El Rey ha decidido, al parecer, que las infantas Elena y Cristina y el marido de ésta, Iñaki Urdangarín, no pertenezcan a la Casa Real o, mejor dicho, no sean la Casa Real. A primera vista, una medida muy dura, extrema, prácticamente un repudio en toda regla. Mal, realmente mal, deben de estar las cosas para Urdangarín procesalmente hablando para que se decida algo así. La Reina ha ido de emisaria de los días nefastos a explicar a la pareja en Washington la situación, momento que ha captado la revista ¡Hola! que añade una pizca de marujeo al asunto, siempre de prometedoras ventas. Al fin y al cabo se comprueba que los reyes y sus allegados son como todo el mundo, que la familia real es como todas las familias en las que siempre hay gente honrada y algún pillastre que otro. Eso parece hacer populares a los Reyes que son humanos al fin y al cabo.
Está claro: el Rey ve a su yerno en el banquillo y se le abren las carnes pensando en el porvenir de la Monarquía, una institución prendida con alfileres en la camisa que tú bordaste en rojo ayer. Sin embargo es posible que la medida, con todo lo tajante que es en apariencia, llegue tarde. Viene a ser como si la Corona quisiera decir que Urdangarín ha abusado de la buena fe de su suegro y que, tan pronto éste se ha enterado, ha tomado una decisión drástica, a la altura de su condición. Lo malo es que hay por medio una fulminante marcha al extranjero de la pareja hace tres años que ahora es obligado interpretar a la luz de los hechos posteriormente revelados. Y el Rey tendrá que explicar qué motivo aceptó por bueno que justificara aquella repentina expatriación que semejaba una huida y si eso no es colaboración o encubrimiento del delito. Y aquí entramos en un terreno metafísico, el de la responsabilidad del Rey al que, a lo mejor, vistas las cosas, se le ocurre abdicar en su hijo.
Porque Urdangarín puede haber hecho algo más que abusar del buenazo de su suegro. Ha montado presuntamente una verdadera empresa de estafas millonarias con la supuesta ayuda de dos ex presidentes autonómicos hoy imputados en otros procedimientos, Camps y Matas, dos personajes, desde luego, de cine de Costa-Gavras. De ser cierto, eso es más que un abuso de la buena fe; es montar un racket, una banda de delincuentes. No es de extrañar, pues, que la medida haya sido tajante: fuera de casa, a la intemperie, a la noche y la niebla, presa de los jueces y del ¡Hola!
Pero la medida es muy rara por otros conceptos. En primer lugar ¿qué quiere decir que no formen parte de la Casa Real? Solamente que no se les encomendarán funciones representativas ni tendrán acceso a los fondos nutricios del presupuesto. Pero seguirán siendo miembros de la Casa Real desde el momento en que no existe una definición de qué sea la tal Casa. No hay una Ley de la Casa Real. Aparece mencionada en la Constitución, pero no definida. Por tanto, lo más sensato es entender que la Casa Real es la familia real, que es de la que habla la legislación vigente. Y esta es la que es y lo del repudio y privación de derechos es más complicado de lo que parece.
Cabe pensar que, a falta de una ley que le permita hacer lo que le dé la gana, el Rey ha decidido acudir a la jurisprudencia romana más arcaica, la anterior a la compilación de Justiniano, y reverdecer la Patria Potestas, que daba al padre poder absoluto sobre los hijos y absolutísimo sobre las hijas. De este modo las excluye de la familia como podría venderlas en un mercado de esclavas. Además, al apartarlas de la Casa Real, según dice, las priva de sus derechos sucesorios. Así, al recuperar la ley sálica se va más lejos que el derecho romano, se va al de los francos salios, por el que las mujeres no tenían derecho a heredar nada. Menos mal que la Monarquía es una institución moderna.
Hilando más fino hay otra cuestión pendiente. La expulsión alcanza también a la infanta Elena por la muy inconfesable razón de que, de no ser así, significaría un reconocimiento prematuro de la culpabilidad de los duques de Palma. Incluyendo a la susodicha infanta, lo cual es una injusticia porque ella no ha hecho nada y no parece haber estafado a nadie, la cosa se viste de racionalidad administrativa y orgánica, sobre todo en tiempos de ajustes. Para estar a tono con la época, la Casa Real recorta el cien por cien del salario de las dos infantas y, además, las despide, privándolas de sus derechos. Por ser mujeres. Y eso no es de recibo.
En cuanto a Urdangarín, la cosa es más fácil. Se le puede pedir el divorcio de la Infanta Cristina. Al fin y al cabo, y ya puestos a ser modernos, uno de los poderes del Pater Familias era divorciar a los hijos, quisieran estos o no. Hay ¡Hola! para rato. Es preferible la República.
