La información de 20 Minutos sobre esos más de 300 políticos imputados en causas judiciales por corrupción que se encuentran en todos los niveles de la administración y pertenecen a casi todos los partidos políticos da idea de que la corrupción es un rasgo determinante del sistema político español actual. Más aun si se recuerda que los casos detectados suelen ser solo una fracción de los consumados. En cuanto a los niveles, la administración local ostenta la mayoría de ellos, pero no los más importantes en cuantía. La administración autonómica y la nacional los presentan de cantidades millonarias y mucho escádalo mediático. En cuanto a los partidos, si todos están en el ajo, la mayor parte afecta al PP por razones estructurales, por su concepción paternalista, clientelar, patrimonial y caciquil de la política. El caso Gürtel en su ramificación madrileña y valenciana debería haber provocado una cascada de dimisiones. Pero no fue así.
Eso es lo peculiar con la corrupción en España, un grado de tolerancia muy alto. Poco a poco se abre camino la idea de que la corrupción es en gran medida responsable de la crisis. En los barómetros, por ejemplo el del CIS de octubre de 2012, ocupa ya el cuarto lugar en orden de procupaciones, por detrás del paro, los problemas económicos y los políticos. Sin embargo y en esto coinciden los estudiosos, no pasa factura electoral. Estando imputado y pendiente de comparecencia, Camps acrecentó su mayoría absoluta y en las elecciones del 20N en España la corrupción no contó nada.
Sin embargo está presente a todas horas. En los casos identificados, siempre supuestamente, claro, de Urdangarin, Matas, Fabra, etc y en los no identificados, pero también a la vista, los evasores de capitales, los defraudadores al fisco. Son estos no identificados, en ocasiones, porque el propio gobierno quiere. El ministro de Hacienda dice tener una lista con los nombres de los evasores en cuentas suizas, pero se niega a hacerla pública, lo cual podría equivaler a un encubrimiento de delito.
Hay, en efecto, mucha tolerancia social hacia la corrupción. Viene de antiguo. Ya se sabe: Lazarillo de Tormes, la picaresca, el caciquismo, el clientelismo, el franquismo y sus secuelas actuales. Es opinable si la señora Cospedal, con sus múltiples sueldos públicos, entra en la categoría o no. Desde luego, tratándose de una política que ordena a sus gobernados apretarse el cinturón y les merma sus ingresos, su posición es moralmente insostenible. Y es cuestión de aclarar si también lo es jurídicamente.
La tolerancia debe acabar. Solo así se podrá abordar el problema de esos comportamientos escandalosos en los últimos tiempos por parte de los directivos de las cajas y entidades de crédito. Indemnizaciones, pluses, sueldos, pensiones multimillonarios para el personal que ha llevado a la quiebra al sistema de cajas y, de paso, ha ocasionado la fantástica crisis española que, siendo a la mundial lo que la zarzuela a la ópera, ha dado al traste con el país. Esa actuación tiene toda la pinta de ser delictiva. Hay muchos ya maliciosamente perjudicados, aparte del daño al conjunto de la sociedad, para que los responsables no respondan judicialmente. Un somero repaso a las incidencias de las cajas españolas y las administraciones de las que dependían, augura que se agotaría la panoplia de delitos del código: prevaricación, fraude, malversación, cohecho, etc., etc.
Si lo miramos bien quizá los presuntos ladrones no sean 300 sino 3.000. O más.
Mientras esto siga así y la tolerancia/complicidad social con la corrupción se vea correspondida por la tendencia del gobierno a indultar a delincuentes económicos no veo cómo dejará de ser esta la marca España.
