Sumamente descontenta la oposición, especialmente la de izquierda, con la pintoresca comparecencia de Rajoy, vuelve al ataque. El PSOE mantiene la posibilidad de la moción de censura. Pues le ha llegado el momento de materializarla. Tiene que presentarla y forzar otro debate en sede parlamentaria en el que vuelva a tratarse este asunto de la presunta contabilidad B del PP porque es de extrema gravedad. También se pide una comisión parlamentaria de investigación. Nadie duda de que no prosperará a causa de la negativa de la mayoría absoluta del PP. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ya ha dicho que no ha lugar por estar en marcha una investigación de naturaleza judicial.
La cuestión es el objeto de esa investigación judicial, orientado a los presuntos delitos de Bárcenas. Sin embargo, de los papeles del precito se desprende razonablemente que puede haber otra materia de investigación: la que pudiera darse con una denuncia por asociación ilícita. Que hay indicios razonables que apuntan a este tipo delictivo en el PP lo confirmó, curiosamente, la propia intervención del presidente del gobierno en el debate sobre Bárcenas. Y lo confirmó con toda solemnidad pues lo leyó en un papel, como hace siempre que habla en público. Dijo Rajoy de modo completamente ingenuo, sin darle importancia, como lo más normal del mundo, refiriéndose a la acusación de sobresueldos regulares, reiterados, periódicos en el PP: ¿Se han pagado sueldos? Sí. ¿Se han pagado remuneraciones complementarias por razón del cargo? Sí. ¿Se han pagado anticipos o suplidos a justificar por gastos inherentes al desempeño del cargo? También, como en todas partes. Es de justicia. Se ha pagado por un trabajo, se ha pagado en blanco y se ha incluido el pago en la contabilidad. No me parece se haya reparado en la enorme importancia incriminatoria que tiene esta declaración, reveladora de una mentalidad de quien se cree por encima de la ley.
Es la máxima autoridad del gobierno y del partido la que reconoce en sede parlamentaria unos cobros como prácticas regulares, dando a entender que son lo más normal del mundo y que lo hacen todos. Lo segundo es no solamente falso, sino insultante para los demás partidos españoles, especialmente aquellos en los que los dirigentes, lejos de cobrar sobresueldos, ceden al partido parte de su remuneración. Y también es falso que sea "normal". ¿"Remuneraciones complementarias por razón del cargo" o por "el desempeño del cargo"? Normal, ¿en dónde? ¿En las empresas? Pero un partido político no es una empresa. Queda, además, por averiguar en qué medida son esas retribuciones de tan divertidos nombres (sobresueldos, en definitiva) compatibles con la Ley de Incompatibilidades, que no lo son. Por supuesto, el debate es sobre la naturaleza de los partidos. Pero algo está claro: se financian (en teoría) con fondos públicos. Deben, pues, responder de ellos.
O sea, que ni normal ni en todas partes. Y si es o ha sido delito es cosa que no puede ni debe zanjar el señor Rajoy. Su idea de que los cobros son legales porque se han declarado a Hacienda (aun admitiendo que alguno pueda no haberlo hecho, pues la carne es débil) es sencillamente estrambótica. Hacienda recauda por lo que se declara y los ingresos declarados tienen una presunción de legalidad. Pero no le compete realizar otras averiguaciones salvo casar lo ingresado con lo declarado. Sobre la legalidad o no de los ingresos (los sobresueldos) decidirán los jueces. Como debe ser.
Porque, además, la cuestión presuntamente delictiva en la que el bueno de Rajoy no cayó al hacer tan peligrosa confesión de parte no solo está en la percepción de retribuciones atípicas, por decirlo suavemente, sino en el origen de esas retribuciones. Según los papeles de Bárcenas, los fondos con que se pagaban los sobresueldos o "compensaciones" que todos cobraban tan convencidos de hacer lo que todo hijo de vecino, provenían de donaciones ilegales de empresarios que, a su vez, se manipulaban contablemente para burlar la ley y hacerlas desaparecer, entre otros destinos, en los bolsillos de los dirigentes del PP bajo los nombres de compensaciones. O para el Domund. Y hay más. En algún sitio he leído que existen sospechas de la comisión de delitos de blanqueo de dinero en relación con la compra de la sede del PP en Bilbao.
En fin que hay razones suficientes para proceder en vía judicial con una denuncia por asociación ilícita. Desde el punto de vista político, el asunto de cómo pueda resultar que un partido político sea, en realidad, una asociación ílícita, lo trató ayer Palinuro en su su entrada Ahora ya está todo claro. Desde el punto de vista jurídico, doctores tiene el Derecho que lo argumentarán y refutarán por los matices del concepto de "asociación". Pero, se vea como se quiera, la verdad es que una asociación presuntamente dedicada a recaudar fondos ilegales que destina después a actividades también ilegales al financiar las elecciones vulnerando la ley y al reparto de sueldos atípicos, que compensa aquellos mediante una práctica generalizada de actividades administrativas (contratas, concesiones, adjudicaciones) también fraudulentas, todo presuntamente, claro y que, además, realiza estas prácticas de modo sistemático y contumaz durante más de veinte años; una asociación así tiene toda la pinta de ser una asociación ilícita. Aunque su objetivo público fuera traer el cielo a la tierra.
En un Estado de derecho nadie está por encima de la ley. Ni los partidos políticos. Ni sus dirigentes, aunque sean el gobierno.
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).
