Y lo extraño es que no haya algo más. Las condiciones de vida de la gente llevan cinco años deteriorándose: reducciones de salarios, millones en el paro, aumento de los impuestos, tasas y todo tipo de gabelas, reducción de prestaciones, subvenciones y, en general todos los servicios públicos, merma de las pensiones. La justificación es la necesidad de luchar contra la crisis, una crisis que han desencadenado las entidades financieras y que tienen que pagar los que la sufren.
Uno de los efectos más visibles y más nocivos de esta situación es el hecho de que los bancos en práctica quiebra hayan de ser rescatados con dinero público en cantidades astronómicas sin que el Estado puede ejercer algún tipo de control sobre esas aportaciones que, en muchos casos, se han estado empleando en actividades especulativas. Ni siquiera puede (o quiere) el Estado evitar que los bancos sigan ejecutando hipotecas a decenas de miles sobre la población que aporta los fondos para los rescates.
Junto a esta realidad cotidiana llamada de austeridad en la que se cierran hospitales, urgencias, escuelas, programas, servicios de todo tipo, las gentes han de contemplar una casta de delincuentes y presuntos delincuentes, todos relacionados con las administraciones públicas dedicada al saqueo del erario público. La muestra más patente, la Comunidad Valenciana donde, durante años de construcciones suntuarias y despilfarro, se robó a mansalva en prácticamente todos los capítulos y ahora la Comunidad está en la ruina, sin farmacias y con todos los servicios públicos deteriorados mientras la clase política local presume del mayor número relativo de imputados por corrupción en el Reino.
Igualmente forma parte del paisaje otra casta de políticos de todos los niveles, instalados en unos privilegios escandalosos que no debieran tolerarse. Que el presidente del gobierno, la de la Comunidad de Castilla La Mancha y tutti quanti cobren dos sueldos en las circunstancias actuales es una inmoralidad. Que muchos diputados con residencia en Madrid cobren dietas también es una inmoralidad y como estas las hay a puñados.
Los españoles ven ahora también cómo la misma Merkel que ordena a Rajoy imponer medidas de ajuste es la que está levantándolas en Alemania porque es año electoral y quiere ganar. Se sigue de ello que en todas partes sucede lo mismo: es mentira que las políticas de ajuste vengan obligadas por la crisis; en realidad dependen de las oportunidades electorales. Por eso, Rajoy, que ganó las elecciones prometiendo lo contrario de lo que ha hecho, sabe que tiene tres años más hasta las siguientes elecciones y por eso impone el programa máximo en los dos primeros, con la esperanza que los dos últimos le permitan ir suavizando la situación para ganar también las elecciones de 2015.
Las explicaciones que se dan para justificar los recortes son falsas. Se trata de desmantelar el Estado del bienestar para hacer más ricos a los ricos (que ya reciben trato de favor descarado del gobierno) y más pobres a los pobres. Son medidas de carácter ideológico, reaccionarias, involucionistas que no solamente tratan de poner a los trabajadores literalmente a merced de los empresarios sino también recortar sus derechos en otros campos, singularmente las libertades políticas de reunión, manifestación, expresión etc. Y, por supuesto, restringir o incluso abolir si fuera posible, el aborto.
Los primeros en saber que las explicaciones de los recortes son falsas son quienes las fabulan. Por eso, el gobierno no pierde mucho tiempo en discutir y, sabedor de que su acción es injusta y provoca resistencia popular, ha decidido aumentar en un 1.780% el material antidisturbios. En un país en el que se recorta todo, desde el I + D a la dependencia, la partida que sube más escandalosamente es la del material para reprimir las protestas ciudadanas.
Eso da la medida de todo. También de la desafección.
