A poco de recibir el doctorado honoris causa en Derecho por la Universidad privada Sergio Arboleda en Bogotá, Rajoy lanzó un triste alegato, una especie de lamento para justificar el 10% de repago de los medicamentos de los jubilados. Había dicho que no tocaría las pensiones y ya las ha bajado dos veces con triquiñuelas. Una, al subirlas un 1% pero incrementarles también el IRPF; dos, al hacerles pagar por lo que antes recibían gratis. Por ello, probablemente, decidió el presidente ponerse dramático y emplear ese tono quejumbroso de pedir unos pocos euros, un pequeño esfuerzo ya que "no hay dinero para los servicios públicos". La idea es transmitir consternación, agobio, en una situación dramática para mover al sacrificio a los pensionistas. Pero ni esto hace el PP bien porque, al mismo tiempo, uno de esos consejeros lenguaraces que proliferan en la derecha equiparaba el repago de los jubilados a cuatro cafés. Aparte de mostrar tenerla tomada con el café, esta intervención induce a preguntar qué creen los políticos que están haciendo: pedir sacrificos a los sectores más castigados o recortarles algunas gollerías de una vida de lujo y molicie.
Sin embargo, la amarga afirmación de Rajoy (no hay dinero para los servicios públicos, esos que él no iba a tocar) tiene un significado más profundo. Para entenderlo hay que refrescar la memoria: hace años que los poderes públicos, sobre todo los conservadores pero también los socialdemócratas, vienen reduciendo los ingresos del Estado a base de disminuir los impuestos directos, de conceder exenciones equivalentes a la renuncia al impuesto, como es el caso de las SICAV en España o bien de renunciar sin más a determinados gravámenes como el impuesto de transmisiones o el del patrimonio ambos suprimidos por los socialistas. Al cabo de años de descapitalizar el Estado y de incrementar los gastos bien en defensa bien en proyectos suntuarios (como en el caso de Valencia) el Estado o la Comuidad Autónoma se encuentra sin dinero para los servicios públicos.
Se trata de una política económica neoliberal deliberada y su colofón es clarísimo: si no hay dinero para pagar los servicios públicos, los servicios públicos se suprimen. Si no, se reducen al máximo y se obliga a los ciudadanos a pagar doblemente por lo que quede. Además, hay que privatizarlos porque, en el fondo, gestionados con criterios privados, esos servicios son verdaderos negocios. El beneficio que estos gestores privados de lo público se embolsan es la traducción en dinero de los servicios que los ciudadanos no reciben o los reciben de una calidad ínfima.
Mientras se piden sacrificios y más sacrificios a la gente, nadie toca los privilegios de los políticos y mucho menos la gigantesca mordida que la iglesia da todos los años al erario público. Al contrario, se solicita de los de siempre que se rasquen el bolsillo pues, entre otras cosas, ya están acostumbrados a hacerlo, ya se lo rascan para pagar las subidas en todos los bienes y servicios, la retirada de todas las subvenciones e incentivos y todo con cargo a unos ingresos menguantes.
(La imagen es una foto de La Moncloa, bajo licencia de Public Domain).
