Ayer la red hispánica echaba bombas y hoy ya no quiero ni pensarlo. Quien fuera ayer a algunas de las páginas de visualizar o descargar más populares se encontraba el letrero de la izquierda escrito con contundente retórica política de movilización. Lo sé porque lo leí, así como otras interesantes informaciones, en el blog Trending Topics que, a pesar del título, está en español pues habita en El País. Es más, su subtitulo es lo más caliente en la red.
Y caliente está la red. Hubo ataques a las páginas de la SGAE, del Congreso de los Diputados, del PSOE, del PP, del PNV. La llamada "Ley Sinde" no gusta nada a los internautas, que se han movilizado en su peculiar estilo guerrillero en una batalla más de la ciberguerra que empezó con el asunto WikiLeaks. En realidad no es una ley, sino la disposición final segunda de otra ley (la llamada de Economía Sostenible) y que lleva el prolijo título de Modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, para la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico. En realidad: norma contra las descargas. Obviamente es más fácil Ley Sinde
Por dónde se ha llegado a algo tan rocambolesco como regular una actividad social de gran impacto económico a través de una disposición final en otra ley que no tiene nada que ver se explica al parecer por las presiones de la embajada de los Estados Unidos que actúa en defensa de las grandes industrias yankies. Era algo que se suponía pero que con los cables de WikiLeaks ha quedado perfectamente demostrado, para que luego digan los enterados de siempre que Assange es un agente de la CIA. Por cierto, en esas maniobras entre bambalinas del procónsul gringo con los políticos españoles, haciendo un lobby descarado (chantajes y amenazas incluidos), los gobernantes quedan mal pero la oposición no queda mejor. El embajador Solomon dice que Rajoy le explicó que, aunque su opinión era favorable a la "Ley Sinde", por razones electorales tenía que manifestarse en contra. Lo sabíamos pero ilustra leerlo.
Los internautas se quejan de que la Ley Sinde permite el cierre de páginas web por decisión administrativa ya que los jueces no tienen claro si las descargas P2P son o no delito y, de momento, parecen inclinarse por el "no". En contra de lo que se dice, la Ley no se ha hecho para saltarse este requisito ya que exige expresamente decisión judicial. La disp. final segunda, siete, 1 dice: La ejecución de las medidas para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, requerirá de autorización judicial previa de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes. Es posible que esto no parezca suficiente a los internautas o no crean en ello. En todo caso, doctores tiene la Iglesia y, si la ley se aprueba, siempre se podrá recurrir por inconstitucional o, imagino, cuando se le aplique a alguien en concreto, por la via del recurso de amparo.
Pero también es posible que la ley no se apruebe. El ciberespacio anda muy revuelto con el caso WikiLeaks y muy aguerrido. Los apoyos y alianzas del Gobierno empiezan a flaquear. Todo el mundo teme al ciberlobo y en CiU, como en el PNV hay poco ánimo de enfrentarse al sector más dinámico de la sociedad: los internautas con sus ciberguerras, dirigidos por su hackers.
Esta batalla debe librarse en la red porque ha surgido de la red. Los derechos de autor han sido de siempre objeto de ataque de falsificadores y plagiarios. El caso más extremo que conozco de falsificación es el Quijote de Avellaneda por el cual éste pretendió arrebatar a Cervantes no sólo los derechos de autor sino su misma condición de autor. La red introduce un elemento de masificación y simplificación inimaginable: música, cine, vídeos, libros, todo se puede hoy bajar y apropiar sin coste. Hasta el extremo de que los ataques a la propiedad intelectual se designan como piratería; es más, son industrias lucrativas. Hay partido piratas. Alguno, como el sueco, cuenta con dos eurodiuputados, aunque ningún parlamentario en el interior. Este término de piratería tiene más sentido del que parece si se recuerda que internet puede (y quizá deba) verse bajo un principio análogo a la de libertad de navegación.
Los partidos piratas tienen un programa de abolición de la propiedad intelectual y el derecho de patente. Supongo que eso sería admisible si también se aboliera el resto de los derechos de propiedad. Si no me parece injusto que un músico no sea propietario de su música y un zapatero sí de sus zapatos. Da la impresión de que ésta sea también la opinión de los internautas que no son del partido pirata, esto es, hay que llegar a un acuerdo para respetar los derechos de autor y facilitar, generalizar, democratizar el acceso a los bienes intelectuales, a las creaciones. Eso está en interés de todo, en primerísimo lugar los creadores.
En este terreno el argumento del ciberespacio me parece muy convincente. Lo que la Ley, según ellos, defiende no son los intereses de los artistas ni los de los consumidores sino los de los intermediarios, las discográficas, los cinematográficas, etc. Estos no están dispuestos a variar su modelo de explotación atendiendo a las nuevas posibilidades de difusión, sino que pretenden censurar para mantener sus privilegios, el más irritante de los cuales es el de sus márgenes abusivos que repercuten en precios demasiado altos. La tendencia a la gratuidad propia de la red implica que quien quiera hacer negocio en ella debe reducir sus márgenes o no hará nada. Cuando esto sucede, la idea es negocio. Las empresas que explotan el streaming, como Netflix para vídeos y Spotify para música son exitazos. Netflix se ha cargado el emporio Blockbuster. Pero, claro, son éxitos con unos márgenes menores. No están orientadas a la explotación de los artistas y los creadores.
