De un tiempo a esta parte, cada vez que sale el nombre de Madrid en los medios es para echarse a temblar. ¿Qué fue del "No pasarán"? De bastión del antifascismo, la capital del Reino ha pasado a convertirse en albañal de todas las ilegalidades, desmanes y abusos del poder político autonómico ¿Qué no habrá hecho la señora Aguirre en esta ocasión? De momento ya está de nuevo su imperio en los periódicos por el rocambolesco asunto del espionaje a miembros de su partido, el PP, pero que eran adversarios suyos en su empeño por calzarse la presidencia nacional.
La juez investiga a ocho personas, dos funcionarios de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) y seis contratados exteriores para tareas propias de James Bond entre policías nacionales y guardias civiles que, según se ve, hacían horas extraordinarias para la CAM. Es lógico buscar entre profesionales. Y, cuando eso sucede, se encuentra uno con resultados de cine. Como ese por el que uno de los espías informa a su superior de que en el bolsillo del cadáver de un hombre asesinado a las puertas de una discoteca se encontró la tarjeta de visita del aurodiputado Enrique Barón, del PSOE, noticia que encontrará interesante quien ande tratando de montar una campaña contra el señor Barón, a cuenta de las andanzas de sus amigos cadáveres. En este caso, no obstante, parece que el interés del espionaje se orienta a personal distinto, los queridos compañeros del partido. Para que te fíes de alguien en política.
Lo curioso del caso del espionaje es que la señora Aguirre neutralizó una decisión de investigación del PP a base de montar una comisión parlamentaria de investigación en cuya presidencia colocó a un buen hombre que hubo de dimitir por estar involucrado en el frente pecuniario, esto es, la trama Gürtel y a la que apenas dejó actuar pues la cerró manu militari con alevosía y antelación concluyendo que eso de los espías, de lo que se ocupa actualmente el correspondiente juzgado, es una quimera.
Por otro lado, el diario Público denuncia que El PP pagó facturas electorales a Correa a través de una fundación y ya tenemos palenque abierto al que se precipitan a contrarrestar el ataque los mozos más aguerridos de Gobierno de la CAM, don Juan José Güemes, secretario de Comunicación de la CAM y furibundo dialéctico y el señor Francisco Granados que niega con toda contundencia que la Fundación haya destinado un solo euro a financiar las campañas electorales del PP. Sin embargo parece que hay documentos que prueban cómo la Fundación pagó por actos de diversas campañas electorales en la CAM con facturas con el concepto falsificado para que pudieran pasar como propio de la Fundación. Si esto es así, los responsables de dicha Fundación, cuyo patronato está presidido, cómo no, por la ubicua señora Aguirre, se han saltado a la torera toda la legislación en materia de financiación de partidos políticos y de campañas electorales, esto es, tanto la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos de 1987 como la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de 1985. Los ingresos para campañas electorales deben efectuarse en unas cuentas especiales; hay límites a las aportaciones de personas físicas o jurídicas que la tal Fundación se ha saltado y, sobre todo, hay una prohibición expresa de que empresas que estén en relaciones contractuales con una administración pueda presupuestarle obra alguna. De confirmarse los datos resulta ser un caso obvio de financiación ilegal.
(La imagen es una foto de Público, bajo licencia de Creative Commons).
