Casi seguro la huelga general del 14N será un éxito porque las circunstancias generales del país empujan a ello. Son los recortes, los desahucios, las estafas, los suicidios, las huelgas de hambre, la corrupción, los privilegios, las privatizaciones, los expolios, las malversaciones, los embustes, la demagogia, la codicia, el cinismo, el enchufismo, el caciquismo, la arrogancia, la corrupción, la represión, etc los que han cebado esta situación explosiva. Es un gobierno que lleva un año imponiendo medidas de ajuste que producen los efectos contrarios a los supuestamente pretendidos. Un año incumpliendo sistemáticamente su programa electoral y gobernando de espaldas al Parlamento por el que Rajoy prácticamente no se deja ver y en el que actúa como una apisonadora la mayoría absoluta del PP.
Todo eso explica por qué esta huelga parece contar con un apoyo masivo, mucho mayor del que tuvieron las anteriores. Sin duda por esto también han comenzado a batir el cobre en el otro lado de la trinchera, atacando la huelga. Juan Rosell, el jefe de la CEOE, considera que la huelga "política" del 14N es una barbaridad. A Rosell la inquina a la huelga le viene de atrás. Con motivo de la reforma laboral de Rajoy pedia completar la faena regulando el derecho de huelga. Regular, ya se sabe, como modular en la terminología de la gobernadora Cifuentes, esto es, restringiendo el derecho o suprimiéndolo. Y lo que más parece molestar a Rosell es su carácter político. A ese dato se aferra Esperanza Aguirre para sostener en su blog que la huelga general debiera estar prohibida, al hecho de que sea una huelga política. No deja de tener gracia que una política considere que el que algo sea político lo hace ilegal.
Argumenta Aguirre, con lógica aplastante que, al no haberse dado cumplimiento al mandato constitucional de regular por ley el derecho de huelga, sigue en vigor el Decreto-ley de 4 de marzo de 1977 que lo contempla y que en su primer párrafo declara ilegal la huelga cuando se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados. Lo cual está muy bien. Pero olvida Aguirre que la Constitución trae una clásula derogatoria que deja sin efecto toda norma anterior que se oponga a lo que ella (la Constitución, no Aguirre) disponga, por lo cual, ese Decreto-ley no es de aplicación y el derecho de huelga -reconocido en la Constitución- se ejerce en un vacío legal.
El adjetivo política no tiene por qué suponer un falseamiento de una relación laboral. Cabe debatir sobre el alcance del término política aplicado a la huelga. Una visión estrecha califica de tal toda movilización que no tenga una causa inmediata de conflicto laboral concreto. Sin embargo, el carácter de general de la huelga desmiente este punto y ron razón. El gobierno actúa claramente en interés de la patronal y frente a los trabajadores, hasta tal punto que cabe aplicar al Estado la famosa definición marxista de que se trata del comité que gestiona los asuntos de la burguesía. Es el gobierno el que está menoscabando los derechos de los trabajadores, condenándolos al despido gratuito, eliminando la contratación colectiva. Lo hace en beneficio de los empresarios y en contra de los intereses de los trabajadores de forma que, cuando estos van a una huelga general y la hacen en contra del gobierno, están defendiendo clarísimamente sus condiciones laborales, sus intereses profesionales. La huelga será política pero no ilegal. Lo que es ilegal, es decir, anticonstitucional, es el Decreto-ley de 1977 que Aguirre quiere que se aplique con el fin de seguir acorralando a los trabajadores y, en el fondo, al conjunto de los asalariados.
(La imagen es una foto de Esperanza Aguirre, bajo licencia Creative Commons).
