La empresa adjudicataria de la demolición de la cárcel de Carabanchel ha comenzado ya el derribo, haciendo caso omiso de la petición del juez Garzón, de las movilizaciones de los vecinos de la zona y de una opinión muy extendida en la sociedad de que ese lugar se preserve como centro cívico de la memoria de la represión franquista y no se derruya para construir viviendas (que, de todas formas, nadie podrá comprar) y centros comerciales. Como ex-preso político del franquismo que pasó algún tiempo en esa prisión provincial he contemplado indignado cómo los policías, ayudados por vigilantes jurados que a duras penas retenían a unos amenazadores rotweilers, impedían que la gente pudiera entrar en el recinto carcelario, abandonado hace muchos años. Al poder político, nunca se le acaba de entender: los de antes no nos dejaban salir de Carabanchel y estos no nos dejan entrar. El caso es fastidiar.
(La imagen es una foto de k-naia, bajo licencia de Creative Commons).
