Cuando saltó a la luz el supuesto caso de los espionajes políticos en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), la señora Aguirre, su presidenta, tuvo un ataque de hilaridad y anduvo varios días haciendo chistes sobre el asunto con su aristocrática verdulería. Por supuesto, lo negó todo y no facilitó un solo dato o documento que ayudaran en las pesquisas. Como el líder de su partido, señor Rajoy, se preocupara por el asunto y ordenara una investigación interna, la señora Aguirre puso en marcha una burla de comisión parlamentaria de investigación, presidida al principio por un personaje que hubo de dimitir cuando la judicatura le imputó un delito de cohecho, a cambio de que el PP paralizara su investigación interna. Dicha comisión de investigación no tenía la más mínima intención de investigar nada, no recabó pruebas ni pidió testimonios ni permitió a la oposición el acceso a los documentos. Su única misión era decir que no había espionaje en la CAM y que cesara la indagación. Cuando esto ùltimo sucedió, la inenarrable comisión de desinvestigación clausuró su pantomima, celebrada con el dinero de los contribuyentes madrileños.
En este asunto de espionaje tratábase, al parecer, de que unos políticos con mando en la CAM ordenaron que se espiara a otros de su mismo partido, el PP, con el supuesto fin de conseguir información comprometedora sobre ellos para utilizarla luego a fin de chantajearlos en un conflicto interno del partido que, en principio, tendría que ver con las ambiciones de la señora Aguirre de alcanzar la presidencia del partido de la derecha y, tras ella, la del Gobierno del país. Innecesario decir que, de ser cierta esta acusación, daría la medida exacta de la calaña moral de quienes ordenaran el espionaje y los seguimientos específicamente aquel sobre quien recaen las sospechas, el señor Francisco Granados, consejero de Justicia e Interior y, por descontado, su superior jerárquico, la ambiciosa señora Aguirre. La de las muchas risas, chistes y bromas.
Ahora la juez que instruye el caso ha llamado a declarar en calidad de imputados a tres exguardias civiles, contratados a dedo por el señor Granados con unos sueldos envidiables y con carácter eventual, como asesores de su consejería y son los que han realizado los presuntos seguimientos. De verificarse en sede judicial estos hechos lamentables que la presidenta de la CAM ha intentado encubrir por todos los modos posibles, ésta última debería presentar su dimisión ipso facto como persona indigna de ocupar el cargo, cargo al que se encaramó en su día gracias a aun asunto turbio conocido como el tamayazo. Ahora que sabemos algo de la trama Gürtel en los municipios de Madrid podemos comprobar en qué medida era imposible que aquella permitiera en Boadilla un ayuntamiento de mani pulite, capaz de fastidiarle en su actividad de fabuloso enriquecimiento, ese que según los bardos de la derecha genera empleo.
(La imagen es una foto de Anonymous9000, bajo licencia de Creative Commons).
