viernes, 23 de septiembre de 2011

Los maestros censores.

Estábamos los españoles sobrellevando con nuestro tradicional estoicismo la crisis que la codicia y la incompetencia de los genios de las finanzas nos han echado encima cuando nos enteramos de repente de la existencia de otro organismo, otro más, alimentado con fondos públicos y dedicado a hacernos la vida imposible. El Consejo de Administración de la Corporación RTVE es un órgano elegido por las Cortes Generales, compuesto por 12 miembros, cada uno de los cuales cobra unos 120.000 euros al año, excepto su presidente que, al parecer se embolsa 240.000. O sea, sólo él, veinte mileuristas. Añaden asesor, secretaria y coche oficial. Ni que fueran banqueros rescatados ¿verdad?

Y ¿qué hace esta docena de ilustres desconocidos aparte de saltarse alegremente la normativa que rige el organismo en materia de paridad de sexos, descaradamente en favor de los varones? Nada que haya merecido la atención de los medios de comunicación en cuatro años que llevan de mandato. Éste es de seis años. No me extraña; si Palinuro cobrara diez mil euros al mes querría un mandato vitalicio. Bueno, nada no; el miércoles tomó una decisión que sin duda salió a la mayoría del fondo mismo de sus entretelas partidistas: hartos de que los telediarios fueran plurales y dieran noticias positivas o negativas, para unos u otros, los consejeros decidieron atribuirse la competencia para censurarlos previamente. La medida la propusieron, se dice, los consejeros del PP, sin duda molestos de que la RTVE no alcanzara las cotas de objetividad, neutralidad, calidad y, desde luego share de las televisiones de Esperanza Aguirre y Francisco Camps, hoy Alberto Fabra.

Votaron a favor los cuatro consejeros del PP y el de CiU, se abstuvieron los del PSOE, ERC y CCOO y votaron en contra (en todas partes hay gente decente) los de IU y UGT. De inmediato hubo una reacción universal en contra hasta de sus propios partidos y los malaconsejados consejeros, sin duda preocupados por sus emolumentos, decidieron desdecirse bravamente antes de que la noticia hubiera terminado de ser leída por los locutores. Si hay que perder la dignidad, se pierde, pero no los 120.000 euríviris ni los demás chollos y privilegios que convierten unas nulidades en verdaderos potentados a costa del trabajo de un pueblo al que querían birlar la información.

Por no pensar, ardua tarea a la que estos lumbreras no deben de estar acostumbrados ya que la de llenarse los bolsillos no les deja tiempo libre, ni han pensado en cuál podría ser el resultado final de un producto en el que metieran las tijeras todos los partidos. Si cuando la tijera es sólo cosa de un partido salen los engendros sectarios que salen en TeleMadrid y Canal Nou en Valencia, cuando sea cosa de todos no saldrá nada. Los telediarios darán información sobre la vida de los pingüinos australianos o la canonización de Fruela.

Esto de la democracia no hay quien lo aguante. Al fin y al cabo, la censura previa tiene sólidas raíces españolas. En tiempos de Franco estaba en vigor, hasta que llegó el liberal Fraga y la abolió sustituyéndola por la censura a posteriori. Podías publicar lo que quisieras; pero si lo publicado no gustaba a Franco, Fraga, el obispo, el alcalde, el jefe provincial del Movimiento y una retahila de enchufados, te la cargabas. Te ponían una multa que te baldaban, o te cerraban el periódico o te metían en la cárcel. Y todo eso en defensa de la civilización cristiana. ¡Y ahora no se puede ni defender el pluralismo ni la imparcialidad informativa de los medios públicos como corresponde a la democracia que el Glorioso Movimiento Nacional trajo providencialmente a España! Una vergüenza, mi general.

Uno entiende que propongan esta medida los consejeros del PP. Al fin y al cabo, Fraga es el fundador del partido y aportan la experiencia que tienen en la manipulación de los telediarios de sus comunidades, verdaderas máquinas de agit-prop de la derecha. Que vote a favor el consejero de CiU ya es incomprensible. Pero no tanto como que se abstengan el PSOE, ERC y CCOO. La izquierda propiciando con su abstención la censura previa en los medios públicos. Eso no tiene nombre, los representantes de estos grupos no merecen más que desprecio y todos, los votantes a favor y los abstencionistas, deben abandonar ipso facto unos cargos que no debieron ocupar jamás. Los únicos que se han ganado seguir (en el supuesto de que continúe un órgano cuya supresión ahorraría un puñado de millones al erario público) son los consejeros de UGT e IU, así como el agradecimiento de una ciudadanía que no quiere que la traten como menor de edad.