No es muy alentadora la decisión del señor Obama de no perseguir los presuntos delitos cometidos por las autoridades de su país durante los años siniestros del anterior presidente, Mr. Matorral, un hombre cercano al fascismo y por ello muy amigo del señor Aznar. De acuerdo con la decisión presidencial, dichos crímenes quedarán impunes. Ahora bien, los EEUU son una sociedad democrática y una decisión del ejecutivo rara vez es la última palabra en ninguna democracia. A veces, ni siquiera una decisión del legislativo en forma de ley. Recuérdese cómo la vergonzosa Ley de Punto Final argentina tuvo que ser derogada. Ya veremos si la sociedad estadounidense admite la impunidad de los delincuentes por decisión presidencial o empiezan a presentarse querellas y demandas por la vía privada en los tribunales de justicia. Porque si esto se produce, las decisiones del señor Obama tendrán una importancia relativa. Significan que la administración renuncia a actuar de oficio. Pero la administración no puede prejuzgar lo que harán los particulares y en los EEUU hay suficientes organizaciones de defensa de los derechos humanos para plantear una serie de acciones judiciales en petición de amparo para unas personas a las que se detuvo ilegalmente, es decir a las que se secuestró y probablemente se torturó durante años. Y ya veremos también cómo reaccionan los tribunales ante peticiones de ese tipo. Porque se está hablando aquí de los delitos de secuestro y torturas, perfectamente tipificados en el ordenamiento penal estadounidense.
Previendo la posibilidad de que la acción se inicie desde el exterior, los EEUU no firmaron el estatuto de la Corte Internacional de Justicia y en lo que se refiere a ellos no reconocen la jurisdicción penal universal. Que en lo de esta jurisdicción rige la razón de Estado al más estricto estilo de Westfalia si el Estado se lo puede permitir, si no rige el todavía más tradicional Vae victis!. Pero nada impide que puedan incoarse procedimientos penales en la jurisdicción interna y ya veremos qué pasa en ese momento.
Al respecto la posición de España es, como suele suceder, algo peregrina. El juez Garzón quiere investigar las condiciones de aquella cárcel ilegal de los EEUU. Pero es poco probable que esa investigación surta algún efecto por lo que se ha dicho más arriba. Supongo que eso lo sabe el juez que, de todas formas, confía en el escándalo mediático que puede montarse y en el conflicto simbólico y moral que se plantea a los posibles acusados entre sus convicciones democráticas y su condición de posibles reos de torturas. No obstante y con independencia de esto, el señor Conde Pumpido, Fiscal general del Estado ya ha dicho que se opone a que el juez Garzón investigue nada en Guantánamo argumentando probablemente que no es de su competencia. El señor Conde Pumpido será buen fiscal pero carece de todo tacto porque, como el señor Garzón no llegará lejos en sus pretesiones, podía haberse ahorrado quedar tan mal como está quedando.
Suele acudirse al ejemplo de Pinochet, que también fue una "garzonada" por la que nadie daba un duro jurídico en aquel momento. Pero aquello tenía otra pinta porque la decisón del juez pilló al viejo exdictador fuera de su país, en Londres y, con lo que le gusta a la gente dárselas de estricta y legal a costa de los demás no fue fácil para Pinochet salir del paso. Estuvo a punto de ser extraditado a España. El señor Conde Pumpido cumple la función que cumplió el formidable fiscal señor Fungairiño que se opuso a que alguien investigara al señorPinochet. Y se recordará que el primero en aplaudir al señor Fungairiño fue el señor González, pues si la política hace extraños compañeros de cama, los procesos judiciales pueden ser incestuosos. Por último, hasta el señor Garzón entenderá que el señor Garzón no se salga con la suya, visto el exitazo que ha alcanzado con su intento de acelerar en los tribunales la ley de la Memoria Histórica en España para remediar una injusticia cometida hace setenta años.
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