Ignoro si el portadista de El País ha calibrado la carga simbólica que lleva relacionar dos noticias tan distintas haciéndolas así en cierto modo similares. Dos momentos de reparación de una injusticia. La de la opositora birmana Aung Sang Suu Kyi es patente. La de Sortu hace referencia a la injusticia de que unos ciudadanos vieran restringido su derecho de asociación política por razones ideológicas.
Sin duda el Tribunal Constitucional ha hecho justicia revocando la decisión del Supremo y ha reafirmado el Estado de derecho y la democracia reconociendo los suyos a gentes de ideologías políticas contrarias al orden constituido siempre que no recurran a la violencia y además la condenen expresamente.
En España cabe defender todas las opciones políticas pacíficamente. Se demuestra así la falsedad de la tesis justificativa del terrorismo según la cual este era la respuesta al hecho de que en el país no pudieran defenderse todas las opciones políticas. Vista la falsedad del supuesto, la organización armada ya podía estar disolviéndose de una vez. Se entiende, claro está, que en España pueden defenderse pacíficamente todas las opciones políticas, pero eso no quiere decir que vayan a triunfar. Eso no lo puede garantizar nadie en democracia.
A la derecha en el gobierno la decisión del Constitucional le ha sentado muy mal y el ministro de Justicia rezonga que discrepa de ella pero, por supuesto, la acata. Se agarra a que también discrepan cinco de los once magistrados y, muy significativo, uno de ellos de pedigree progresista. En efecto, en el progresismo patrio late un alma afrancesada jacobina que convierte la unidad de la Nación en fuente del Derecho. En cambio los otros seis progresistas son más de la tradición federalizante de la estirpe de los Austrias.
La decisión del Constitucional además de justa es políticamente acertada porque integra en el juego institucional democrático a un sector de la población que, de un modo u otro, estaba al margen. Pero ese acierto político no alcanza todo su efecto porque tropieza con otra situación de hecho que, al margen de su calificación jurídica, es políticamente un desatino; en concreto el mantenimiento en prisión del dirigente natural de ese partido recién legalizado, Arnaldo Otegi. Tener en la cárcel a un hombre que cuenta con un partido en la sociedad es crear una situación sentimental en favor de ese partido que solo podría desactivarse dejando en libertad al líder. Claro que en ese caso quizá se produzca una oleada sentimental hacia su persona que lo lleve a la lehendakaritza.
Son las eventualidades de las elecciones democráticas, generalmente muy abiertas. Por eso y porque va a dar igual, vaya la elegancia por delante: el Estado debe encontrar una fórmula por la que, sin demérito de la legalidad, Otegi recupere su libertad y el pleno ejercicio de sus derechos como ciudadano de un país libre uno de los cuales, desde luego, es propugnar la independencia frente a ese país libre.
