El gobierno se ha asustado con los datos de la encuesta de Metroscopia para El País. No es para menos. Un porcentaje altísimo de la población profesa poca o ninguna confianza en Rajoy y, además suspende en bloque a su gobierno al que tiene en muy bajo concepto. Las razones, de todos conocidas: ha mentido desde el principio y sigue haciéndolo, es altanero, incompetente, autoritario, gobierna por decreto, con desprecio del Parlamento, es caciquil, enchufista, no resuelve los problemas, pero azuza otros, como el catalán.
Por ello, ha decidido encargar una campaña de imagen para lavar la cara a los políticos. Entiéndase bien la intención: no para resolver los problemas o cambiar de actitud, sino para convencernos a los ciudadanos de que cambiemos nosotros de juicio. Una campaña de imagen. Y pagada, claro es, no con sus salarios de ministros o presidentes, sino con dinero público, de todos nosotros. Lo cual apunta a otra de las razones del bajo concepto ciudadano: la corrupción.
Porque el problema no es solo el gobierno sino el conjunto de los políticos y de las instituciones que aparecen literalmente encenagados en los más condenables casos de corrupción. Siempre según Metroscopia, el 95% de la población cree que la corrupción es muy alta y que los políticos y las autoridades son cómplices. Y eso ya no es cosa de "lavar la cara". No hay detergente en el mundo que pueda lavar la cara de la Gürtel, de Baltar, de Fabra, Urdangarin y la retahíla de mangantes. Pero, sobre todo, lo más espinoso del asunto es que son las políticas del PP (privatizaciones, externalizaciones, desregulaciones, "liberalizaciones", etc) las que dan pábulo a la corrupción, las que la alientan por su juego público-privado, de forma que no es excesivo hablar de "políticas corruptas".
Y tampoco es solamente un asunto de mera corrupción a la usanza de la derecha, de pillar el dinero y correr. Las prácticas de las autoridades son moralmente repugnantes -y en muchos casos delictivas- en otros terrenos. Según se desprende del proceso de la llamada Gestapillo madrileña, el gobierno de Madrid era un un nido de espías en el que unos políticos acechaban a otros con intenciones probablemente aviesas. Y también, claro es, con dinero público. El responsable último de esta trapisonda parece ser Ignacio González, el actual presidente, el hombre de la privatización de la sanidad pública y la venta de las competencias propias al dueño de Eurovegas. No hay campaña capaz de lavar su imagen ni creo que le importe.
Probablemente animado de la mejor intención del mundo y muy preocupado por la prevalencia actual de esta lacra, Rubalcaba propone un pacto de los partidos contra la corrupción. No creo que el socialista esté de acuerdo con el gobierno. Esta idea no debe de ser parte de la campaña de lavar imagen. Es, sin duda, una ocurrencia de Rubalcaba, arrastrado por su pasión por los pactos con quien sea; pactos de Estado, institucionales, de partido; oposición responsable. Pero debiera pensar un poco más antes de lanzarse en mitad de la bronca sin medir cómo están las fuerzas. Resulta de una ingenuidad casi ofensiva proponer un pacto contra la corrupción a los partidos políticos que son, normalmente, agentes, partícipes y/o beneficiarios de esa misma corrupción.
Y hay más, bastante más. Cualquiera que esté informado sabe que, aunque la corrupción afecta a todos los partidos, no a todos por igual. El más corrupto en los niveles bajos y medios de la política es el PP y, en los altos, el único corrupto. Al proponer asépticamente un pacto entre todos los partidos, como el que se pone de acuerdo en la hora para celebrar una carrera, Rubalcaba viene a aceptar que el PSOE y el PP están afectados por igual por la corrupción. Y eso no es cierto. Ni es justo. No hay ni color. Y ya no hablemos de otros partidos más a la izquierda. Alguno de ellos podría decir a Rubalcaba, que hable por sí mismo y por su partido. Claro, ha faltado tiempo al PP para mostrarse literalmente encantado con la propuesta de Rubalcaba, con la cual, probablemente, hará lo mismo que con sus códigos de buenas prácticas, sus deontologías y sus proyectos de ley de transparencia. Por cierto el último de estos parece salir de uno de esos pactos PP-PSOE y, según se dice, dajará fuera de su ámbito transparente la Corona.
Francamente. No nos merecemos este gobierno. Pero tampoco esta oposición.
