro de la concepción patrimonialista de la derecha lo que hay que hacer con el erario público es esquilmarlo en provecho propio, legal o ilegalmente. Ayer se propinó un nuevo hachazo a las pensiones de cuyo fondo de reserva volaron otros 8.000 millones de euros. Desde que esta organización de presuntos malhechores llegó al poder se ha volatilizado el 36% de dicho fondo. "Si hay algo que no tocaré", dijo un trascendental Rajoy en la oposición, "serán las pensiones".
Falto de talante democrático, de responsabilidad, de honradez, de autoridad y prestigio, falto de todo menos de mendacidad y cinismo este gobierno sabe que está sentado sobre una olla a presión de descontento popular. En España y en Cataluña, en donde se da un motivo de indignada insubordinación añadido y frente al cual el presidente ha mostrado la misma incompetencia que frente a los problemas de la crisis y la corrupción. O más, si cabe.
El gobierno se niega a informarse de las razones de tan generalizado descontento y se limita a decir por boca de su presidente que "conoce los problemas de Cataluña y de la gente, la inmensa mayoría, que lo pasa mal en la crisis". Pero de ese conocer no se deriva actuar alguno para resolverlos sino, al contrario, para agravarlos y enconarlos. Es más, no los considera verdaderos problemas de fondo, sino meras cuestiones de orden público y, fiel a su espíritu autoritario y su miedo a la información, la transparencia y el conocimiento de sus posibles fechorías, recurre a la represión.
El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana es una involución hacia formas de Estado policial perfectamente definidas en el término popular de Ley mordaza, un conjunto de disposiciones para criminalizar todo tipo de protesta e impedir el ejercicio pacífico de las libertades de reunión, manifestación, información, expresión, etc. Es imposible llamar a esto democracia y, dada la impunidad prevista para la policía, que sustituye a los jueces en multitud de ocasiones, quizá también lo sea considerarlo Estado de derecho. Tiene más de tiranía
En esa misma línea ayer se supo que el ministerio del Interior cuenta con una unidad "de élite" de la policía, no controlada por el poder judicial y, por tanto, bajo dependencia directa del ministro o su segundo, dos aficionados a los métodos expeditivos a extremos enfermizos. Su función es husmear en la vida de los políticos independentistas catalanes a la busca de material para hundirlos mediante la guerra sucia. Policía política, en definitiva, y en la línea de la Brigada Político-Social del franquismo.
El descubrimiento provocó escándalo. Con razón, claro es. Vuelven los tiempos en los que llaman a la puerta de tu casa a las tres de la mañana y no es el lechero. Sin embargo, tampoco es tan nuevo. De eso es de lo que también se ha acusado, ignoro con qué fundamento, a la policía en Madrid, un lugar en el que se ha generalizado una práctica despótica, monstruosa: la represión preventiva. No se olvide, además, que cuando el poder político emplea la policía de todos a su servicio de partido, esta no solamente busca sin permiso pruebas incriminatorias sino que llega a fabricarlas.
Es un año lo que queda de este gobierno deslegitimado y bloqueado. Pero en un año puede hacer cosas peores.
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).
